La democracia no se regula a gusto de los políticos

RESUMEN

• La presidenta del Concejo Municipal de Rafaela, Mabel Fossatti, plantea limitar las abstenciones de los concejales al momento de votar.

• La abstención es una herramienta legítima de la actividad parlamentaria y no debería convertirse en una concesión de las mayorías.

• Pretender que un legislador necesite autorización de sus pares para abstenerse constituye, a nuestro entender, un preocupante retroceso institucional.

• La democracia no consiste solamente en votar afirmativa o negativamente, sino también en respetar la libertad de criterio de quienes representan a los ciudadanos.

• Los reglamentos deben garantizar el ejercicio de los derechos parlamentarios, no convertirse en instrumentos para condicionar las decisiones individuales.

Hay momentos en los que uno escucha determinadas declaraciones de funcionarios y dirigentes políticos y se pregunta si realmente comprenden el significado de la democracia, el funcionamiento de las instituciones y, fundamentalmente, el respeto que merece la libertad de pensamiento de quienes ejercen una representación popular. Porque la democracia no es solamente levantar la mano para votar lo que una mayoría pretende. Es también el derecho a disentir, a cuestionar y, por supuesto, a abstenerse cuando un legislador considera que corresponde hacerlo.

Este comentario surge a raíz de una nota periodística brindada por la presidenta del Concejo Municipal de Rafaela, Mabel Fossatti, a un medio colega, en la que se refirió a posibles modificaciones del reglamento interno del cuerpo legislativo, particularmente a la intención de establecer restricciones para que los concejales puedan abstenerse al momento de votar.

Según lo expresado, la propuesta apuntaría a que los ediles deban pronunciarse necesariamente por la afirmativa o por la negativa, reservando la abstención para determinadas circunstancias, como conflictos de intereses o cuestiones éticas, y sometiéndola incluso a la autorización de sus propios compañeros.

Sinceramente, cuesta comprender semejante razonamiento. Y cuesta todavía más aceptar que una iniciativa de estas características pueda presentarse como una modernización del funcionamiento democrático.

¿Desde cuándo un representante elegido por el pueblo necesita pedirles permiso a otros representantes para decidir cómo ejercer su función legislativa? ¿Quién puede arrogarse la facultad de determinar si los motivos de una abstención son suficientemente importantes? ¿Acaso la libertad de conciencia de un concejal debe quedar sometida a la voluntad de una mayoría circunstancial?

La abstención no es una anomalía de la democracia. Es una de las formas legítimas de expresión parlamentaria, cuyo ejercicio puede estar sujeto a reglas, pero no debería quedar librado al capricho político de las mayorías.

Un legislador puede abstenerse porque considera que no cuenta con información suficiente, porque entiende que el proyecto presenta contradicciones, porque no comparte ninguna de las alternativas planteadas o, sencillamente, porque su posición política y su conciencia le indican que no corresponde acompañar ni rechazar una determinada iniciativa.

Y esa decisión, lejos de constituir necesariamente una evasión de responsabilidades, puede representar una manifestación absolutamente honesta de su pensamiento.

Lo verdaderamente preocupante es pretender que otros concejales sean quienes autoricen o rechacen esa decisión. Porque allí aparece un principio que debería encender todas las alarmas: la posibilidad de que una mayoría condicione la conducta parlamentaria de una minoría.

La democracia no puede funcionar bajo la lógica de que quienes circunstancialmente reúnen más votos tienen también la facultad de decidir cómo deben expresarse los demás. Eso no es fortalecer las instituciones. Es correr el riesgo de desnaturalizarlas.

Por supuesto que los cuerpos legislativos necesitan reglamentos, procedimientos y normas claras. Nadie discute semejante obviedad. Pero una cosa es ordenar el funcionamiento de una institución y otra muy distinta es pretender disciplinar políticamente a sus integrantes mediante restricciones que pueden afectar su libertad de decisión.

Tampoco debe confundirse la abstención voluntaria con las situaciones en las que existe un conflicto de intereses. Son cuestiones diferentes, que pueden merecer tratamientos reglamentarios distintos. Precisamente por eso, reducir toda posibilidad de abstención a supuestos excepcionales resulta, cuanto menos, una concepción excesivamente estrecha de la representación democrática.

Lo que llama particularmente la atención es que, mientras Rafaela enfrenta problemas que requieren respuestas concretas de sus representantes, aparezcan propuestas destinadas a discutir si un concejal debe pedir autorización para no votar afirmativa o negativamente.

¿Realmente creen que esta es una de las grandes preocupaciones de los rafaelinos? ¿Piensan que la calidad institucional mejora obligando a los legisladores a elegir entre un sí y un no, aunque consideren que ninguna de esas alternativas representa su posición?

La democracia se fortalece con transparencia, con debates profundos, con rendición de cuentas y con representantes capaces de sostener sus convicciones, incluso cuando esas convicciones incomodan al poder de turno.

No se fortalece estableciendo mecanismos que puedan utilizarse para forzar posicionamientos políticos.

Mabel Fossatti debería comprender que presidir un cuerpo legislativo implica, antes que cualquier otra consideración, garantizar el respeto por la pluralidad de opiniones y los derechos de todos sus integrantes, incluidos aquellos que piensan distinto de la mayoría.

No se trata de cuestionar la necesidad de actualizar un reglamento ni de negar las facultades institucionales del Concejo para establecer procedimientos. Se trata de discutir el criterio político que inspira una modificación y las consecuencias que podría tener sobre la independencia de sus miembros.

Porque hay algo que no debería perderse de vista: los concejales no representan a la presidenta del Concejo, ni a sus compañeros de bancada, ni a las mayorías circunstanciales. Representan a los ciudadanos que los eligieron.

Y precisamente por eso deben conservar un margen razonable de libertad para ejercer su mandato conforme a sus convicciones y a las normas que legítimamente regulan su función.

A veces tengo la impresión de que ciertos sectores de la política se sienten mucho más cómodos estableciendo restricciones que ampliando libertades. Pareciera que les resulta más sencillo imaginar mecanismos de control que aceptar que la democracia también implica tolerar decisiones que no comparten.

La democracia no necesita tutores que les indiquen a los representantes cuándo pueden pensar, cuándo deben votar y cuándo están autorizados a abstenerse. Necesita dirigentes que entiendan que el respeto por la libertad ajena es uno de sus fundamentos esenciales.

Por eso considero que esta propuesta, tal como fue presentada, merece una profunda revisión. No porque las reglas parlamentarias sean intocables, sino porque cualquier modificación debería orientarse a fortalecer la libertad y la responsabilidad institucional, jamás a subordinarlas a la autorización de una mayoría.

La abstención no debería ser un privilegio concedido por otros políticos. Y mucho menos una herramienta cuya utilización dependa de la conveniencia de quienes circunstancialmente conducen una institución.

En definitiva, sería saludable que algunos dirigentes comprendieran algo elemental: la democracia no consiste en obligar a todos a tomar la posición que el poder considera correcta. Consiste, precisamente, en respetar el derecho de cada representante a sostener la suya.

Y si todavía hay funcionarios que no entienden esa diferencia, el problema no está en la abstención. El problema está en su manera de entender la democracia.