Recova Ripamonti: denuncian graves irregularidades y exigen respuestas a Viotti

Resumen

• Los concejales de La Libertad Avanza reclaman al Ejecutivo municipal documentación y explicaciones sobre presuntas irregularidades en la restauración de los históricos Ex Almacenes Ripamonti.

• Fabricio Dellasanta denunció incumplimientos en los materiales utilizados, diferencias con los planos originales y posibles errores constructivos.

• Una de las principales controversias gira alrededor de la supuesta continuidad de los trabajos pese a una orden de suspensión.

• También se solicitaron precisiones sobre la extracción de materiales que contenían asbesto, una sustancia peligrosa para la salud.

• Mientras el oficialismo sostiene que los inconvenientes fueron solucionados y la obra continúa normalmente, desde la oposición aseguran que las deficiencias todavía no fueron corregidas.

La restauración de los históricos Ex Almacenes Ripamonti, uno de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico de Rafaela, quedó en el centro de una controversia política y técnica que plantea interrogantes sobre la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de las condiciones contractuales y los controles realizados por la Municipalidad.

Los concejales de La Libertad Avanza impulsaron una extensa minuta de comunicación para exigir al Departamento Ejecutivo Municipal que proporcione información detallada y entregue la documentación correspondiente a las intervenciones realizadas en el inmueble. El planteo apunta a determinar si las tareas se ajustaron al proyecto aprobado y si se respetaron las exigencias establecidas para preservar las características originales de la construcción.

La preocupación no es menor. Se trata de una obra destinada a recuperar una parte importante de la historia de Rafaela, por lo que cualquier modificación, incumplimiento o deficiencia constructiva adquiere una relevancia especial. A ello se suma la necesidad de garantizar que los recursos públicos comprometidos sean administrados con transparencia y que las empresas contratadas cumplan estrictamente sus obligaciones.

El pedido de informes presentado por la oposición concentra sus cuestionamientos en tres cuestiones fundamentales: la paralización de los trabajos y las observaciones técnicas formuladas, el procedimiento utilizado para retirar componentes con asbesto y la existencia de presuntas fallas en la ejecución de la restauración.

Uno de los puntos más controvertidos está relacionado con una comunicación enviada el pasado 23 de septiembre por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a C.O.S.P.A.V.C. Rafaela Ltda., mediante la cual se habría dispuesto la interrupción inmediata de determinadas tareas.

Los ediles pretenden conocer cuáles fueron las razones técnicas que motivaron esa decisión, qué sectores quedaron comprendidos, desde qué momento debía cumplirse y quiénes tenían la responsabilidad de supervisar que la disposición fuera respetada. También requieren saber si posteriormente se autorizó la reanudación de los trabajos y bajo qué condiciones.

La controversia se profundiza por la existencia de un acta notarial fechada el 28 de septiembre, cinco días después de la comunicación mencionada, en la que se habría registrado la presencia de operarios desarrollando actividades en sectores alcanzados por la suspensión.

Esta circunstancia abrió nuevos interrogantes sobre el cumplimiento de las instrucciones municipales y las eventuales responsabilidades de quienes debían garantizar su aplicación.

Durante el debate, el concejal Fabricio Dellasanta fue particularmente crítico con el desarrollo de la obra y aseguró que se habían identificado numerosas irregularidades. Según explicó, la Comisión de Patrimonio, de la cual forma parte, advirtió situaciones que comprometerían el respeto de las condiciones técnicas establecidas para la restauración.

Dellasanta sostuvo que se utilizaron materiales distintos de los previstos, que determinados trabajos no respetaron los planos aprobados y que existen deficiencias constructivas que todavía no habrían sido solucionadas.

El edil también cuestionó que, pese a la intervención municipal y a la orden de detener las tareas, la empresa habría continuado trabajando. En ese sentido, planteó dos posibilidades que consideró igualmente preocupantes: que la contratista hubiera desobedecido la disposición o que alguien dentro de la estructura municipal hubiera permitido continuar con las actividades.

Para el representante libertario, la recuperación de un inmueble histórico debe respetar criterios de conservación que permitan mantener su identidad arquitectónica. Desde esa perspectiva, advirtió que las modificaciones observadas podrían desvirtuar el propósito original de la intervención.

La oposición considera indispensable que los funcionarios responsables concurran al Concejo Municipal para explicar personalmente qué ocurrió y cuáles fueron las medidas adoptadas frente a las observaciones detectadas.

Otro aspecto que despertó preocupación fue el tratamiento de los materiales que contenían asbesto, una sustancia cuya manipulación exige procedimientos específicos por los riesgos que representa para la salud.

La concejal Zafra reclamó información sobre las condiciones en las que se efectuó el retiro de esos componentes y sobre la existencia de las certificaciones técnicas correspondientes. Su planteo estuvo orientado a establecer si se cumplieron las medidas de seguridad exigibles para este tipo de operaciones.

Desde el oficialismo, el concejal Scavino respondió que existen antecedentes y documentación disponibles sobre las intervenciones realizadas y aseguró que la extracción de los elementos con asbesto se llevó adelante siguiendo los protocolos establecidos, con la participación de especialistas en Seguridad e Higiene provenientes de Buenos Aires.

También afirmó que la Comisión de Patrimonio dispone de información sobre ese procedimiento y que las actuaciones quedaron registradas en las actas respectivas.

Respecto de la suspensión de las tareas, Scavino reconoció que existió un incumplimiento por parte de la contratista, pero explicó que posteriormente se realizaron las intimaciones correspondientes y se alcanzó una instancia de entendimiento que permitió continuar con la restauración.

Según la posición oficialista, las diferencias fueron encauzadas y actualmente la obra avanza sin inconvenientes.

Sin embargo, esa explicación no conformó a Dellasanta, quien volvió a insistir en que las observaciones que motivaron la interrupción de los trabajos no habrían sido corregidas. El concejal aseguró que las deficiencias pueden comprobarse directamente y que la propia Comisión de Patrimonio mantiene cuestionamientos sobre determinados aspectos de la ejecución.

De esta manera, quedaron expuestas dos posiciones claramente contrapuestas: mientras el oficialismo sostiene que los problemas fueron resueltos, la oposición afirma que persisten incumplimientos que requieren respuestas concretas y documentación respaldatoria.

La discusión excede las diferencias políticas dentro del Concejo Municipal. La restauración de la Recova Ripamonti representa una intervención sobre un inmueble estrechamente vinculado con la memoria y la identidad de Rafaela, circunstancia que exige especial rigurosidad en cada una de las decisiones técnicas y administrativas.

La cuestión central ahora será determinar si la obra se está ejecutando conforme a lo contratado, si las observaciones fueron efectivamente subsanadas y si existieron autorizaciones para continuar trabajando durante el período en que debía regir la suspensión.

Hasta que esas preguntas tengan respuestas documentadas, la controversia continuará abierta. Porque recuperar el patrimonio histórico de una ciudad no consiste solamente en invertir dinero y mostrar avances de obra, sino también en garantizar que cada intervención respete el valor arquitectónico del edificio y las normas que deben protegerlo.

La Municipalidad de Rafaela tiene ahora la oportunidad de despejar las dudas con información precisa, documentación verificable y explicaciones públicas. La transparencia, especialmente cuando están involucrados fondos públicos y edificios históricos, no debería ser motivo de discusión, sino una obligación de cualquier gestión.