Milei pone a Rosario en el centro de la agenda: un guiño a su electorado y un riesgo por las expectativas incumplidas

La ola de terrorismo narco en Rosario le sirvió al gobierno como recordatorio del otro tema importante -después de la inflación- que está en el contrato con su electorado: una lucha de "mano dura" contra la delincuencia.

Las encuestas son bien elocuentes al respecto: ya en la campaña electoral, antes de que se agravara la situación de la ciudad santafecina, se registraba un alto índice de preocupación en la opinión pública por la delincuencia. En las mediciones de D’Alessio Irol,un contundente 73% exigía que el nuevo gobierno le diera prioridad en su agenda, sólo detrás del tema inflación, que se llevaba un 92% de las menciones.

Ahora, con el foco de los medios momentáneamente fuera de la economía y posado en la tragedia que viven cotidianamente los rosarinos, el gobierno está en estas horas readaptando su discurso sobre la herencia recibida. Lo dejó en claro Javier Milei con la afirmación de que "el kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia".

Una afirmación que deja en claro que, para Milei, no hay ningún tema que no sea pasible de ser pasado por el tamiz de la nueva grieta. Aun cuando haya habido dirigentes socialistas, como el mismo ex gobernador Antonio Bonfatti, que sufrieron atentados contra su vida, la estrategia comunicacional es la acusación sin medias tintas sobre la complicidad, por acción u omisión, de las gestiones políticas pasadas.

Esto lleva a Milei, incluso, a pasar por alto que el propio gobernador Maximiliano Pullaro fue ministro de seguridad de una gestión socialista, entre 2015 y 2019 durante la gobernación de Miguel Lifschitz.

Es así que la denuncia sobre la "herencia recibida" en materia de seguridad se está imponiendo el discurso oficialista.

Patricia Bullrich, que ya había sustentado su campaña electoral en la promesa de una política de firmeza contra el delito y el "empoderamiento" de las fuerzas del orden, tomó la posta con el anuncio de una intervención de la ciudad y de cambios a nivel legislativo para combatir con mayor eficacia a las mafias.

De momento, esa reacción política es lo que estaba dentro de lo esperado. Pero ya hay debates respecto de si la estrategia elegida es la mejor, tanto en el combate al narco como en el intento de generar confianza en la población.

El riesgo de la expectativa incumplida

Como suelen advertir los expertos en opinión pública, los anuncios rimbombantes son un arma de doble filo, porque generan la expectativa de resultados rápidos, que no siempre se pueden cumplir.

Por otra parte, es un fenómeno estudiado en donde hay actividad terrorista que, al inicio, la población centra su repudio por los atentados en la mafia que los perpetró. Pero en la medida en que estos crímenes se repiten, la gente empieza a correr su foco de protesta y lo dirige a las autoridades, a las que les pide una solución.

"Lo que puede ‘facturar’ bien al gobierno es la voluntad, la actitud y la coordinación entre la nación y la provincia de Santa Fe, porque sabemos cómo salió la vez pasada", observa el encuestador y politólogo Carlos Fara.

"Es una estrategia que tiene su riesgo. La opinión pública está impactada por hechos particulares, como estos asesinatos a mansalva por sicarios. Pero también es cierto que en lo que va del año venía bajando mucho la cantidad de asesinatos. Entonces tienen algo para mostrar", agrega.

Por su parte, Diego Dillenberger, experto en comunicación política, cree que el tema del narco ya está politizado de por sí, y que el gobierno actúa en consonancia con lo que la ciudadanía espera ante una ofensiva delictiva.

"Es más, casi que es un regalo del cielo que los medios tengan otra cosa de qué hablar, que no sea de la mega estanflación, que hace que la pasemos muy mal", argumenta.

De todas formas, advierte que Milei corre un riesgo innecesario al generar la expectativa de que el ejército pueda realmente hacer una tarea efectiva, y que ese tipo de anuncios cumplen más una función política que de avance real sobre el problema

"Lo máximo que pueden hacer desde el gobierno nacional es reforzar Gendarmería y no cortarle los víveres a Pullaro que es el que tiene que bancar a su policía", sostiene Dillenberger, en alusión al conflicto aún no resuelto por los fondos fiscales.

Los riesgos del "estilo Bukele"

Lo cierto es que el gobierno, tanto el de Milei a nivel nacional, como el de Pullaro en Santa Fe, ya está pagando un primer costo político por el endurecimiento del discurso. Porque la primera interpretación sobre esta escalada delictiva es que el disparador fue la "foto estilo Bukele" en la que, tras una requisa en el penal de Piñero, se ve a presos sin remera, sentados y con las manos atadas a la espalda.

"Cada vez la van a pasar peor", fue la advertencia del gobernador, celebrada por la facción de la "mano dura" que observa el experimento del presidente salvadoreño para combatir a las "maras".

"Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos", se agregó en el texto junto a la polémica foto. Para el gobierno de Santa Fe, "se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos".

Pullaro, que también llegó a la gobernación con la seguridad como centro de su campaña, se propuso que la política carcelaria estuviera en el tope de su agenda. Ya trasladó más de 1.200 presos desde comisarías hacia unidades penitenciarias y restringió el régimen de visitas para presos de alto perfil.

Precisamente, la carta que dejaron trascender los narcos -y que firman todas las organizaciones que venden droga en la ciudad- hacen alusión a que los actos terroristas de asesinatos de civiles son una represalia por la "humillación" a la que se somete a los familiares que visitan a los presos.

De los aplausos a las críticas

Lo cierto es que hoy, las felicitaciones tras la "foto Bukele" dieron lugar a las críticas. Algunas en voz alta, como de las organizaciones de izquierda, por lo que ven como una violación a los derechos humanos. Pero también, esas críticas empiezan a extenderse a sectores políticos que han tenido coincidencia con el gobierno en el Congreso.

Se advierte, por ejemplo, el riesgo de que los narcos, hasta ahora en una permanente guerra entre sí por territorios, empiecen a conformar un frente común contra el gobierno.

Y, además, no todos están de acuerdo con la política de "ir por el hormiguero y no por las hormigas" anunciada por Bullrich, a través de una ley antimafia al estilo de la Ley Rico de Estados Unidos. Es una visión que relativiza la importancia de los pequeños golpes al narcomenudeo en el territorio y que prefiere poner en primer plano a los cerebros de las organizaciones, su logística y su operación financiera.

Hasta ahora, se habían logrado avances con una disminución la tasa de homicidios en Rosario, por lo que se están dejando ver dudas sobre la efectividad de la nueva política, en el sentido de que estos cambios puedan echar por tierra con los avances que venían registrando.

No faltan quienes recuerdan que ya en cinco oportunidades hubo envíos de gendarmes y fuerzas federales para prestar apoyo en la ciudad y que, finalmente esos operativos no movieron la aguja en el combate al narco.

En definitiva, los anuncios del gobierno, por ahora, están logrando el objetivo de mostrar una imagen decidida y, de esa forma, reafirmar la alianza con el sector de la sociedad que reclama medidas drásticas para garantizar la seguridad. Pero son muchas las dudas sobre la efectividad real de sobreactuar el discurso de "mano dura".

 

 

* Para www.iprofesional.com