El lenguaje del discurso oficialista bordeó peligrosamente la violencia verbal en el conflicto con Chubut por los recursos de coparticipación que le retuvo el Poder Ejecutivo a esa provincia para cobrarse un crédito. El gobernador Ignacio Torres había apelado a un nivel de agresividad similar para hacer visible el caso en la opinión pública, tal vez en un intento de replicar aquello de Javier Milei que deslumbra a la dirigencia política tradicional y la mantiene perpleja: el hasta ahora exitoso modelo elegido para mantener activa la comunicación con sus electores y fidelizar su adhesión al Gobierno.
Fundada en la división entre leales y traidores, esa práctica no pudo demostrar aún su eficacia para resolver la extrema debilidad de La Libertad Avanza en el Congreso a causa de su representación minoritaria y su escasa vocación de alcanzar acuerdos con el resto de las fuerzas: el problema más importante para un ambicioso plan de reformas, impracticable sin la intervención del Poder Legislativo. Es decir que la aparente superioridad construida en las redes no pudo ser traducida todavía en resultados positivos que fortalecieran a la gestión de gobierno.
Chubut podría ser el caso testigo del riesgo de apelar sin pausa a ese tipo de plebiscito mediático. Dejar en evidencia lo que se pretendería disimular. “Milei es un león herbívoro”, deslizó un veterano dirigente peronista. El vicegobernador Gustavo Menna desnudó el doble estándar del Ministerio de Economía con esa provincia. El Palacio de Hacienda había diferido el pago de la deuda y negociaba canjearla por un bono, hasta que la Justicia Federal falló a favor de una presentación de Torres por la retención indebida de fondos correspondientes al impuesto a los combustibles.
Lo que ocurrió después es historia conocida. Excepto por la repercusión de esta crisis en Pro. Torres acudió a Mauricio Macri para que mediara con Milei después de que Patricia Bullrich le advirtiera que terminaría como el secesionista Carles Puigdemont en Cataluña. Antes de ese vaticinio, la ministra de Seguridad se habría comprometido con Torres a evitar que le descontaran 13.500 millones de pesos de la coparticipación. Es lo que aseguran en Pro. El gobernador de Chubut no confirmó ni desmintió esa versión.
Macri respaldó su reclamo, pero no la forma en que lo hizo. El expresidente trabajó para aislar el documento que Bullrich promovió a favor de Milei en su disputa con Torres. No fue suscripto por ningún dirigente de relieve. El 19 de marzo, Pro consagrará la lista de unidad que tendrá a Macri como nuevo presidente. La falta de adhesión al documento hace prever que Bullrich no obtendría el 50 por ciento de los cargos exigidos. En Pro la justifican con sorna. Le atribuyen ese esfuerzo a la necesidad de congraciarse con Milei para sostenerse en su administración. En apariencias, un patrón común al resto del gabinete.
Pero el daño por este enfrentamiento podría tener consecuencias mucho más profundas. El per saltum que Rodolfo Barra presentará en la Corte intenta anticiparse a las previsibles demandas que, además de la iniciada por Chubut, interpondrán La Pampa, Corrientes y la provincia de Buenos Aires. El procurador del Tesoro pretende que el fallo del máximo tribunal sea el marco jurídico para resolverlos. Barra apeló al instrumento del que se valió hace 30 años por un fallo adverso a la privatización de Aerolíneas Argentinas. La diferencia entre aquella y esta vez es que en la Corte no hay una mayoría automática liderada por un presidente como Julio Nazareno, consustanciado con las políticas del gobierno de Carlos Menem. Lo más probable es que la Corte convoque audiencias conciliatorias antes de adoptar cualquier resolución. Este antecedente hace especular con que el Presidente seleccione con mayor rigurosidad a los blancos de su crítica. Sobre todo, cuidándose de no elegir a alguien que valiéndose de su método le dispute simpatías electorales.
Dos indicios avalarían esa suposición. La suspensión de la apertura de las universidades del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la de las Madres de Plaza de Mayo. Sin presupuesto ni delegado normalizador designado, la auditoría para determinar irregularidades en su constitución suena a pretexto. El Congreso debería derogar las leyes que las crearon. Detrás de las del Delta y Pilar se recorta la figura de Sergio Massa, supuestamente involucrado en el escándalo por la tercerización en la venta de pólizas de Nación Seguros que alcanza a la ANSeS.
Massa habría intercedido ante la Superintendencia de Seguros para vencer la renuencia a convalidar la actuación de la gerente general de Nación Seguros, Adriana Guida, en la operación con la ANSeS. Guida sería una colaboradora histórica de Alberto Fernández, también sindicado por este negociado al que Juan Manuel López le añadió un nuevo enigma. “¿Alguien del gobierno de Milei quiso preservar el negocio de los contratistas?”, se preguntó en X el diputado de la Coalición Cívica. Nación Seguros no fue incluida por el gobierno entre las empresas de ese grupo que serían privatizadas.
Sugestivamente, las supuestas irregularidades trascendieron tras la renuncia del interventor en la ANSeS, Osvaldo Giordano. Un funcionario de innegable prestigio, pero ligado de forma inescindible al sinuoso peronismo cordobés y aliado imprescindible de Sergio Massa en la Cámara de Diputados hasta 2021. Sus diputados contribuyeron siempre que precisó constituir una mayoría favorable. Desde Hacemos por Córdoba se empecinan en desmentir que Giordano y otros funcionarios hubieran llegado al gobierno por un acuerdo de Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora con Milei.
La intempestiva eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal a la provincia de Buenos Aires ofrecería otra pista del cambio en la elección de rivales. Ese recorte privaría a Axel Kicillof de casi un billón de los 17 que precisaría el gobierno bonaerense este año. Todo el arco político vació el anuncio de la demanda judicial que Kicillof le iniciará al gobierno. Los intendentes del conurbano expresaron con su ausencia el fastidio de La Cámpora con el rótulo de “líder natural” que un puñado de colaboradores le arrogan al gobernador. Su titular y jefe del PJ bonaerense, Máximo, estuvo en primera fila para recordárselo.
En Pro funcionó la memoria traumática. Temió ser víctima de una encerrona similar a la que habrían padecido Jorge Macri y Néstor Grindetti. En 2020, los entonces intendentes de Vicente López y Lanús fueron convocados a Olivos en medio del conflicto policial que derivó en la creación del Fondo de Fortalecimiento a expensas de la quita del 1,2 por ciento de coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires. Los fondos que ahora Milei le eliminó a Kicillof.
El actual titular del gobierno porteño y su jefe de Gabinete siguen insistiendo en que fueron sorprendidos con esa emboscada que perjudicó a Horacio Rodríguez Larreta, entonces promotor de la jubilación anticipada de Mauricio Macri en la política. El expresidente les habría encargado a su primo y a Grindetti poner en marcha un trámite similar para el exjefe de gobierno.
Grindetti tendría a su cargo la ingeniería para cincelar esa obra sin que se precipiten accidentes. “No se vayan a creer que nos dejaron la NASA”, les habría confiado a sus colaboradores. Lo que vuelve comprensible la prudencia de Macri ante quienes lo visitaron en el sur este verano: “Si creen que tienen que contar las cosas que Jorge hace mal, háganlo”.
* Para La Nación