Pullaro busca aprobar la reforma de seguridad, pero hasta sus propios aliados le ponen trabas: los mismos que se quejan de la inseguridad

La vocera del Gobierno Provincial Virginia Coudannes dijo que nadie quiere volver atrás, pero las leyes que impulsa su gobierno estaban vigentes hace cinco décadas. Prensa Gobernación Santa Fe

Resumen

• El oficialismo santafesino intentará conseguir este jueves la media sanción de las reformas de seguridad impulsadas por Maximiliano Pullaro.

• Aunque existe un compromiso político dentro de Unidos, las diferencias internas, incluso entre aliados del gobernador, amenazan con condicionar el avance de los proyectos.

• La paradoja política es evidente: algunos de los que reclaman respuestas frente a la inseguridad son los mismos que ponen reparos a las herramientas que propone el Gobierno.

• Las reformas incluyen cambios en las facultades policiales, los allanamientos, la recuperación de celulares robados y el régimen de detención de presos de alta peligrosidad.

• El radical José Corral defendió la iniciativa y sostuvo que el Estado no puede permanecer inmóvil frente al avance de las organizaciones criminales.

El gobernador Maximiliano Pullaro enfrenta una discusión que excede el contenido de sus proyectos de seguridad. Este jueves, el oficialismo buscará avanzar en la Cámara de Diputados de Santa Fe con la media sanción de un paquete de reformas que considera necesario para profundizar la lucha contra el delito. Sin embargo, el camino no está despejado: las resistencias no vienen solamente de la oposición, sino también de sectores de la propia coalición gobernante.

Y ahí aparece una contradicción difícil de disimular. En una provincia donde la inseguridad sigue ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los ciudadanos, algunos dirigentes que reclaman más respuestas al Gobierno ponen obstáculos cuando llega el momento de discutir las herramientas concretas para actuar.

Las diferencias dentro de Unidos, especialmente con sectores del socialismo, amenazan con convertir el debate legislativo en una prueba de autoridad para el gobernador. El diputado radical José Corral, sin embargo, aseguró que existe un compromiso político para avanzar este jueves, aunque admitió que podrían introducirse modificaciones en determinados artículos.

La pregunta política es inevitable: ¿hasta dónde se puede exigir que el Gobierno actúe con mayor firmeza si, cuando intenta modificar las reglas para combatir el delito, aparecen reparos dentro de sus propias filas?

Reclamar seguridad es fácil; acordar las herramientas, no tanto

Corral defendió la necesidad de ampliar las facultades de la Policía, los fiscales y el Ministerio de Seguridad. Sostuvo que las medidas propuestas buscan consolidar el trabajo que viene desarrollando la administración provincial y permitir una respuesta más efectiva frente a distintas modalidades delictivas.

El legislador reconoció que los indicadores de violencia y homicidios mejoraron, pero advirtió que todavía persisten problemas importantes, particularmente en los delitos contra la propiedad. Los robos de celulares y los ingresos a viviendas siguen generando preocupación entre los vecinos.

Es precisamente en ese escenario donde las diferencias políticas adquieren mayor relevancia. La inseguridad no desaparece porque los bloques legislativos discutan, ni los delincuentes dejan de actuar mientras los dirigentes negocian sus posiciones.

Las objeciones a una reforma pueden ser legítimas y forman parte del funcionamiento democrático. Nadie debería pretender que una ley se apruebe sin debate ni controles. Pero también es razonable exigir coherencia: quienes reclaman respuestas más contundentes deben explicar qué alternativas concretas proponen cuando cuestionan los instrumentos elegidos para enfrentar el problema.

Allanamientos: el punto que divide aguas

Uno de los aspectos más polémicos del paquete es la ampliación de las situaciones en las que podrían realizarse allanamientos sin autorización judicial previa.

La propuesta contempla supuestos vinculados con la búsqueda de armas y la localización de teléfonos celulares robados. Se trata de una cuestión delicada, porque obliga a discutir cómo mejorar la capacidad de respuesta policial sin vulnerar las garantías constitucionales.

Corral defendió los cambios y recordó que la legislación vigente ya contempla excepciones a la exigencia de una orden judicial en determinadas circunstancias, como incendios, pedidos de auxilio y algunos casos de flagrancia.

También planteó que, si durante un procedimiento aparecen indicios de que un objeto vinculado con un delito se encuentra en una vivienda cercana, la actuación estatal no debería quedar paralizada por trámites que puedan frustrar la intervención. El alcance concreto de esas facultades, desde luego, deberá quedar claramente establecido en la ley.

En materia de celulares robados, el diputado destacó que la geolocalización puede permitir identificar dónde se encuentra un dispositivo. Su argumento es que, cuando esa información es precisa, la respuesta debería ser suficientemente rápida para evitar que el tiempo juegue a favor de quien tiene el teléfono.

El debate exige responsabilidad, pero también sentido práctico. Si la tecnología permite ubicar un elemento sustraído, corresponde discutir cómo actuar con rapidez y dentro de la ley, en lugar de resignarse a que las demoras terminen favoreciendo a los delincuentes.

El narcotráfico y las cárceles, otro frente de discusión

Las reformas también apuntan a restringir la capacidad de los presos de alta peligrosidad para continuar organizando delitos desde los establecimientos penitenciarios.

Entre las medidas previstas figuran condiciones de aislamiento más estrictas, incluso con restricciones a las visitas en determinados casos.

Corral fue contundente al defender esta orientación: el Estado no puede mostrarse impotente frente a los jefes de las organizaciones narcocriminales.

La intención es evitar que quienes están detenidos conserven capacidad de mando sobre sus estructuras delictivas y continúen coordinando operaciones desde las cárceles. Naturalmente, cualquier régimen especial deberá ajustarse a las normas vigentes y respetar los derechos y controles correspondientes.

En este punto vuelve a aparecer el interrogante político: si existe coincidencia en que el narcotráfico representa una amenaza seria, ¿por qué cuesta tanto construir acuerdos cuando se discuten medidas concretas para limitar su capacidad de acción?

Pullaro necesita algo más que discursos

El compromiso anunciado por Corral será puesto a prueba este jueves en Diputados. El oficialismo deberá demostrar que cuenta con los votos necesarios para avanzar, mientras intenta acercar posiciones con los sectores de Unidos que mantienen objeciones.

La discusión no se limita a una disputa entre radicales y socialistas. Lo que está en juego es la posibilidad de construir una política de seguridad que tenga continuidad, respaldo legislativo y herramientas eficaces para responder a las demandas sociales.

Porque hay una contradicción que la política no debería naturalizar: reclamar más seguridad ante las cámaras y, al mismo tiempo, poner trabas cuando se discuten las medidas para conseguirla.

Pullaro tiene la responsabilidad de explicar sus proyectos, escuchar objeciones razonables y garantizar que las reformas respeten la Constitución. Pero sus aliados también tienen una responsabilidad política: si consideran que las herramientas propuestas son incorrectas, deben presentar alternativas capaces de responder al mismo problema.

Los santafesinos no necesitan una competencia de declaraciones sobre quién está más preocupado por la inseguridad. Necesitan resultados, coordinación y dirigentes dispuestos a asumir el costo de tomar decisiones.

La seguridad no puede ser una bandera para los discursos y un obstáculo cuando llega la hora de legislar. Si los aliados de Pullaro quieren modificar las reformas, deberán explicar cómo piensan alcanzar los mismos objetivos. Porque quienes todos los días reclaman que el Estado haga más no pueden desentenderse cuando llega el momento de decidir cómo hacerlo.