Milei prepara una reforma tributaria para 2026 con eje en la eliminación del impuesto al cheque y las retenciones

• Javier Milei anunciará una reforma tributaria para 2026
• El plan incluye eliminar el impuesto al cheque y las retenciones
• La iniciativa fue diseñada por Luis Caputo y Carlos Guberman
• Se proyectan cambios en Ganancias e IVA con foco en simplificación
• El impuesto a los combustibles tendrá actualizaciones mensuales
• El Gobierno buscará un nuevo pacto fiscal con las provincias

El presidente Javier Milei anticipará en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso su intención de avanzar con una reforma tributaria integral durante 2026. El anuncio, que formará parte de su discurso ante la Asamblea Legislativa, incluirá dos objetivos centrales: la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios y la supresión de los derechos de exportación, siempre que la evolución de las variables macroeconómicas lo permita.

La iniciativa no es nueva dentro del oficialismo. Según fuentes cercanas al equipo económico, el proyecto fue diseñado desde el inicio de la gestión y se encuentra en los despachos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin embargo, hasta ahora su implementación se vio condicionada por dos factores: la prioridad de sostener el superávit fiscal y la necesidad de consolidar mayor fortaleza legislativa.

Con un escenario político que el oficialismo considera más favorable, la Casa Rosada entiende que se abre una ventana de oportunidad para discutir cambios estructurales en el sistema impositivo. La filosofía que guía la propuesta es la simplificación tributaria, bajo la premisa de reducir distorsiones, eliminar gravámenes de bajo rendimiento y promover un esquema más competitivo.

En esa línea, el Gobierno ya avanzó en la eliminación de tributos de escasa recaudación y en la reducción de regímenes de información y retención. Entre los antecedentes recientes se cuentan la supresión del impuesto a la transferencia de inmuebles y modificaciones en los impuestos internos, que quedaron acotados principalmente a bebidas alcohólicas, azucaradas y cigarrillos. También se derogaron gravámenes vinculados a determinadas operaciones inmobiliarias y alquileres.

El núcleo de la reforma apunta ahora al impuesto al cheque y a las retenciones a las exportaciones. En ambos casos, la estrategia podría ser gradual. El equipo económico evalúa continuar con reducciones parciales antes de su eliminación definitiva, en función del desempeño fiscal y del nivel de actividad. La lógica es evitar que la baja de ingresos comprometa el equilibrio de las cuentas públicas, considerado uno de los pilares del programa económico.

Además, se proyectan cambios en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. En el caso de Ganancias corporativas, el objetivo sería reducir la alícuota al 25%, en línea con el esquema vigente para grandes inversiones. En cuanto al IVA, se analiza avanzar hacia una alícuota uniforme que reemplace el actual esquema escalonado. La meta, si el frente fiscal lo habilita, sería converger hacia un nivel cercano al 18% o 19%, acompañado por la eliminación de exenciones.

También se mantiene en estudio la posibilidad de implementar un IVA “dual”, con una porción de la recaudación asignada a la Nación y otra a las provincias. No obstante, esta alternativa requiere consensos políticos amplios y continúa bajo análisis técnico.

En paralelo, el Gobierno prevé actualizar mensualmente el impuesto a los combustibles, con el objetivo de recomponer su peso relativo en la recaudación sin generar impactos inflacionarios significativos. Actualmente, ese tributo representa aproximadamente la mitad de lo que aportaba históricamente en términos del Producto Bruto Interno, tras años de ajustes por debajo de la inflación.

Otro capítulo clave será la relación fiscal con las provincias. Con un Congreso renovado y un mapa político que el oficialismo considera más alineado, se buscará avanzar en un nuevo pacto fiscal que limite la presión de tributos provinciales y municipales, como Ingresos Brutos y la tasa de Seguridad e Higiene. La intención es promover una reducción gradual de esas cargas para acompañar el proceso de alivio tributario nacional.

La reforma de la Ley de Coparticipación Federal, en cambio, aparece como un desafío de mayor complejidad, dado que requiere el acuerdo unánime de las jurisdicciones. En el oficialismo admiten que esa discusión podría quedar supeditada a un escenario político aún más consolidado.

Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la voluntad de avanzar con estos cambios estuvo presente desde el primer día de gestión, pero los tiempos económicos y políticos obligaron a postergar su presentación integral. Ahora, con indicadores más estables y un mayor respaldo legislativo, el Gobierno se prepara para abrir el debate sobre una de las transformaciones estructurales más ambiciosas de su programa.