Fuerte rechazo opositor al acuerdo entre Jorge Macri y La Libertad Avanza para impulsar la Ley Hojarasca

• Fuerza por Buenos Aires cuestionó el acuerdo entre Jorge Macri y La Libertad Avanza para avanzar con la Ley Hojarasca.
• La oposición sostiene que el proyecto elimina regulaciones vinculadas a la defensa del consumidor y controles alimentarios.
• También advirtió sobre posibles efectos en jardines maternales, economía social y actividad turística.
• El bloque rechazó la derogación de normas relacionadas con remises y movilidad sustentable.
• Existen cuestionamientos por la eliminación de regulaciones que protegen espacios verdes públicos.
• La discusión promete profundizar el debate político sobre los límites de la desregulación en la Ciudad de Buenos Aires.

El bloque Fuerza por Buenos Aires expresó duras críticas contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de que el oficialismo avanzara junto a La Libertad Avanza en el impulso de la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa que propone la derogación de numerosas normas vigentes en la Ciudad de Buenos Aires bajo el argumento de simplificar y modernizar el entramado regulatorio.

Desde la bancada opositora advirtieron que el proyecto excede ampliamente una mera revisión administrativa y sostuvieron que, detrás de la propuesta, se esconden modificaciones que afectan áreas sensibles vinculadas al consumo, la educación, la economía social, el transporte, el turismo y la preservación de espacios públicos.

Las críticas fueron difundidas a través de distintos pronunciamientos públicos en los que los legisladores cuestionaron la decisión del gobierno porteño de acompañar una agenda de desregulación que, según afirman, implica la eliminación de herramientas de control y protección construidas durante años.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la derogación de normas relacionadas con el control de góndolas y la cadena de frío de determinados productos alimenticios. Desde Fuerza por Buenos Aires señalaron que estos mecanismos cumplen una función importante en materia de defensa de los consumidores y transparencia comercial, especialmente en productos sensibles como lácteos y derivados. En ese sentido, sostuvieron que si alguna regulación requiere actualización, el camino debería ser su modernización y no su eliminación sin una alternativa superadora.

Otro de los puntos que generó preocupación es la propuesta de eliminar exigencias vinculadas a la habilitación de jardines maternales y establecimientos educativos no oficiales destinados a niños de corta edad. Para la oposición, la medida implica reducir controles vinculados a condiciones edilicias y de seguridad en espacios que reciben a bebés y niños pequeños, una situación que consideran especialmente delicada por la población involucrada.

La discusión también alcanzó a las políticas de promoción de la economía social. Los legisladores cuestionaron que la iniciativa contemple la derogación de un régimen destinado a fomentar cooperativas, emprendimientos asociativos y otras formas de organización económica. Según plantearon, la decisión llega en un contexto complejo para el empleo y la actividad económica, por lo que entienden que el debate debería orientarse a mejorar las herramientas existentes y no a suprimirlas.

El turismo aparece como otro de los sectores alcanzados por las modificaciones propuestas. La oposición advirtió que la eliminación del Registro de Guías de Turismo podría generar consecuencias negativas tanto para los trabajadores de la actividad como para los visitantes que recorren la Ciudad. A su criterio, cualquier cambio en ese esquema debería formar parte de una discusión integral sobre políticas turísticas y laborales.

Las objeciones también abarcan el transporte. En particular, Fuerza por Buenos Aires manifestó su rechazo a la eliminación del régimen regulatorio de remises, al considerar que se trata de una actividad que requiere mecanismos de control vinculados a la seguridad de los usuarios y la transparencia de las tarifas. Los legisladores sostienen que el debate debería incluir además la situación de taxis y plataformas digitales dentro de una reforma más amplia del sistema de movilidad urbana.

Otro aspecto señalado por el bloque opositor está relacionado con la movilidad sustentable. Según afirmaron, algunas de las normas incluidas en la Ley Hojarasca constituyen la base legal de políticas destinadas a promover ciclovías, conexiones intermodales y alternativas de transporte menos contaminantes. Por ello, consideran que la derogación de esas herramientas podría representar un retroceso respecto de objetivos que incluso fueron promovidos por distintas administraciones porteñas.

A las críticas se suma la preocupación por la eliminación de regulaciones vinculadas a la protección de espacios verdes públicos. Desde la oposición vincularon esta situación con recientes procesos de concesión de sectores de parques y espacios recreativos, alertando sobre una eventual flexibilización de los mecanismos de control sobre esos bienes públicos.

Más allá de los aspectos específicos del proyecto, Fuerza por Buenos Aires cuestionó la metodología elegida para avanzar con la iniciativa. Los legisladores coincidieron en que la revisión periódica de las normas vigentes es una tarea necesaria de cualquier cuerpo legislativo, pero advirtieron que un proceso de derogación masiva sin un análisis detallado de cada caso puede generar consecuencias no deseadas y afectar políticas públicas que continúan teniendo vigencia.

Mientras el oficialismo defiende la necesidad de reducir regulaciones consideradas obsoletas, el debate promete intensificarse en la Legislatura porteña, donde la iniciativa ya comenzó a generar un fuerte enfrentamiento político entre quienes impulsan una mayor desregulación y quienes advierten sobre el impacto que esa decisión podría tener en distintos ámbitos de la vida cotidiana de los porteños.