Intentan un indulto encubierto para las coimas

La economía de un país no solo depende de las decisiones exclusivamente económicas; también influyen las resoluciones políticas e institucionales y el compromiso del Gobierno con la decencia de las cuestiones públicas. En la madrugada de anteayer, la Cámara de Diputados aprobó de manera definitiva la Ley Bases cuando algunos síntomas de la economía no son buenos. Una parte importante de la corporación política (del radicalismo y de Pro, sobre todo) decidió ayudar a la gobernabilidad de las instituciones, con la clara excepción del kirchnerismo. Esa es una buena información para la economía. 

Otro testimonio importante para la economía fue la decisión de la UIF (Unidad de Información Financiera) de pedir la nulidad del adefesio jurídico engendrado en una sala de la Cámara de Casación para proteger al empresario Angelo Calcaterra, a quien le creyeron que hizo aportes electorales y que no pagó sobornos. La novedad fue una sorpresa porque antes había trascendido que al subdirector de la UIF, Manuel Tessio, le habían pedido la renuncia en nombre de Santiago Caputo, el más influyente asesor del Presidente, porque ese organismo que combate el lavado de dinero decidió ser querellante en el caso de las andanzas de Martín Insaurralde por las aguas del Mediterráneo.

¿Acuerdo de Milei con el kirchnerismo o con Massa? Silencio. Nadie dice nada. La decisión de la UIF de meterse en el caso Calcaterra tiene una importancia adicional; ese organismo y el fiscal general Raúl Pleé ante la Cámara de Casación son los únicos que pueden llegar en apelación a la Corte Suprema de Justicia y pedirle que revise aquella resolución de los jueces de Casación Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques. Es probable que la mayoría (o todos) de los empresarios acusados en la llamada causa de los cuadernos pidan el beneficio que le dieron a Calcaterra. Habrá que ver si se lo conceden.

Hay 159 personas imputadas en la causa de los cuadernos; la principal es Cristina Kirchner, pero la mayoría son empresarios, muchos de los cuales confesaron ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli cuándo, cómo y por qué le pagaron sobornos al kirchnerismo. Si las coimas de los empresarios al kirchnerismo para obtener obras públicas u otras concesiones se terminan considerando “aportes electorales” estaríamos ante el caso más escandaloso de un indulto encubierto. Los delitos electorales prescriben a los dos años; es decir, están todos prescriptos si se refieren a las elecciones de 2013 y 2015. Libres e inocentes.

La jueza electoral María Servini fue y vino con el financiamiento de las elecciones de 2015, pero nunca hizo nada para investigar en serio. Según Calcaterra, él les entregó 16 veces a funcionarios kirchneristas importantes cantidades de dólares en el subsuelo de un hotel de Puerto Madero y, encima, sin reclamar recibos. Calcaterra aseguró como “imputado colaborador” de la Justicia que aportó dinero para las campañas del kirchnerismo de 2013 y de 2015. Hay un antecedente que lo perjudica: el cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral no encontró nunca ninguna incongruencia en la financiación de la campaña de 2013; no descubrió ninguna contradicción entre lo recaudado formalmente y los gastos de la campaña. En cambio, ese mismo cuerpo de auditores descubrió significativas inconsistencias en la rendición de cuentas del financiamiento de la campaña de 2015 por parte del Frente para la Victoria, como se llamaba entonces el kirchnerismo.

La jueza Servini rechazó entonces la rendición de cuentas del kirchnerismo y anticipó que haría una profunda investigación cuando su decisión quedara firme. Nunca la hizo. Se olvidó. El nombre de Calcaterra no apareció jamás en las investigaciones del financiamiento de las campañas de 2013 y 2015; solo su palabra, que coincide con algunas anotaciones del chofer Oscar Centeno, fue suficiente para que esa sala de Casación decidiera un virtual indulto de Calcaterra. Antes, Servini incursionó en una “aventura judicial”, según el tribunal oral que debe juzgar el caso de los cuadernos.

