El Fondo de Asistencia Laboral y el costo oculto para el sistema previsional

• El FAL se financiaría con un 3% de las remuneraciones hoy destinadas al SIPA.
• La reducción equivalente de contribuciones patronales genera un desfinanciamiento previsional.
• El impacto fiscal estimado para la Anses es de USD 3.000 millones anuales.
• Los mayores beneficios se concentran en los grandes empleadores.
• Las diferencias salariales profundizan la desigualdad en el reparto de beneficios.
• El presupuesto 2026 no contempla compensaciones para el sistema previsional.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incluida en el proyecto de ley de “Modernización Laboral”, abrió un nuevo foco de debate sobre el financiamiento de la seguridad social y la distribución de beneficios dentro del mercado de trabajo. Según un informe elaborado por el diputado nacional y ex director de Aduanas Guillermo Michel, la puesta en marcha de este mecanismo implicaría un desfinanciamiento anual estimado en USD 3.000 millones para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la Anses.

El FAL está concebido como un fondo destinado exclusivamente a garantizar el pago de indemnizaciones laborales. El artículo 58 del proyecto establece su creación, mientras que el artículo 59 dispone que cada empleador deberá constituir una cuenta individual, definida como “patrimonio separado de afectación específica”, administrada por una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores. Los recursos acumulados en esas cuentas solo podrán utilizarse para cubrir obligaciones indemnizatorias.

El régimen será obligatorio para la mayoría de los empleadores del sector privado, con dos excepciones: el sector de la construcción, que ya cuenta con un esquema propio, y el régimen de empleados de casas particulares. Sin embargo, el punto más controvertido no es el destino de los fondos, sino su forma de financiamiento y el impacto que tendría sobre los recursos previsionales.

El artículo 60 de la iniciativa establece que el FAL se financiará mediante una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que hoy sirven como base para el cálculo de las contribuciones patronales al SIPA. Estas sumas deberán ser integradas por los empleadores junto con el resto de los aportes y contribuciones. No obstante, el mismo proyecto contempla una reducción equivalente en las contribuciones patronales: el artículo 76 fija una baja de tres puntos porcentuales en el aporte con destino al sistema previsional.

De este modo, el esquema no incrementa el costo laboral total para las empresas, pero sí reduce de manera directa los recursos que recibe el sistema de la seguridad social. “Para financiar el FAL, se desfinancia el Sistema de la Seguridad Social”, advierte el informe de Michel, que calcula una pérdida equivalente a 0,46 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno para la Anses.

A ese impacto se suma, además, el esfuerzo que ya realizan las provincias a través de asignaciones específicas que afectan la coparticipación primaria. Según el análisis, los gobiernos provinciales resignan recursos por el equivalente a 1,45 puntos porcentuales del PBI en favor del sistema previsional nacional, lo que agrava el cuadro de presión fiscal sobre la seguridad social.

El informe también pone el foco en la estructura del empleo registrado para analizar quiénes se benefician del nuevo régimen. A agosto de 2025, existen en la Argentina 522.716 empleadores con personal registrado. El 84% de ellos tiene hasta 10 empleados, pero concentran apenas el 18% del total de asalariados del sector privado. En el extremo opuesto, solo 9.516 empleadores —el 1,82% del total— cuentan con más de 100 trabajadores y concentran la mitad del empleo registrado.

Ese segmento de grandes empleadores es, según el cálculo presentado, el principal beneficiario del FAL. Esas empresas concentran el 63% de la masa salarial total y son las que más aprovechan la reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales, que ahora se redireccionan a financiar sus futuras indemnizaciones.

Las diferencias salariales refuerzan esa asimetría. Mientras que el sueldo promedio mensual en empresas de hasta 10 empleados ronda el millón de pesos, en las compañías con más de 100 trabajadores asciende a $2,2 millones y supera los $3,3 millones en las firmas de mayor tamaño. Algo similar ocurre por actividad: sectores como petróleo, gas, minería y finanzas presentan salarios varias veces superiores a los de la enseñanza, la gastronomía o el agro.

A partir de estos datos, el informe concluye que el diseño del FAL implica una transferencia de recursos desde el sistema previsional hacia un fondo destinado a cubrir indemnizaciones futuras, con un costo fiscal significativo y una distribución de beneficios concentrada en los grandes empleadores. Además, advierte que el presupuesto 2026 no prevé ningún mecanismo específico para compensar el desfinanciamiento de la Anses que derivaría de la implementación de este régimen.