El oficialismo acelera la reforma laboral en extraordinarias mientras el peronismo prepara su propia ofensiva

• El Gobierno busca aprobar su reforma laboral durante las sesiones extraordinarias, entre el 10 y el 30 de diciembre.
• El proyecto circuló en dos versiones: una del Ministerio de Economía y otra de la Secretaría de Trabajo.
• La Libertad Avanza necesita acuerdos con aliados y gobernadores para garantizar la mayoría parlamentaria.
• El peronismo rechazará el texto oficial, al que considera una reedición del DNU 70/23, declarado inconstitucional.
• La oposición trabaja en su propia propuesta, que incluye reducción de jornada laboral y nuevas normas para el trabajo digital.
• El oficialismo aspira al menos a obtener una media sanción y podría presentar el proyecto primero en el Senado.

El Gobierno definió los plazos, las alianzas y la estrategia legislativa con las que buscará avanzar en su proyecto de reforma laboral durante las sesiones extraordinarias. Con un escenario parlamentario más favorable que en meses anteriores y con La Libertad Avanza convertida en la primera minoría de Diputados, la Casa Rosada encara una de las reformas más ambiciosas de su agenda económica. Sin embargo, aun con ese nuevo equilibrio de fuerzas, el oficialismo necesita acuerdos con partidos aliados y con gobernadores para alcanzar la mayoría necesaria. El peronismo, por su parte, ya anticipó que está dispuesto a discutir cambios en la legislación laboral, pero rechaza de plano el borrador que circuló y trabaja en su propia propuesta alternativa.

El proyecto —rebautizado por el Gobierno como “Modernización laboral”— llegó a los despachos del Congreso en dos versiones diferentes. La primera llevaba la firma del Ministerio de Economía y fue difundida de manera reservada entre diputados oficialistas y opositores. La segunda, que tomó estado público este viernes, fue elaborada por la Secretaría de Trabajo. Ambas redacciones comparten el espíritu reformista con el que la Casa Rosada busca modificar el régimen de indemnizaciones, los litigios laborales y el marco normativo del trabajo en plataformas digitales.

“Es una de las reformas importantes que la Argentina necesita para crecer”, señaló el diputado radical Lisandro Nieri, quien anticipó el acompañamiento de su bloque, aunque aclaró que el texto “requiere un estudio minucioso punto por punto”. Nieri participó de reuniones del Consejo de Mayo, el espacio donde el Gobierno intentó construir consensos iniciales. Sin embargo, tras la exposición del representante sindical Gerardo Martínez, la administración nacional dejó en claro que las opiniones allí expresadas no serían vinculantes.

La estrategia es clara: el Gobierno intentará aprobar el proyecto completo entre el 10 y el 30 de diciembre, aprovechando el margen que ofrecen las sesiones extraordinarias. Si no lo consigue, se conformará con obtener una media sanción. En ese escenario, fuentes parlamentarias señalan que la iniciativa podría ingresar primero al Senado, donde Patricia Bullrich presidirá la Comisión de Trabajo durante el debate. La exministra de Seguridad planea renunciar a esa función una vez que el proyecto avance, para concentrarse luego en la reforma del Código Penal, otro de los ejes centrales de la agenda oficial.

El peronismo responde: rechazo firme y contrapropuesta

La situación es distinta en el peronismo, que ya definió una estrategia legislativa conjunta con la CGT. Tras una cumbre realizada la semana pasada, los diputados justicialistas acordaron rechazar de manera integral el proyecto del Ejecutivo. “Es básicamente la transcripción, con retoques semánticos, del DNU 70/23, ya declarado inconstitucional”, afirmó el legislador y dirigente sindical Hugo Yasky. Las críticas del peronismo se centran en temas clave: la eliminación de multas por empleo no registrado, los cambios en las retenciones de aportes sindicales y la regulación del trabajo en plataformas digitales.

Pero el rechazo no llega solo: el espacio ya prepara una alternativa propia, que espera presentar desde el 1° de marzo, cuando se inicien las sesiones ordinarias. Las líneas centrales incluyen una reducción progresiva de la jornada laboral y una nueva legislación para proteger a quienes trabajan bajo modalidades tecnológicas, con garantías como el derecho a la desconexión digital, mecanismos de cobertura en caso de accidentes y un marco jurídico específico para monotributistas vinculados a plataformas.

El peronismo anticipa además que cualquier reforma laboral debe estar acompañada por un incremento sostenido del salario mínimo. Ese punto se vincula directamente con la política de “aumentos salariales dinámicos” impulsada por el actual Gobierno, aunque con objetivos claramente distintos: mientras el oficialismo busca flexibilizar regulaciones para dinamizar la contratación, la oposición justicialista se enfoca en consolidar un piso salarial que compense el deterioro de los ingresos.