



La distancia política entre Lisandro Mársico y el intendente Leonardo Viotti ya no se disimula: crece, se profundiza y empieza a tomar forma de estrategia electoral. Lo que hasta hace poco eran matices dentro de una misma coalición, hoy se traduce en una confrontación abierta, con un objetivo claro: construir volumen propio de cara a la próxima disputa por la intendencia de Rafaela.
El nuevo capítulo de esta historia se escribe en el Concejo Municipal. Allí, Mársico decidió redoblar la apuesta y avanzar con un proyecto de resolución que propone rechazar en su totalidad el veto del Departamento Ejecutivo a la ordenanza 5643, una iniciativa impulsada por el propio concejal y vinculada a la implementación de cortinas forestales en el área periurbana.
No se trata solo de un debate técnico o ambiental. Es, en esencia, un movimiento político. Mársico no solo cuestiona el veto: busca propinarle una derrota directa al intendente, marcando territorio y dejando en claro que ya no juega dentro del mismo esquema de poder.
De las diferencias a la ruptura
Las tensiones no son nuevas. Ya en 2021, cuando se discutió la ordenanza 5331, habían quedado expuestas diferencias de criterio entre ambos dirigentes. En aquel momento, se impuso la visión de Viotti, que compartía bloque con Mársico. Pero el paso del tiempo, la falta de implementación efectiva de aquella norma y el cambio en el escenario político terminaron por dinamitar ese equilibrio precario.
Hoy, en el entorno de Mársico hablan directamente de diferencias “irreconciliables”. Y los hechos parecen confirmar esa lectura: el concejal no solo insiste con su propia agenda, sino que confronta de manera frontal con los argumentos del Ejecutivo.
El veto, en el centro de la disputa
El proyecto presentado por Mársico cuestiona de manera integral los fundamentos del veto oficial, que se apoyan en cuatro ejes: una supuesta regresión ambiental, el impacto en los recursos públicos, el riesgo de paralización por falta de consensos y el eventual compromiso financiero del municipio.
Desde el Concejo, la respuesta es contundente: el veto debe ser rechazado porque la ordenanza 5643 no implica un retroceso, sino todo lo contrario. Según el texto, es la primera herramienta que haría posible cumplir efectivamente con la política ambiental.
El argumento central es demoledor: la verdadera regresión no está en la nueva norma, sino en los cuatro años de incumplimiento de la ordenanza 5331, que —según se afirma— terminó vaciada de contenido real.
Además, se introduce un concepto clave: la “regresión de hecho”. Es decir, una norma que no puede aplicarse en la práctica no protege absolutamente nada. En esa línea, el proyecto sostiene que la nueva ordenanza no modifica los estándares ambientales, sino los mecanismos para hacerlos viables.
Producción, crisis y realismo
Otro punto fuerte del planteo de Mársico es el contexto productivo. El departamento Castellanos atravesó emergencias agropecuarias durante 2022, 2023 y 2024, lo que —según se argumenta— afectó tanto a los productores como a la posibilidad material de desarrollar las cortinas forestales.
Bajo ese escenario, sostener plazos rígidos equivaldría a imponer obligaciones de cumplimiento imposible. Y esa, justamente, es la crítica de fondo: una política pública que no contempla la realidad termina siendo, en los hechos, una ficción normativa.
El rol del Estado, bajo la lupa
El proyecto también pone el foco en el incumplimiento del propio municipio. Recuerda que la ordenanza original ya obligaba al Estado local a colaborar con la provisión de especies, algo que nunca se concretó.
Por eso, el planteo es claro: si las cortinas forestales son una política de salud pública, su financiamiento debe ser entendido como una inversión estructural, al mismo nivel que cualquier obra pública.
Más aún, se destaca que el presupuesto 2026 ya prevé partidas para este fin, lo que debilita uno de los argumentos centrales del veto.
Una disputa que trasciende lo ambiental
Detrás de la discusión técnica, lo que emerge con nitidez es una pelea política de fondo. Mársico ya no actúa como un aliado crítico: se posiciona como un dirigente con agenda propia, dispuesto a diferenciarse y a construir una alternativa.
El rechazo al veto no es solo una cuestión normativa. Es una jugada de alto voltaje político. Si prospera, no solo reactivará la ordenanza 5643, sino que significará una derrota concreta para Viotti en el ámbito legislativo.
Y ese escenario es, precisamente, el que empieza a delinear el futuro: un Mársico cada vez más distante del intendente, decidido a despegarse para competir, y una relación que parece haber cruzado un punto de no retorno.
Cuenta regresiva
El tema ingresará formalmente al Concejo y será tratado en la sesión del jueves 9 de abril, luego del correspondiente despacho en comisión tras los feriados de Semana Santa.
Hasta entonces, el oficialismo apuesta a una eventual reglamentación de la ordenanza de 2021 como gesto político que permita descomprimir el conflicto. Pero del lado de Mársico la decisión parece tomada.
La distancia ya no es táctica. Es política, estratégica y, sobre todo, electoral. Y en Rafaela, todos empiezan a mirar ese movimiento con una certeza: la carrera por la intendencia ya empezó.







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