Maximiliano Pullaro bancó dos pliegos y jugó a fondo en otro round contra el Poder Judicial

El gobierno de Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura la terna para integrar la flamante Cámara de Ejecución Penal, un organismo judicial clave para su política de seguridad. Los nombres generaron críticas soterradas en el Poder Judicial, con quien la relación es más que tirante, mientras que el Ejecutivo defiende con uñas y dientes el perfil del terceto elegido.

Dos de esos nombres, la fiscal de Rosario Valeria Haurigot y su par de Venado Tuerto Horacio Pueyrredón, habían sido reprobados en la primera parte del concurso de selección por el tribunal evaluador. Ambos impugnaron la decisión y el gobierno resolvió a su favor. Así pudieron llegar al final del concurso y quedar en la lista que el Consejo de la Magistratura elevó al Ejecutivo. El tercer pliego es del defensor oficial de Santa Fe, Mario Guedes.
 
“Si dejábamos que esto pasara, nos perforaban la política de seguridad”, explicó un funcionario muy cercano al gobernador de Santa Fe. “Estamos haciendo algo que nadie hizo, ordenamos las cárceles desde el mismo día que entramos, tenemos funcionarios y fiscales que se juegan la vida, que viven amenazados. No vamos a invertir miles de millones en cárceles de máxima seguridad para que una jueza o juez desde un escritorio te digan que no podés aislar a un preso que manda a matar gente desde adentro porque se vulneran sus derechos. A Pullaro no lo van a agarrar de boludo”, subrayó.

La apuesta de Maximiliano Pullaro
El concurso de donde salieron seleccionados Haurigot, Pueyrredón y Guedes es el primero convocado por el gobierno de Unidos. Se descuenta que usará su mayoría para aprobar los pliegos. Un detalle que refleja la distancia entre Pullaro y el Colegio de Magistrados: eligió dos fiscales y un defensor y dejó de lado jueces y juezas con trayectoria en el fuero penal.

La Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria fue creada en enero pasado por ley a iniciativa del actual gobierno y tiene características excepcionales, porque dos vocales tendrán asiento en Rosario y uno en Santa Fe, pero tendrán competencia territorial indistinta en las cinco jurisdicciones. Es decir, una única cámara para toda la provincia. La idea del gobierno es que sea la que oriente la política judicial en materia carcelaria que se ejecuta en primera instancia en línea con la dirección de la política de seguridad y penitenciaria que defina el Poder Ejecutivo.
El gobernador Pullaro ideó ese tribunal como el órgano judicial rector de la política carcelaria, que de diciembre hasta aquí fue determinante en la abrupta caída de homicidios y delitos violentos, según afirma el gobierno. La cantidad de crímenes en el departamento están alrededor de un 60% por debajo de 2023.

La promoción de Haurigot, Guedes y Pueyrredón es resultado de una valoración política del perfil de los postulantes por encima de todo, al punto que en el orden de mérito sugerido por el Consejo de la Magistratura quedaron 8°, 9° y 12° respectivamente.

El concurso se hizo con el anterior reglamento de selección, donde el listado final tiene un orden de mérito sugerido, pero no vinculante. En el nuevo reglamento, ese orden de mérito se reemplazó por una enumeración de quienes aprobaron por orden alfabético.

El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, defendió lo nombres elegidos: "El Consejo de la Magistratura hizo una evaluación técnica y nosotros además hacemos una valuación más sensible porque nos jugamos la política penitenciaria de las próximas décadas".

¿Intervención política o maniobra contra Maximiliano Pullaro?
Haurigot es fiscal en Rosario. Pullaro tiene una altísima valoración de su tarea y la considera entre las mejores. Para muchos era nombre puesto desde antes que se iniciara el concurso, pero su camino tuvo un traspié cuando el tribunal evaluador la eliminó a mitad del concurso.

La misma situación ocurrió con Pueyrredón. Fiscal de Venado Tuerto, su nombre también era mencionado desde el principio. "El Chano”, como se lo conoce, tiene buena valoración del gobernador, pero sobre todo del jefe político del departamento General López, senador de la UCR con licencia y ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Leonel Chiarella, intendente radical de Venado, es otro que tiene altísima consideración por su labor. Se lo considera de menor solvencia técnica que Haurigot y Guedes, pero se le destaca que “siempre va al frente” y “su dedicación y compromiso”.

Un incidente colateral: la elección de “El Chano” le generó a Pullaro un cortocircuito con Enrico y Chiarella, que querían conservarlo en el departamento y la ciudad. De hecho pretendían empujarlo a fiscal regional en lugar de Matías Merlo, quien hoy ejerce doble rol como fiscal regional de Venado Tuerto e interventor en Rosario.

Haurigot y Pueyrredón impugnaron la eliminación. El Ejecutivo las aceptó y pudieron continuar en carrera. Hicieron la entrevista oral y finalmente quedaron en la lista final de quienes superaron las pautas de evaluación que el Consejo de la Magistratura elevó al Ejecutivo.

Gobierno y Poder Judicial de Santa Fe, enfrentados
En el Ejecutivo están convencidos de que a Haurigot y Pueyrredón “los intentaron bajar del concurso a propósito” como parte de un mensaje de sectores del Poder Judicial, de “los que siempre manejaron estos concursos” y “se cansaron de poner amigos en la Justicia”.

El gobierno santafesino jugó fuerte para mantenerlos a flote dentro del concurso, algo que muy pocas veces ocurrió. Sabía que pagaría costos, que sería interpretada como una maniobra para poner a sus preferidos en la Justicia, que lo señalarían de forzar mecanismos institucionales y socavar la autoridad de un jurado evaluador que el propio gobierno convocó.

La respuesta del Ejecutivo es que todos sus movimientos estuvieron dentro de la ley y la potestad que le otorga la Constitución. Y que jugó como jugó porque estaban poniendo a prueba su carácter político e intentando condicionar su política de seguridad. De ahí la necesidad de dar una muestra de autoridad.

CON INFORMACION DE LETRAP.