Compra de combustible: Viotti quiere prorrogar las compras directas y el Concejo no debe mirar para otro lado

Resumen

• El Ejecutivo de Rafaela pretende extender hasta abril de 2027 el mecanismo excepcional para comprar combustible mediante concursos de precios.

• La compra de combustible debe realizarse mediante una licitación pública, que garantice transparencia, competencia y mejores condiciones para los recursos municipales.

• El argumento de que una licitación puede demorar no alcanza para justificar la continuidad de un sistema alternativo.

• Una licitación puede tramitarse con rapidez si existe planificación, voluntad política y una gestión administrativa eficiente.

• Los concejales tienen la responsabilidad de controlar al Ejecutivo y no deben aprobar una prórroga que genera interrogantes sobre la forma en que se utilizan los fondos públicos.

La Municipalidad de Rafaela pretende extender hasta el 30 de abril de 2027 el mecanismo que le permite adquirir combustible para abastecer a los vehículos y la maquinaria municipal mediante concursos de precios con sobre cerrado, mientras continúa el proceso para concretar una licitación pública. La autorización vigente vence el próximo 30 de octubre y el proyecto ya ingresó al Concejo Municipal, donde los ediles deberán decidir si avalan la prórroga solicitada por el gobierno de Leonardo Viotti.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el Ejecutivo necesita prolongar un mecanismo excepcional para comprar combustible cuando debería avanzar decididamente hacia un procedimiento de licitación pública que garantice la mayor transparencia y concurrencia de proveedores?

El combustible es un insumo esencial para el funcionamiento municipal. Nadie discute que los camiones, las máquinas, los vehículos de inspección y las unidades destinadas a los servicios públicos necesitan abastecimiento permanente. Pero precisamente por la importancia de ese gasto, el procedimiento de compra debe ofrecer todas las garantías posibles. No alcanza con asegurar que haya combustible disponible: también hay que demostrar que se compra en las mejores condiciones, que los proveedores compiten en igualdad de oportunidades y que cada peso de los contribuyentes se administra correctamente.

La compra directa no puede convertirse en una costumbre ni en un atajo administrativo. Y aunque el mecanismo que propone mantener el Ejecutivo sea técnicamente un concurso de precios con sobres cerrados, y no necesariamente una compra directa en sentido estricto, el interrogante de fondo permanece: ¿por qué se pretende prolongar esta modalidad en lugar de resolver cuanto antes la licitación pública?

El argumento oficial es que el procedimiento licitatorio puede demorar y que existe incertidumbre sobre su resultado. También se mencionan llamados a cotización que fracasaron para determinados tipos de combustible. Sin embargo, estas explicaciones no parecen suficientes para justificar una extensión de seis meses. Si hubo dificultades en las cotizaciones, corresponde analizar por qué ocurrieron, corregir los problemas y diseñar un proceso competitivo que permita obtener ofertas válidas.

Una licitación pública no tiene por qué ser lenta. Puede organizarse con rapidez, establecer plazos razonables, preparar con anticipación los pliegos y convocar a los proveedores con capacidad para abastecer al Municipio. Que un procedimiento requiera cumplir etapas administrativas no significa que deba prolongarse indefinidamente. Presentar la demora como una razón para mantener una modalidad alternativa corre el riesgo de transformar una solución transitoria en un sistema permanente.

Y es justamente esa continuidad la que merece una explicación convincente. Cuando un gobierno pide extender un mecanismo excepcional para gastar dinero público, tiene la obligación de fundamentar con claridad por qué no puede utilizar el procedimiento que ofrece mayores garantías de competencia y transparencia. No se trata de formular acusaciones sin pruebas, sino de exigir explicaciones ante una decisión que compromete recursos de todos los rafaelinos.

El proyecto contempla que, si se aprueba la prórroga, el Ejecutivo informe mensualmente al Concejo sobre los concursos realizados y las compras concretadas. Esos reportes deberán detallar el tipo de combustible, la cantidad de litros adquiridos, el precio por litro y el monto total abonado. También se deberá explicar cómo se calcula el consumo de los vehículos y la maquinaria municipal. Además, se establece un límite vinculado con los volúmenes comprados durante el período anterior.

Esos controles son necesarios, pero informar después de comprar no reemplaza la obligación de elegir, desde el comienzo, el procedimiento más transparente y competitivo que corresponda según la normativa vigente. El control posterior no debe utilizarse como argumento para flexibilizar las exigencias de una buena administración.

Aquí aparece la responsabilidad política del Concejo Municipal. Los concejales no están para aprobar automáticamente cada pedido del Ejecutivo, sino para analizarlo, discutirlo y defender el interés de los vecinos. La necesidad de garantizar el abastecimiento no obliga a aceptar cualquier mecanismo ni justifica conceder una prórroga sin una evaluación rigurosa de sus motivos.

Los ediles deben exigir que el Ejecutivo explique qué pasos concretos dio para avanzar con la licitación, cuáles fueron los obstáculos reales, qué plazos maneja y por qué no es posible resolver el proceso con mayor celeridad. Si existen razones técnicas o legales que impiden completar el procedimiento, deben acreditarse. Si hubo errores administrativos, deben corregirse. Lo que no corresponde es convertir la incertidumbre en una justificación genérica para prolongar un sistema alternativo.

Rafaela necesita una administración eficiente, pero también transparente. Los recursos municipales no pertenecen al intendente ni a los concejales: pertenecen a los ciudadanos que pagan sus impuestos y tienen derecho a saber cómo se utilizan.

Por eso, el Concejo no debería sucumbir al pedido de prórroga sin respuestas concretas y documentación suficiente. La prioridad debe ser avanzar hacia una licitación pública, con reglas claras, competencia efectiva y plazos razonables, siempre de acuerdo con la normativa aplicable.

Porque cuando se trata de gastar dinero público, la transparencia no puede depender de la comodidad administrativa del gobierno de turno. Y cuando una licitación puede organizarse con rapidez, la demora no debería convertirse en la excusa para seguir postergándola.