Grabois, bajo presión: comedores “fantasma”, causas abiertas y un posible pedido de desafuero
- El Gobierno porteño dio de baja 40 comedores “fantasma” presuntamente vinculados al entorno de Juan Grabois.
- Rafael Klejzer, dirigente cercano a Grabois, aparece como nexo entre el diputado y los comedores cuestionados.
- Una fiscalización oficial halló sedes vacías que figuraban como operativas, algunas en edificios de “Sueños Compartidos”.
- En el Congreso podría impulsarse un pedido de desafuero para que la Justicia avance sin restricciones.
- Grabois enfrenta además una denuncia por presunta malversación de fondos del FISU en Mar del Plata.
- La situación abre un nuevo frente político y judicial para el dirigente social recién asumido como diputado.
El debut legislativo de Juan Grabois llega envuelto en un vendaval judicial y político que amenaza con escalar en el Congreso. A tan solo días de asumir como diputado, el dirigente social quedó en el centro de un escándalo que involucra a 40 comedores «fantasma» detectados por el Gobierno porteño, un entramado que apunta a su círculo más cercano y que podría desembocar en un pedido formal para retirarle los fueros parlamentarios.
La controversia se disparó luego de que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunciara la baja de decenas de comedores supuestamente vinculados a la estructura del flamante legislador. Según trascendió en LN+, la investigación judicial iría “con todo” contra Grabois, quien —siempre según estas versiones— intentaría evitar que su teléfono celular quede bajo análisis en el expediente. El caso tiene como figura clave a Rafael Klejzer, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y socio político directo de Grabois.
Klejzer aparece como el principal enlace entre el diputado y los espacios solidarios que figuraban como activos en la Ciudad, pero que —según verificó una fiscalización oficial— no estaban funcionando. En uno de los puntos señalados, ubicado en un inmueble de “Sueños Compartidos”, la inspección reveló un local vacío que conservaba simbología de «La Dignidad», agrupación vinculada al MTE. Esa constatación reforzó la hipótesis acerca de una red administrada desde el espacio de Grabois que habría operado con sedes inexistentes para solicitar recursos o justificar actividad social que no se estaba llevando adelante.
El ministro de Desarrollo Humano porteño, Gabriel Mraida, explicó que el hallazgo de los “40 fantasmas” fue resultado de un operativo que incluyó controles presenciales y el uso de una aplicación móvil destinada a auditar la prestación alimentaria. Aunque Grabois no figura nominalmente en los registros administrativos, la investigación periodística realizada por Luis Gasulla sostiene que el dirigente es el responsable político del funcionamiento de esa red y, por lo tanto, de las anomalías detectadas. Ese señalamiento alimenta la posibilidad de que, en el Congreso, algunos bloques impulsen un pedido de desafuero para permitir un avance más profundo de la Justicia sin las protecciones legislativas.
El caso de los comedores no es el único frente abierto para Grabois. En paralelo, enfrenta una denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani por presuntas maniobras de defraudación y malversación de fondos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) en Mar del Plata. Según el fiscal, los recursos destinados a mejoras habitacionales y equipamiento urbano habrían sido utilizados de manera irregular en proyectos que quedaron inconclusos o que, en algunos casos, se montaron sobre terrenos originalmente reservados para instituciones educativas.
Pettigiani apuntó a un presunto desvío de fondos que incluiría, entre otras cuestiones, la utilización de 370.000 pesos del programa Casa Propia y un monto equivalente del FISU para obras que no se completaron. El fiscal sostuvo que Grabois ejercía el “dominio del hecho”, es decir, la supervisión política de las decisiones y la ejecución de los recursos públicos destinados a estos programas. La denuncia abre un nuevo foco de tensión en un contexto en el que su figura ya está siendo fuertemente cuestionada desde diversos sectores.
Mientras el Gobierno porteño avanza con las investigaciones administrativas y la Justicia evalúa sus próximos pasos, la atención se desplaza ahora al Congreso, donde la discusión sobre los fueros de Grabois podría instalarse como un nuevo eje de conflicto en la escena política nacional. Para el dirigente, el episodio llega en un momento en el que buscaba consolidar su rol parlamentario y reforzar su presencia como referencia social; para sus adversarios, representa una oportunidad para profundizar el debate sobre la transparencia en el manejo de programas sociales.
Lo cierto es que el caso recién comienza y su impacto —político, judicial e institucional— promete prolongarse más allá del ruido inicial.