El oficialismo acelera en el Senado para aprobar la reforma laboral antes del 13 de febrero
- El Gobierno busca aprobar la reforma laboral en el Senado antes del 13 de febrero.
- Patricia Bullrich y el Ministerio de Economía concentran la negociación con aliados.
- El respaldo de gobernadores es central, pero no alcanza para garantizar los votos.
- La coparticipación y la obra pública figuran entre los principales focos de tensión.
- Los dialoguistas reclaman límites a la discrecionalidad reglamentaria de Economía.
- El oficialismo apuesta a llegar al 1 de marzo con un triunfo legislativo.
Con el inicio de un nuevo período de sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario redobla la apuesta parlamentaria y busca llevar la reforma laboral al recinto del Senado antes del 13 de febrero. La intención es sesionar entre el 11 y el 12, aprobar el proyecto en la Cámara alta y girarlo de inmediato a Diputados, con el objetivo de llegar al 1 de marzo —cuando Javier Milei inaugure el período ordinario— con una victoria legislativa bajo el brazo.
El recorrido no estuvo exento de tropiezos. En diciembre pasado, el oficialismo logró dictamen de mayoría, pero el avance quedó en pausa tras pedidos de modificaciones planteados por sectores dialoguistas y canalizados a través de la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Esas observaciones quedaron en manos del Ministerio de Economía, que desde entonces opera como actor central en la negociación política, más allá de su rol técnico.
Mientras se aguarda una reunión clave entre Bullrich y los potenciales aliados —que no siempre garantizan acompañamiento—, la Casa Rosada ajusta su estrategia en el Congreso. Lo que se juega no es solo el contenido del articulado, sino la señal política que implicaría aprobar una de las reformas estructurales más sensibles del programa libertario tras meses de relación tirante con el Poder Legislativo.
En ese marco, el Ejecutivo apuesta a un cambio de tono respecto de la dinámica que predominó durante buena parte de 2024 y 2025, cuando la oposición logró imponer condiciones y marcar el ritmo de la agenda parlamentaria, especialmente en el Senado. En Balcarce 50 consideran que el tiempo ganado frente a embates opositores no fue debidamente valorado y que ahora se abre una ventana para ordenar apoyos y cerrar acuerdos.
El mapa de negociaciones es complejo. En el oficialismo reconocen que el respaldo de gobernadores con influencia directa sobre senadores es clave para destrabar el proyecto, y con algunos mandatarios ya hubo entendimientos preliminares. Sin embargo, esa vía no resulta suficiente. También es necesario sumar voluntades de legisladores provinciales sin anclaje claro en una gestión local, un grupo heterogéneo que suele elevar demandas de último momento y tensionar cualquier acuerdo.
Uno de los puntos más sensibles sigue siendo la coparticipación. Los gobernadores advierten sobre el impacto fiscal que tendría la reforma, mientras que desde la Nación responden que el mayor costo recaería sobre el Estado nacional. Aun así, reconocen que las provincias tienen menos margen de maniobra para absorber pérdidas, en especial en un contexto donde la obra pública atraviesa una etapa crítica.
El deterioro de la infraestructura aparece como una preocupación transversal. Referentes técnicos del sector privado vienen alertando sobre el riesgo de un colapso progresivo en rutas y obras básicas si no se reactiva algún esquema de inversión. Ese diagnóstico llegó a oídos de senadores dialoguistas, que trasladaron el reclamo tanto a Bullrich como al ministro de Economía, conscientes de que el freno total a la obra pública genera costos políticos en el interior del país.
Otro eje de discusión gira en torno a la reglamentación posterior de la ley. Los aliados del oficialismo buscan limitar la discrecionalidad que el dictamen otorga al Ministerio de Economía en artículos clave, como el que habilita a definir aspectos centrales del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y otros instrumentos tributarios. Según versiones parlamentarias, ese punto habría sido parcialmente corregido en las últimas conversaciones.
Llama la atención, en paralelo, el bajo perfil del kirchnerismo en la Cámara alta. A diferencia de debates similares de las últimas dos décadas, su intervención fue acotada y sin grandes movimientos tácticos, lo que desplazó el eje de la discusión hacia la negociación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.
Con una reunión decisiva prevista en la bancada radical del Senado, el escenario entra en definición. Para el Gobierno, un nuevo freno a la reforma sería un segundo golpe consecutivo, con consecuencias políticas difíciles de disimular. La cuenta regresiva ya empezó y, esta vez, mostrar las cartas parece inevitable.