La jueza, que es federal y también electoral, le pidió hace un año a ese tribunal oral que le enviara el caso Calcaterra porque era un delito electoral. El tribunal oral rechazó el pedido. Servini no hizo nada más, pero Calcaterra apeló ante la Cámara de Casación. Peor, entonces. Esa apelación terminó con la reciente decisión de los jueces Barroetaveña, Petrone y Mahiques de aceptar el argumento del empresario y beneficiarlo con un indulto de hecho. Si Calcaterra hizo realmente aportes electorales, como dijo desde el principio, debió pedir en el acto, ya en 2018 cuando comenzó todo, que su expediente se girara al fuero electoral y no al federal penal. No lo hizo hasta hace un año. En diciembre pasado, Servini escribió que, después de observar lo que sucedió en 2015, podrían existir “delitos de acción pública que exceden (…) el financiamiento partidario”. Era la propia jueza electoral la que sostenía que podrían haberse cometido delitos mucho más graves que los electorales. Es lo mismo que afirmaron siempre el juez Bonadio y el fiscal Stornelli.

La Cámara de Casación se metió con un tanque Panzer en territorios propios del tribunal oral que debe juzgar el caso de los cuadernos; este tribunal viene remoloneando, es cierto, desde hace cinco años con ese caso y no lo pone en marcha. Casación confirmó la significativa investigación del periodista Diego Cabot, pero con el precedente del caso Calcaterra ingresó en el reino de la impunidad. Pura contradicción. El tribunal oral reaccionó duramente ante la indebida invasión de Casación. Si bien hubo dos votos de la mayoría y uno de la minoría, los tres jueces de ese tribunal coincidieron en que los límites del juicio los fijó el fiscal Stornelli y esos límites deben ajustarse, hasta que no se pruebe lo contrario, al pago de sobornos por parte de empresarios a funcionarios públicos a cambio de favores del Estado. En el curso del juicio oral podrían surgir nuevas pruebas que agravarían o atenuarían la participación de cada uno de los imputados, pero no antes del juicio. Otras coincidencias de esos jueces consisten en que la resolución de Casación no está firme, y en que debió ser la Corte Suprema la que estableciera qué tribunal debía decidir sobre la apelación de Calcaterra. Si le correspondía al tribunal oral o a Casación. El juez Castelli decidió en minoría pedirle a la Corte Suprema que se avoque de inmediato a este caso y le envió una carta en ese sentido.

Funcionarios de la Corte Suprema señalaron que el máximo tribunal de justicia del país no tiene el expediente, que una carta no es suficiente para que se avoque al conflicto y que, en última instancia, siempre necesita un caso o un expediente para empezar el tratamiento de una cuestión. Cuando le llegue el expediente, la Corte deberá pedirle la opinión al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. En síntesis, no es un trámite que la Corte podrá terminar en horas o en muy pocos días.

La Justicia (y más precisamente la Cámara de Casación) estuvo a punto de caer en otro escándalo, del que la salvó una casualidad política. Hace dos semanas, la Corte Suprema anuló la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el caso Oil Combustible; esos empresarios cometieron directamente una defraudación al Estado porque se quedaron con los impuestos que recaudaban cuando vendían naftas. La denuncia fue producto de una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en LA NACION. La absolución de López y De Sousa la habían dispuesto los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, dos de los tres que acaban de beneficiar a Calcaterra. La Corte hizo suyo el dictamen del procurador Casal, que fue durísimo con López y De Sousa, y le ordenó a Casación una nueva sentencia. El caso recayó en los jueces de esa cámara Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar. Formalmente, el caso de López y De Sousa prescribió anteayer. La culpa no es de esta nueva sala de Casación. La anterior sala tuvo el caso durante tres años. Como se ve, las tardanzas de la Justicia no son inofensivas ni neutrales. Pero resulta que el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray, imputado y condenado en esta causa, fue funcionario de la Aduana durante un año en el gobierno de Alberto Fernández. La condición de funcionario de Echegaray suspendió el plazo de la prescripción; esa sala tiene ahora un año más para decidir. Alberto Fernández no le puede decir que no a nadie; hizo tantos favores que terminó perjudicando, sin querer, a sus amigos López y De Sousa. Sin embargo, todo se agrava cuando es la Justicia la que por una vía u otra está buscando darles a los empresarios un indulto encubierto. Solo hubo funcionarios que cobraron coimas. ¿Las pagó una mano invisible? Los fantasmas no existen.

* Para La Nación