Milei, política y economía

Como hemos repetido en muchas oportunidades, el tiempo era y es uno de los principales enemigos del presidente Javier Milei. En este contexto, si bien a cinco meses de haber llegado a la Casa Rosada, un presidente inesperado sostiene su proyecto rupturista pese a su manifiesta debilidad parlamentaria y territorial, conforme se encamina a pasar el mojón del primer semestre de gestión, los desafíos se multiplican.

Con una gobernabilidad que todavía se sustenta en el respaldo popular que reflejan las encuestas y sondeos de opinión pública, en una narrativa tendiente a azuzar los sentimientos de frustración y rechazo frente a los gobiernos anteriores y la dirigencia política tradicional en su conjunto, y en la fragmentación política y crisis de liderazgos de la oposición, el gobierno comienza a entrar en una etapa donde necesita imperiosamente mostrar realizaciones concretas.

Un tiempo que demanda menos relato y más hechos concretos, en un contexto que deja en evidencia además los límites de la -hasta ahora- exitosa estrategia de avanzar más por lo que se dice que por lo que se hace. El tan mentado principio de revelación, con el que se ha pretendido desnudar las lógicas de la “casta”, ya no alcanza para avanzar en un proyecto sustentable en el tiempo, tanto en términos de gobernabilidad política, como de confianza de los mercados y respaldo popular.

Lo ocurrido esta semana tanto en las calles como en el Senado de la Nación son una muestra cabal de ello. En las calles, la CGT encabezó el segundo paro general antes de que el gobierno de Milei cumpla un semestre, en la cámara alta la remozada ley de bases y el paquete fiscal encontraron obstáculos que parecen conspirar contra el voluntarismo oficialista.

En lo que respecta a la huelga general, la dispar adhesión y el protagonismo de los principales referentes sindicales dio lugar a una lógica disputa por el sentido y los alcances de la protesta. Si bien la centralidad en la protesta de una dirigencia sindical muy desprestigiada en términos de opinión pública le permitió al gobierno desplegar su narrativa “anti-casta” y apelar al “principio de revelación”, aunque el gobierno cometería un grave error si -más allá del plano retórico- minimizara su impacto.

Es que si bien los mercados se entusiasman con la disciplina fiscal del gobierno, su vocación aperturista, su fe librecambista y su impronta desreguladora, también se alertan ante cualquier indicio de conflictividad social, y cualquier interrogante respecto a la viabilidad política del programa económico.

Si bien la gran mayoría de las encuestas publicadas desde el paro general del jueves, no obstante la evidente pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la recesión, dan cuentas de que la protesta no alteró los niveles de apoyo y rechazo aún muy favorables para el gobierno, surge el interrogante en relación a si se trata de un punto de inflexión en una potencial escalada en la conflictividad social o si, como buscaron instalar desde el oficialismo, son consecuencia de la resistencia de los representantes del viejo orden ante el ajuste y las profundas transformaciones encarados por el gobierno.

Y, todo ello, en el contexto de la discusión parlamentaria de un proyecto de ley que incluye una reforma laboral que, a pesar de la presión de algunos bloques aliados como la UCR, sindicados en muchos momentos como parte de la “casta”, quedó reducida a una versión light, que no avanza sobre las cuotas solidarias ni otros puntos sensibles para las organizaciones gremiales.

Por otra parte, en lo que respecta al tratamiento de la ley de bases y el paquete fiscal en el Senado, esta semana quedó muy claro que el camino no será ni muy favorable ni tan expeditivo para los intereses del gobierno. En primer lugar, es ya un hecho que los proyectos sufrirán modificaciones en temas medulares como el RIGI, la restitución del impuesto a las Ganancias o el blanqueo de activos, manteniéndose incluso el posible y catastrófico escenario de un rechazo. En segundo lugar, aun evitando escenarios catastróficos, parece inevitable que en virtud de un tratamiento parlamentario más prolongado que lo previsto originariamente y de la introducción de modificaciones que fuercen un retorno de los proyectos a la cámara baja, se vean alterados los planes oficiales respecto al promocionado Pacto de Mayo.

Pero, sin dudas, lo más notable en el debate en el Sendo no es el previsible rechazo de UP a la iniciativa, sino de las profusas objeciones y criticas de muchos legisladores de bloques “dialoguistas”, que obligaron al oficialismo a postergar su intención de dictaminar en forma exprés. Una movida que no solo da cuentas de que la negociación con los gobernadores es condición necesaria pero no suficiente para aglutinar voluntades en una cámara que supuestamente responde a un criterio de representación federal, sino que también evidencia atisbos de reconfiguración de liderazgos en el heterogéneo espacio opositor. Es, en esta clave, en la que debe leerse el protagonismo de Martín Lousteau en el debate de las iniciativas del oficialismo.

Frente a este escenario, no sorprende la cautela de grandes inversores, actores del establishment y el propio FMI, quienes más allá de la profesión de fe liberal del gobierno y la euforia que parece vivir el mercado financiero, mantienen sus dudas respecto a la evolución de la economía real y, fundamentalmente, a la capacidad del gobierno para cambiar las reglas de juego y darle sostenibilidad a su proyecto. Es, en este sentido, que situaciones como las evidenciadas en el Senado este semana, generen incertidumbre.

Así las cosas, mientras muchos economistas señalan que se llegó al piso de la recesión, y que se registra una recuperación que viene de la baja de inflación, el crecimiento de los salarios reales, el crédito, el menor ajuste relativo de gasto público, y los resultados de la cosecha, no son pocos los analistas que -aún descartando la tantas veces mencionada recuperación en V- señalan que el oficialismo se equivoca si piensa que solo será la macro lo que permitirá sacar el país a flote. Para los mercados, inversores y muchos actores políticos y económicos que siguen con atención el proceso argentino, es la política lo que permitirá que realmente la Argentina salga adelante.

Una política que el presidente parece desdeñar continuamente, reduciéndola al contubernio o los intereses espurios, desconociendo la propia experiencia histórica de los argentinos, que da cuentas de que más allá de los coyunturales respaldos de la opinión pública, éxitos electorales, o proyectos con aspiraciones fundacionales, son los consensos políticos los que le confieren sustentabilidad a los gobiernos.

* Para www.infobae.com