Sospechas, celulares extraviados y viejas prácticas bajo la lupa en el Servicio Penitenciario Federal

• La Justicia investiga un presunto entramado irregular en la provisión de comida en el penal de Ezeiza.
• El director del SPF quedó bajo sospecha tras entregar un celular en desuso y declarar extraviado el suyo.
• La trazabilidad del teléfono “perdido” mostró actividad previa al allanamiento.
• Bio Limp habría operado como pantalla de una empresa previamente sancionada.
• El juez Villena reabrió la causa bajo la figura de “envenenamiento”.
• El caso expone posibles responsabilidades en la cúpula del Servicio Penitenciario Federal.

Un nuevo frente judicial se abrió en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y amenaza con escalar a un escándalo institucional de alto impacto. El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Julián Martínez, director del organismo, en el marco de una investigación que indaga un presunto entramado irregular en la provisión de alimentos para el penal de Ezeiza. La medida, ejecutada el último viernes, dejó una secuencia de episodios que despertaron fuertes sospechas en la Justicia.

El procedimiento se tornó especialmente tenso cuando Martínez entregó a los agentes judiciales un teléfono celular que no era el que utilizaba de manera habitual. Al advertir la maniobra, y por orden del magistrado, se le requirió que pusiera a disposición su dispositivo personal. La respuesta fue sorpresiva: el funcionario afirmó haberlo “extraviado” ese mismo día. La explicación no convenció al juez, quien dispuso reconstruir la trazabilidad del aparato a través del impacto en antenas de telefonía móvil.

El informe técnico agravó el cuadro. Según los registros, el teléfono del director del SPF había emitido su última señal apenas una hora antes del allanamiento, en las inmediaciones del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. El dato temporal y geográfico encendió las alarmas en el juzgado. En voz baja, en el entorno de la investigación deslizan que la coincidencia es demasiado precisa como para atribuirla al azar y que la conducta del funcionario podría haber justificado medidas más severas.

La decisión de Villena de avanzar ese viernes no fue casual. Ese mismo día se resolvía la licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de la libertad. El contrato volvió a quedar en manos de la empresa Bio Limp, una firma que, según la investigación, estaría vinculada de manera directa con Foodrush, proveedora previamente sancionada por graves irregularidades sanitarias.

El trasfondo del caso se remonta a varios años atrás, cuando una serie de habeas corpus denunció la entrega de alimentos en mal estado en Ezeiza. Peritajes oficiales, incluso con intervención de la autoridad sanitaria, detectaron valores de Escherichia coli por encima de los máximos permitidos. La comida no era apta para consumo humano. Tras inspecciones, auditorías y reclamos sostenidos por los detenidos, Villena resolvió excluir a Foodrush de futuras licitaciones en el ámbito del SPF.

Sin embargo, el problema no se cerró allí. Bio Limp ingresó luego al esquema de provisión, pese a no contar con antecedentes en el rubro alimentario. Al poco tiempo, los reclamos reaparecieron y el juzgado reabrió la causa bajo la figura de “envenenamiento”. Los allanamientos posteriores revelaron coincidencias inquietantes: camiones compartidos, personal de cocina proveniente de la empresa sancionada y documentación comercial cruzada por montos millonarios.

Para el magistrado, este esquema no pudo haberse sostenido sin el conocimiento —o al menos la omisión— de las máximas autoridades penitenciarias. De allí la decisión de allanar no sólo a los responsables del penal de Ezeiza, sino también a la cúpula del SPF. En los pasillos judiciales sostienen que existen elementos suficientes para avanzar sobre una posible cartelización del negocio de la comida carcelaria, con ramificaciones internas.

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de lo actuado, al considerar que las medidas se adoptaron en un día inhábil y sin el sorteo correspondiente tras la reapertura de la causa. Desde el entorno del juez replican que el foco está puesto en la actitud del director del SPF y en lo que interpretan como un desafío abierto a la autoridad judicial.

Mientras la investigación avanza, el caso expone viejas prácticas, intereses enquistados y una trama que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno del sistema penitenciario federal, en un terreno tan sensible como la alimentación de las personas privadas de libertad.