El Gobierno aclara los criterios de ARCA para la recategorización de monotributistas

• ARCA no considera transferencias personales para recategorizar monotributistas
• El control se centra en cobros comerciales realizados por medios electrónicos
• Si hay diferencias, el contribuyente tiene 15 días para justificar los ingresos
• No se reportan transferencias por debajo de $50 millones mensuales
• La recategorización es semestral y puede ser voluntaria o de oficio
• El Gobierno desmintió versiones sobre un uso ilegal de datos de billeteras virtuales

En medio de versiones que generaron inquietud entre pequeños contribuyentes, el Gobierno salió a precisar los alcances de los controles que realiza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el régimen simplificado. La aclaración apuntó a desactivar temores sobre una eventual recategorización automática basada en transferencias personales o movimientos familiares a través de billeteras virtuales.

La polémica comenzó tras difundirse información que sugería que el organismo podría recategorizar monotributistas cuando existieran diferencias entre los montos facturados y los ingresos detectados en medios de pago digitales. Frente a ello, la Oficina de respuesta oficial intervino para fijar posición y detallar el procedimiento vigente.

Según explicaron desde el Ejecutivo, ARCA no toma en cuenta transferencias personales —como préstamos entre particulares, regalos, propinas o dinero propio transferido entre cuentas del mismo titular— para evaluar la categoría de un contribuyente. El foco, subrayaron, está puesto exclusivamente en operaciones comerciales cobradas a través de instrumentos formales como tarjetas de crédito, débito o códigos QR.

“El análisis se concentra en cobros comerciales, no en transferencias personales”, indicaron fuentes oficiales. Cuando el organismo detecta que un monotributista percibió por medios electrónicos un monto superior al que declaró como facturación, se activa un procedimiento administrativo que incluye una notificación formal. A partir de ese momento, el contribuyente dispone de 15 días para presentar la documentación respaldatoria que justifique esos ingresos.

Solo en caso de que no exista una explicación consistente o no se aporte la información requerida, podría corresponder una recategorización de oficio. Es decir, no se trata de un ajuste automático ni inmediato, sino de un proceso que contempla la posibilidad de descargo.

Otro de los puntos aclarados refiere al alcance de la información que recibe el organismo sobre transferencias bancarias. De acuerdo con la explicación oficial, los datos vinculados a transferencias se reportan únicamente a partir de montos considerados “muy elevados”. En concreto, ARCA no recibe información sobre transferencias inferiores a los 50 millones de pesos mensuales. Con este dato, el Gobierno buscó despejar la idea de un monitoreo masivo de movimientos cotidianos entre cuentas personales.

En ese sentido, insistieron en que no se recategoriza a un monotributista por dinero proveniente del ámbito familiar ni por simples movimientos internos de fondos. El control se limita a ingresos comerciales que, eventualmente, no hayan sido facturados conforme a las normas del régimen simplificado.

La recategorización, recordaron desde la Oficina de respuesta oficial, es un mecanismo previsto por la normativa vigente y se habilita dos veces al año. Cada contribuyente puede realizarla de manera voluntaria, seleccionando la categoría que corresponda de acuerdo con su facturación real acumulada en los últimos doce meses.

Si el monotributista no cumple con esa obligación en los plazos establecidos, el organismo puede efectuar una recategorización de oficio, siempre en función de la información fiscal disponible. Este procedimiento no es nuevo ni excepcional, sino que forma parte de la administración habitual del sistema tributario simplificado.

Las autoridades también desmintieron de manera categórica las versiones que hablaban de un uso “ilegal” de datos de billeteras virtuales para modificar categorías. “Es falso que se utilicen transferencias personales o movimientos familiares para recategorizar”, remarcaron.

El episodio refleja el impacto que tienen las informaciones vinculadas al control fiscal en un universo amplio de pequeños contribuyentes, especialmente en un contexto de creciente digitalización de pagos. En ese escenario, la precisión sobre los criterios de fiscalización resulta clave para evitar interpretaciones erróneas y reducir la incertidumbre.

Con la aclaración oficial, el Gobierno buscó transmitir que el control apunta a garantizar la coherencia entre ingresos comerciales y facturación declarada, sin invadir la esfera de movimientos personales ajenos a la actividad económica alcanzada por el monotributo.