


El Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de discapacidad que garantiza pensiones, prestaciones y actualización de haberes
POLÍTICA20 de noviembre de 2026 Agencia de Noticias del Interior
- El Senado aprobó la nueva ley de discapacidad con 71 votos afirmativos y sin rechazos.
- La norma reemplaza el esquema de emergencia que vence el 31 de diciembre.
- Las pensiones no contributivas equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio.
- Se mantiene la compatibilidad entre pensiones y empleo formal hasta dos salarios mínimos.
- El Gobierno deberá garantizar financiamiento, actualización de ingresos y cancelación de deudas con prestadores.
- Las auditorías periódicas deberán respetar procedimientos de notificación, defensa y rehabilitación provisoria.
El Congreso dio un paso decisivo para establecer un nuevo marco legal en materia de discapacidad. El Senado convirtió en ley, por 71 votos afirmativos y ninguno en contra, una iniciativa que busca reemplazar el régimen de emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de diciembre. La norma establece garantías para los beneficiarios de pensiones no contributivas, asegura la continuidad de prestaciones esenciales y fija mecanismos de financiamiento y control para dar mayor previsibilidad al sistema.
La aprobación fue el resultado de un amplio acuerdo político que permitió sostener buena parte de las disposiciones que la oposición y los bloques dialoguistas habían conseguido incorporar durante el tratamiento en Diputados. Entre los aspectos centrales se encuentran el mantenimiento de las pensiones por discapacidad, su actualización para evitar la pérdida del poder adquisitivo, la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y la aplicación de un arancel unificado.
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto y miembro informante del proyecto, defendió la necesidad de abandonar el esquema de emergencia. Sostuvo que su prolongación genera incertidumbre entre los beneficiarios y los prestadores, y argumentó que el objetivo debe ser construir un sistema permanente, con reglas estables y previsibilidad financiera.
Desde la oposición, Alicia Kirchner advirtió que la sanción de la norma representa un avance necesario, aunque manifestó preocupación por las dificultades que podría enfrentar su implementación. En particular, cuestionó la capacidad operativa de las oficinas de la ANSeS para atender las necesidades de los beneficiarios y señaló que existen 427 centros distribuidos en todo el país, con una concentración del 42,9% en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los puntos fundamentales de la nueva legislación es la continuidad de las pensiones no contributivas, que equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo el instrumento principal para acreditar la condición y acceder al beneficio.
Además, se conservará la compatibilidad entre la percepción de la pensión y el empleo registrado. De esta manera, las personas con discapacidad podrán incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. La disposición apunta a evitar que el acceso a un trabajo formal se convierta en un impedimento para mantener la cobertura económica.
La ley también garantiza el acceso a las prestaciones básicas de salud contempladas en la normativa 24.901, a través del Programa Incluir Salud. Para asegurar el financiamiento, establece partidas presupuestarias específicas dentro del Ministerio de Salud y contempla compensaciones del Tesoro cuando los recursos asignados resulten insuficientes. También incorpora una garantía para impedir que el ingreso de los beneficiarios pierda capacidad adquisitiva frente al año anterior.
En materia de fiscalización, se establecen auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el intercambio de información con la ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS. Ante incumplimientos objetivos podrá disponerse la suspensión preventiva de una prestación, aunque el procedimiento deberá garantizar notificaciones, derecho de defensa y mecanismos de rehabilitación provisoria.
La discusión también puso en primer plano las obligaciones pendientes con los prestadores. La legislación determina que, si existen deudas acumuladas al momento de su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo máximo de 90 días.
El senador Pablo Bensusán reclamó atención sobre esos compromisos y sobre el funcionamiento de las futuras auditorías. En la misma línea, Maximiliano Abad puso el acento en la necesidad de garantizar que las disposiciones puedan ejecutarse correctamente y que los beneficiarios no deban recurrir a la Justicia para obtener respuestas.
La cuestión presupuestaria fue otro de los ejes de la sesión. Guillermo Andrada mencionó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculan un costo de 600.000 millones de pesos para el año en curso, mientras que Monteverde hizo referencia a una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.
La radical Mariana Juri, por su parte, advirtió que las dificultades de financiamiento no comenzaron con la actual administración y reclamó que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para sostener el nuevo régimen. Su planteo apuntó a evitar que la sanción legislativa quede desvirtuada por la falta de partidas específicas.
En los cierres, Martín Goerling sostuvo que la dignidad de las personas con discapacidad no puede depender de una emergencia con fecha de vencimiento. Juliana di Tullio cuestionó la política de auditorías del Gobierno y denunció deudas millonarias con los prestadores, mientras que Patricia Bullrich reivindicó el acuerdo político alcanzado y reconoció que los distintos sectores habían planteado argumentos atendibles durante la discusión.
Con la aprobación unánime, el Senado dejó establecido un nuevo marco para el sistema de discapacidad. Sin embargo, el desafío central comenzará con su aplicación: garantizar los recursos, regularizar las deudas, sostener las prestaciones y asegurar que los derechos reconocidos por la ley tengan una respuesta efectiva en todo el país.


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