Bullrich endurece el discurso y confronta a Kicillof por la reforma del Régimen Penal Juvenil

• Patricia Bullrich cuestionó con dureza la postura de Axel Kicillof sobre la edad de imputabilidad.
• El gobierno bonaerense apoya una reforma del régimen juvenil, pero rechaza bajar la edad penal.
• Javier Alonso calificó el debate sobre imputabilidad como “estéril” y centró el foco en las organizaciones criminales.
• Kicillof planteó la necesidad de un abordaje integral y sin “soluciones mágicas”.
• Bullrich acusó al gobernador de desatender a las víctimas y relativizar la inseguridad.
• El cruce expone dos visiones opuestas sobre política criminal y seguridad juvenil.

El debate por una eventual modificación del Régimen Penal Juvenil volvió a ganar centralidad política tras un cruce directo entre la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La discusión expuso, una vez más, dos miradas antagónicas sobre cómo abordar el delito cometido por menores y qué rol debe ocupar la edad de imputabilidad dentro de una reforma más amplia del sistema.

El punto de partida fue la postura expresada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que si bien manifestó su acuerdo con la necesidad de actualizar el régimen vigente, cuestionó con dureza la propuesta de reducir la edad a partir de la cual los menores pueden ser penalmente responsables. La posición fue explicitada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien consideró que concentrar la discusión en ese aspecto constituye un “debate estéril” que no ataca las causas estructurales del delito juvenil.

Según el funcionario, la clave del problema no reside en la edad de los autores, sino en el accionar de organizaciones criminales que captan y utilizan a menores. En ese sentido, advirtió que avanzar en una baja de la imputabilidad podría abrir un camino sin retorno, con sucesivas presiones para seguir reduciendo el límite etario sin resolver el trasfondo del fenómeno delictivo.

Kicillof respaldó públicamente esa mirada y sostuvo que el país necesita un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, aunque rechazó la idea de que exista una solución simple o inmediata. Para el mandatario provincial, la seguridad requiere un abordaje integral que involucre políticas sociales, prevención, coordinación institucional y planificación de largo plazo, más allá de modificaciones puntuales al Código Penal.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en el oficialismo nacional. Bullrich reaccionó con dureza y trasladó el debate al terreno político y simbólico. Desde las redes sociales, acusó al gobernador de desentenderse de las víctimas y de priorizar, según su mirada, una defensa implícita de los delincuentes por sobre el reclamo social de mayor seguridad.

En su mensaje, la senadora cuestionó la coherencia del planteo bonaerense y lo vinculó con casos concretos de delitos cometidos por menores, que generaron conmoción pública. En ese contexto, interpeló directamente a Kicillof y puso el foco en el dolor de las familias afectadas por hechos de violencia, al señalar que el Estado no puede desoír la demanda de consecuencias penales frente a crímenes graves.

Bullrich fue más allá y desafió al gobernador a sostener su postura frente a la ciudadanía, sugiriendo que existe una distancia entre el discurso oficial y el sentir mayoritario de la sociedad. Para la dirigente libertaria, la discusión sobre la edad de imputabilidad no es un desvío, sino una herramienta necesaria dentro de una estrategia más amplia de orden y control.

El cruce dejó al descubierto una grieta conceptual profunda. Mientras desde la provincia se insiste en que la reforma debe priorizar la prevención y el desmantelamiento de estructuras delictivas, desde el oficialismo nacional se enfatiza la necesidad de enviar señales claras de castigo y responsabilidad penal, incluso a edades más tempranas.

Con el tema instalado en la agenda legislativa y atravesado por casos judiciales sensibles, el debate promete intensificarse en las próximas semanas. La discusión no sólo interpela al Congreso, sino que vuelve a poner en tensión dos modelos de política criminal y dos lecturas opuestas sobre cómo responder a una demanda social que combina miedo, hartazgo y reclamo de justicia.