La reforma del régimen penal juvenil suma presión por su costo fiscal en el Congreso
- El debate por la Ley Penal Juvenil incorporó el eje del financiamiento de la reforma.
- Un diputado pidió un informe de costo fiscal antes de avanzar con el tratamiento.
- Se solicitó la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- El reclamo se apoya en la normativa que regula las funciones técnicas del organismo.
- La oposición cuestiona la falta de precisiones sobre las fuentes de financiamiento.
- El impacto presupuestario aparece como un factor central para la viabilidad de la reforma.
El debate sobre la actualización del Régimen Penal Juvenil incorporó en las últimas horas un componente clave que excede la discusión jurídica y penal: el impacto presupuestario de los cambios propuestos. Antes de avanzar con el tratamiento parlamentario, un sector de la oposición reclamó que el Poder Ejecutivo precise cómo se financiarán las modificaciones incluidas en los proyectos que forman parte del temario de sesiones extraordinarias.
El planteo fue impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien solicitó formalmente que se elabore un informe de costo fiscal que permita dimensionar el alcance real de la iniciativa. La demanda apunta a despejar una incógnita central: qué recursos se requerirán para aplicar un nuevo esquema penal juvenil y de dónde surgirán los fondos necesarios para su implementación.
A través de una intervención pública en redes sociales, el legislador puso el foco en una pregunta concreta: cuál será el costo y qué partidas prevé destinar el Gobierno nacional para llevar adelante la reforma. En ese marco, informó que pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo técnico encargado de realizar estimaciones de impacto económico de los proyectos de ley a pedido de las comisiones parlamentarias.
El requerimiento fue dirigido a las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, a quienes solicitó que activen el mecanismo previsto por la normativa vigente. El objetivo es contar con un cálculo detallado del impacto fiscal tanto de las iniciativas en discusión como de antecedentes legislativos considerados relevantes en la materia.
Ferraro fundamentó su pedido en la necesidad de sostener un criterio uniforme de responsabilidad fiscal en el proceso legislativo. Según planteó, la exigencia de identificar fuentes de financiamiento no debería aplicarse de manera selectiva, sino constituir una regla general para el tratamiento de cualquier reforma con implicancias presupuestarias. En ese sentido, recordó que debates similares en el pasado incluyeron informes técnicos previos que permitieron evaluar la viabilidad económica de los cambios propuestos.
En la nota formal presentada en la Cámara baja, el diputado citó la Ley 27.343, que establece entre las funciones de la Oficina de Presupuesto la elaboración de estimaciones de impacto presupuestario cuando así lo requieran las comisiones. A su vez, remarcó que el hecho de que el Poder Ejecutivo haya incorporado el tema en el temario de extraordinarias refuerza la necesidad de contar con ese insumo antes de iniciar el debate de fondo.
El planteo también dejó al descubierto una tensión política más amplia. Desde la oposición se señala que los bloques que respaldan al oficialismo suelen exigir precisiones sobre el financiamiento como condición para avanzar con proyectos ajenos. Bajo esa lógica, sostienen que el mismo estándar debería regir para las iniciativas que cuentan con el aval o el impulso del propio Ejecutivo.
Más allá del posicionamiento partidario, el pedido pone en agenda una discusión estructural: cualquier reforma del sistema penal juvenil implica no solo cambios normativos, sino también inversiones en infraestructura, capacitación, dispositivos de contención y políticas de acompañamiento. Sin un cálculo claro de esos costos, advierten, el riesgo es aprobar una ley difícil de aplicar en la práctica.
Mientras el Congreso se prepara para abordar el tema en un contexto de sesiones acotadas y alta sensibilidad política, la exigencia de un informe fiscal suma un nuevo elemento de análisis. La respuesta del Gobierno y de las comisiones involucradas será determinante para definir el ritmo y la profundidad del debate que se avecina.