Seguridad y protesta: la advertencia bonaerense frente al protocolo antipiquetes

• El ministro Javier Alonso cuestionó con dureza el protocolo antipiquetes impulsado a nivel nacional.
• Advirtió que reprimir toda protesta equivale a anular derechos básicos de la democracia.
• Señaló excesos de las fuerzas federales en manifestaciones recientes.
• Planteó la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta y a la libre circulación.
• Diferenció la política bonaerense de una lógica represiva generalizada.
• Subrayó que la legitimidad de la seguridad depende del respeto a la ley y los derechos humanos.

El debate sobre el alcance de las políticas de seguridad volvió a ocupar el centro de la escena a partir de las críticas del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, al protocolo antipiquetes impulsado por la ministra nacional Patricia Bullrich. Con definiciones contundentes, el funcionario provincial sostuvo que “reprimir toda protesta es una dictadura” y alertó sobre los riesgos de anular el derecho constitucional a manifestarse en nombre del orden público.

Durante una entrevista radial, Alonso remarcó que el desafío del Estado democrático no consiste en suprimir los conflictos sociales, sino en administrarlos sin recurrir a prácticas autoritarias. En ese sentido, afirmó que la seguridad no puede construirse desde la criminalización de la protesta, ya que ello implica desconocer una tradición democrática básica. Según explicó, el uso de la fuerza debe ser siempre racional, legítimo y proporcional, y no una herramienta de disciplinamiento social.

Desde la perspectiva del gobierno bonaerense, el abordaje de las protestas debe partir de la compatibilización de derechos. Alonso subrayó que en la provincia de Buenos Aires se trabaja históricamente bajo ese criterio, evitando respuestas represivas generalizadas. “No se puede tratar como delincuente a quien reclama”, sostuvo, al tiempo que advirtió que la represión indiscriminada no solo vulnera derechos, sino que además debilita la autoridad del propio Estado.

Al referirse al reciente fallo judicial que suspendió la aplicación del protocolo antipiquetes a nivel nacional, el ministro evitó pronunciarse sobre los aspectos técnicos de la resolución. Sin embargo, dejó en claro que comparte el cuestionamiento de fondo. En particular, señaló que hubo excesos notorios por parte de las fuerzas federales en distintas manifestaciones, incluso en protestas protagonizadas por jubilados, trabajadores de prensa y ciudadanos que no registraban antecedentes de violencia.

Para Alonso, las imágenes de represión indiscriminada erosionan cualquier política de seguridad. Según su análisis, cuando una medida pierde legitimidad social, su eficacia se diluye, porque la autoridad no puede sostenerse únicamente en la coerción. En esa línea, advirtió que ordenar la calle no puede convertirse en un sinónimo de suprimir derechos fundamentales.

El funcionario también se refirió a la tensión estructural que existe entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la protesta. Reconoció que se trata de un conflicto permanente en todas las democracias, pero aclaró que ninguno de esos derechos puede imponerse anulando al otro. A su entender, el rol del Estado es administrar ese equilibrio con sensibilidad política, apego a la ley y respuestas diferenciadas, evitando automatismos que profundicen los conflictos sociales.

En ese marco, recordó que en la provincia de Buenos Aires no se permite el corte total de autopistas ni de arterias estratégicas. No obstante, estableció una diferencia clara entre esa política y una lógica represiva generalizada. Ordenar el tránsito, explicó, no puede transformarse en una excusa para reprimir, porque eso rompe el contrato democrático entre el Estado y la ciudadanía.

Alonso también cuestionó el accionar de las fuerzas federales en territorio bonaerense, al señalar situaciones en las que se cortan accesos para impedir manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Según advirtió, esas prácticas evidencian contradicciones operativas del protocolo nacional, que terminan trasladando el problema de un distrito a otro sin resolver el conflicto de fondo.

Por último, el ministro destacó el rol de la Justicia bonaerense en el control del accionar policial. Afirmó que los tribunales respaldan a las fuerzas de seguridad cuando actúan conforme a derecho, pero que también intervienen con firmeza frente a los abusos. En ese sentido, remarcó que los efectivos que se exceden o falsean procedimientos son investigados y procesados, lo que refuerza la legitimidad institucional.

Al cerrar, Alonso insistió en que las fuerzas de seguridad no tienen “patente de corso”. Su autoridad, concluyó, depende del respeto irrestricto a la ley y a los derechos humanos. Garantizar el orden público, sostuvo, no puede implicar prácticas propias de regímenes autoritarios ni la naturalización de la violencia estatal.