Trapitos bajo la lupa: el Senado avaló una ley clave pero traslada el control a los municipios

La regulación de los cuidacoches en la provincia de Santa Fe avanzó un casillero importante en la Legislatura, aunque con un cambio sustancial respecto de la idea original. El Senado dio media sanción a un proyecto que redefine el enfoque: la aplicación de la norma quedará principalmente en manos de los gobiernos locales.

Impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la iniciativa incorpora la actividad al Código de Convivencia provincial y la encuadra como contravención en determinadas situaciones, habilitando la intervención del Estado. Sin embargo, lo hace bajo un esquema descentralizado, donde los municipios tendrán el rol central en el control y la ejecución.

El giro no es menor. El texto original contemplaba una participación más directa del Ejecutivo provincial, pero esa lógica fue modificada para evitar superposiciones de competencias y posibles conflictos de jurisdicción. La definición se terminó de consolidar tras una reunión clave entre legisladores oficialistas y funcionarios del gabinete, donde se fijó una postura clara: el control del espacio público corresponde a cada municipio.

Desde el oficialismo, nucleado en Unidos, señalaron que hubo acuerdo interno para avanzar con este criterio, luego de un debate que venía mostrando tensiones. Uno de los ejes de discusión fue el impacto que tendría la implementación en términos de recursos policiales, judiciales y económicos.

El autor del proyecto, Ciro Seisas, destacó que la norma crea una herramienta legal que permitirá a cada localidad decidir cómo actuar frente a la actividad. En paralelo, en la Cámara de Diputados existen otras iniciativas que dialogan con este enfoque, presentadas por Walter Ghione y Ximena García.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el rol acotado de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. La ley prevé que su intervención no sea permanente, sino limitada a casos en los que se configuren contravenciones o delitos. En esa línea, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, impulsó la idea de evitar una sobrecarga del sistema, dejando el control cotidiano en manos de los municipios.

El esquema, planteado como una “ley marco”, también abre la puerta a distintas formas de aplicación según cada distrito. Esto permitirá desde posturas más restrictivas hasta modelos de regulación más flexibles, adaptados a la realidad local.

Además, la iniciativa incorpora una dimensión social: contempla la posibilidad de que personas que hoy desarrollan la actividad sin antecedentes penales puedan acceder a programas de capacitación e inserción laboral, en articulación con sectores públicos y privados.

Aun así, dentro del propio oficialismo reconocen que la norma no resolverá el problema de manera inmediata. La expectativa está puesta en la implementación, que será el verdadero termómetro de su eficacia.

Con la media sanción ya otorgada, el proyecto deberá ahora ser tratado en Diputados. Allí se pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para sostener los acuerdos alcanzados y avanzar hacia una ley que busca equilibrar regulación, seguridad y autonomía municipal en un tema sensible para la vida cotidiana.