El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindaron detalles sobre el avance de la investigación por el ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años asesinó a un estudiante de 13 e hirió a otros jóvenes.
Durante la conferencia, ambos funcionarios coincidieron en que el caso no responde a un hecho aislado, sino que se inscribe en un fenómeno más amplio vinculado a subculturas digitales violentas de alcance internacional.
Pullaro destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales, organismos federales, el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia Federal. En ese marco, sostuvo que los indicadores de delito en la provincia se encuentran en niveles bajos, producto de una estrategia coordinada.
El mandatario remarcó que el agresor no presentaba antecedentes de bullying ni atravesaba un cuadro psicótico, sino que estaba vinculado a una comunidad digital conocida como TCC (True Crime Community), un entramado online que promueve la fascinación por crímenes violentos y, en algunos casos, su imitación. “Es un fenómeno nuevo que nos obliga a repensar herramientas de prevención”, advirtió.
También valoró la respuesta de la comunidad educativa local, que logró sostener el funcionamiento de las escuelas tras el impacto del hecho y avanzar en un proceso de recuperación gradual.
Por su parte, Monteoliva subrayó la necesidad de abordar este tipo de casos con cautela, pero también de visibilizar el problema. Según indicó, en el país ya se detectaron al menos 15 situaciones vinculadas a estas subculturas digitales, mientras que otras permanecen bajo análisis.
“No estamos frente a episodios aislados ni explicados por el bullying. Son comunidades virtuales que reúnen a jóvenes alrededor de la fascinación por la violencia extrema”, explicó la funcionaria, quien planteó la necesidad de una respuesta integral que involucre a familias, escuelas y distintos actores sociales.
En la investigación también intervienen el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni, autoridades de la Policía Federal Argentina y especialistas en delitos complejos.
El responsable de la unidad antiterrorista, Guillermo Díaz, detalló que el caso avanzó a partir del análisis de redes sociales y peritajes digitales. El estudio del teléfono del agresor permitió detectar vínculos con otros menores y abrir nuevas líneas de investigación.
Según explicó, estas comunidades son redes descentralizadas y transnacionales, donde adolescentes comparten contenidos que glorifican hechos violentos y, en algunos casos, planifican ataques. También se identificaron conexiones con otras corrientes digitales de riesgo, como grupos conocidos como “incels”.
El caso encendió alarmas sobre una problemática emergente que trasciende fronteras y plantea nuevos desafíos para los sistemas de seguridad, educación y contención social, en un contexto donde la violencia puede gestarse y amplificarse en entornos virtuales difíciles de controlar.
