Crisis sanitaria en Santa Fe: la Provincia denuncia recortes de Nación y un colapso creciente en el sistema público

El sistema de salud de Santa Fe atraviesa un escenario cada vez más exigente. Autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe expusieron un cuadro crítico marcado por demoras, recortes y discontinuidad en el envío de fondos e insumos desde el gobierno nacional.

La ministra Silvia Ciancio fue contundente al describir el impacto de estas medidas. Según explicó, la gestión de Javier Milei avanzó con ajustes “sin consenso ni anuncio formal”, lo que generó un fuerte aumento en la demanda del sistema público.

El dato más significativo es el salto en la cantidad de atenciones: de 9 millones en 2022 a 13 millones en 2025. Este incremento no solo responde a personas sin cobertura, sino también a pacientes con obra social que comenzaron a volcarse al sistema estatal.

“Más del 52% de la población tuvo contacto con nuestro sistema de salud”, detalló Ciancio, en referencia a los 3,5 millones de habitantes de la provincia. De ese total, el 72% corresponde a personas sin cobertura médica, mientras que el 28% restante sí cuenta con algún tipo de seguro de salud.

Uno de los puntos más sensibles está vinculado a los afiliados de PAMI. Según la funcionaria, el 25,2% de quienes demandan atención en hospitales públicos pertenecen a ese sector, lo que —aseguró— refleja una “responsabilidad directa” del Estado nacional por la falta de respuesta.

El panorama también se vuelve más complejo al analizar la infraestructura disponible. Ciancio indicó que cerca del 60% de los nacimientos se realizan en el sistema público y que solo 48 clínicas privadas con internación están habilitadas en toda la provincia, que cuenta con 365 localidades. En muchos distritos, advirtió, la salud pública es la única opción.

A esto se suma la problemática del abastecimiento de medicamentos. Desde la cartera sanitaria señalaron que Nación redujo o interrumpió envíos en áreas críticas, como tratamientos para pacientes oncológicos y trasplantados. Además, el programa Remediar sufrió una reducción del 50% en los botiquines distribuidos.

Frente a este escenario, la Provincia implementó mecanismos de compra centralizada para garantizar el suministro y contener costos. Según Ciancio, esta estrategia permitió generar ahorros y sostener la provisión en un contexto adverso.

La falta de previsibilidad es otro de los problemas señalados. El secretario de Administración del Ministerio, Guillermo Álvarez, advirtió que los envíos de medicamentos para trasplantados se redujeron en un 40%, lo que obliga a acelerar procesos de compra ante el riesgo que implica la interrupción de tratamientos.

“Hay una incertidumbre total. Si no se actúa rápido, se pone en riesgo la vida de las personas”, sostuvo, al tiempo que marcó diferencias entre la gestión provincial y la nacional en el abordaje del sistema sanitario.

Las dificultades también alcanzan a la salud sexual: durante el último año, la provincia no recibió preservativos desde Nación, lo que obligó a cubrir esa demanda con recursos propios.

En este contexto, desde el gobierno santafesino insisten en que la salud pública dejó de ser solo un servicio para sectores vulnerables y pasó a convertirse en un sostén cada vez más amplio de la población. Una tendencia que, advierten, podría profundizarse si no se revierten los recortes y la falta de coordinación con el Estado nacional.