Caso Edgardo Kueider: sentencia firme o luz verde a la Justicia por mano propia y la especulación política

La destitución del senador Edgardo Kueider representa un nuevo caso de Justicia por mano propia y demagogia al servicio de la ganancia política, dos males que podrían prevenirse con una reglamentación que no diera lugar a la especulación. Concretamente, con el requisito excluyente de la sentencia firme para disponer la expulsión de un integrante del Congreso imputado de un delito.

Kueider fue detenido ingresando a Paraguay con una mochila cargada de dinero sin declarar. La Justicia de ese país dispuso la prisión preventiva a partir de la determinación de que, al ser aprehendido, el senador estaba cometiendo el delito de contrabando.

Ahí está el punto: la flagrancia es el argumento que esgrimió el Senado para bajarle el martillo al legislador peronista convertido al mileísmo, acaso por obra y gracia de ese dinero sucio que cargaba en su mochila.

La medida le permitió al kirchnerismo, su principal impulsor, recuperar la banca que había perdido con la fuga del entrerriano y le restó un voto al oficialismo, que intentó evitarla hasta último momento a pesar de que el Gobierno de Javier Milei se jacta de haber llegado al poder para limpiar la cloaca de la casta.

Flagrancia no mata debido proceso para Edgardo Kueider

Con todo, el instituto de la flagrancia no supone la culpabilidad de la persona imputada, sino que la autoridad judicial considera que se estaba perpetrando un delito en el momento de su aprehensión.

Para esas circunstancias, la norma establece plazos abreviados, exprés, para la definición de la situación procesal de la persona aprehendida –la prisión preventiva con arresto domiciliario, en el caso de Kueider-, pero no suprime las garantías constitucionales del debido proceso, como el derecho a la defensa en juicio.

Sólo la sentencia firme quiebra el estatus de inocente del que gozan todas las personas y en ese punto no hay grises: si no se es culpable, se es inocente. Además, el artículo 18 de la Constitución establece que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo”. Se sabe: por fuera o por encima de la Constitución, nada.

Edgardo Kueider todavía no es perro

En definitiva, Kueider tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola: tiene toda la pinta de ser un perro. No importa: en el imperio del Estado de Derecho, las apariencias no alcanzan.

Hipótesis extrema: ¿qué pasaría si Kueider demostrara, en el ejercicio de su derecho a la defensa, que ingresó ese dinero negro a Paraguay bajo coerción, por caso, bajo la amenaza de represalias contra su familia si no accedía a trabajar de mula para una organización criminal?

Entonces, las preguntas:

¿Por qué el Poder Legislativo se arroga la facultad de declarar culpable a una persona que no ha tenido la chance de ejercer su defensa en juicio?

El argumento es que la destitución no es una condena judicial –penal, en el caso de Kueider- sino una sanción política derivada de consideraciones morales.

Si la presunta inhabilidad moral surge de la sospecha vehemente de una responsabilidad penal –de la comisión de un delito-, ¿el Congreso no debería, para disponer la sanción máxima contra uno de sus miembros, esperar a que la Justicia dictara esa sentencia firme que es la única medida que quiebra el estatus de inocente de una persona?

El alegato de Maximiliano Abad

Señalado como la oveja negra en un recinto que no vota por altruismo republicano sino, se sabe, por frío, pragmático y pedestre cálculo político, el radical Maximiliano Abad fundamentó su voto en contra de la destitución de Kueider –solitario en el bloque de la UCR- en el razonamiento afín al ensayado en esta nota.

“El Senado de la Nación se convirtió en juez frente al caso Kueider”, denunció y consideró que “para hacerlo de manera correcta debió seguir los mismos pasos que los tribunales: recopilar las pruebas, documentarlas, evaluarlas y luego dictaminar”.

“En lugar de actuar desde el lugar institucional que le corresponde como cámara alta del poder legislativo –agregó-, el Senado jugó para la tribuna. No se respetaron reglas ni procedimientos”.

“Hoy deberíamos haber suspendido y desaforado al senador Kueider, para despejarle el camino a la justicia -tanto de Paraguay como de Argentina- y permitir que progresara la investigación sin dilaciones, se consolidara el caso y, de esta manera, con respaldo judicial, avanzar con la expulsión”, expresó Abad en relación a la causa que tramita en el país vecino y la que instruye, por supuesto enriquecimiento ilícito, la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, en la que pidió el desafuero de Kueider para poder detener al senador.

Sólo una reglamentación severamente restrictiva, que contemple la sentencia firme como requisito excluyente para la destitución y un pedido expreso de una autoridad judicial para el desafuero, evitará que se repitan actos de Justicia por mano propia como el perpetrado este jueves por el Senado, revolcado en una orgía de hipocresía y especulación.

* Para www.letrap.com.ar