DIDI quedó fuera de la ley y el Municipio endurece los controles sobre las apps de transporte

Desde este domingo 15 de febrero, la plataforma de transporte DIDI dejó de estar habilitada para operar legalmente en la ciudad de Rafaela. Se venció el plazo de 30 días establecido por la ordenanza municipal para que las aplicaciones de transporte se inscribieran en el Registro Único de Vehículos, Conductores, Agencias y Plataformas, y ningún representante de la empresa ni conductores vinculados a la app realizaron el trámite correspondiente.

La normativa había sido aprobada por el Concejo Municipal el pasado 18 de diciembre y entró en vigencia el 15 de enero. A partir de esa fecha, las plataformas tenían un mes para adecuarse a las exigencias locales y exigir a sus conductores el cumplimiento integral de la reglamentación. Al no hacerlo, DIDI quedó automáticamente fuera del marco legal para prestar servicios en Rafaela.

En paralelo con la plena vigencia de la ordenanza, el Ejecutivo municipal decidió reforzar los controles. La Subdivisión de Control y Transporte Público, con sede en la Terminal de Ómnibus y a cargo de Gustavo Bianchi, incorporará ocho nuevos inspectores mediante una convocatoria interna. El refuerzo estará completo en marzo, momento en el que los operativos serán más estrictos y sistemáticos.

Según la estructura orgánica del área, esta subdivisión tiene bajo su órbita la fiscalización del transporte público y del tránsito pesado, incluyendo taxis, remises, aplicaciones de transporte, agencias, transporte escolar y de personas con discapacidad, escuelas de conductores, colectivos de la Nueva Terminal, autos sonoros, servicios de carga y descarga, habilitaciones y exámenes profesionales, entre otras funciones asignadas por la Jefatura de Protección Vial y Comunitaria. Desde el Ejecutivo destacaron que la reestructuración permitirá mejorar la eficiencia y profundizar el control sobre el cumplimiento de la ordenanza.

Uno de los puntos centrales del texto aprobado es el régimen de sanciones, que contempla multas de alto impacto económico para quienes operen sin cumplir la normativa. Con la Unidad de Multa fijada actualmente en 1.463 pesos, las penalidades pueden superar el millón cuatrocientos mil pesos en los casos más graves.

La infracción más severamente castigada es la falta de registración de la plataforma ante el registro municipal. En estos casos, la multa va de 300 a 1.000 Unidades de Multa, es decir, entre 438.900 y 1.463.000 pesos. La sanción alcanza a cualquier intermediario que preste servicios de transporte de personas sin estar formalmente inscripto.

También se prevén multas para las plataformas que, aun estando registradas, incumplan obligaciones como presentar mensualmente la nómina de conductores y vehículos, asignar viajes a personas o unidades no habilitadas, omitir información requerida por la autoridad de aplicación o no garantizar la trazabilidad de los recorridos y los montos cobrados. En estos casos, las sanciones van de 100 a 500 Unidades de Multa, es decir, entre 146.300 y 731.500 pesos.

Cuando se detecte que un viaje fue realizado con un vehículo o conductor no autorizado, la multa prevista es de 200 a 500 Unidades de Multa, lo que equivale a entre 292.600 y 731.500 pesos, sanción que recae directamente sobre el conductor.

La ordenanza también establece la obligación de constituir domicilio legal en Rafaela, designar un representante local, contar con seguros específicos para transporte de pasajeros, informar previamente el precio del viaje y permitir tanto el pago electrónico como en efectivo. Además, las plataformas deberán garantizar la trazabilidad del servicio y suministrar toda la información necesaria para el control municipal, respetando la normativa de protección de datos personales.

Entre los requisitos generales se incluye la inscripción obligatoria de todos los actores en el registro creado por la norma, la habilitación anual de los vehículos —con una antigüedad máxima de 15 años, cuatro puertas, capacidad para hasta cuatro pasajeros, higiene adecuada, iluminación nocturna, matafuego reglamentario y Revisión Técnica Obligatoria vigente— y su radicación en Rafaela a nombre del permisionario habilitado.

Los conductores deberán contar con licencia profesional categoría D1 emitida por el municipio, portar la documentación durante el servicio y cumplir pautas de trato y seguridad hacia los pasajeros. Los usuarios, en tanto, tienen derecho a exigir condiciones adecuadas de seguridad e higiene, recibir asistencia en casos de discapacidad y solicitar comprobantes del viaje con el detalle del importe abonado.

Aunque aún se aguardan precisiones sobre la reglamentación específica, desde el Municipio remarcaron que la ordenanza ya se encuentra plenamente vigente y que los controles se intensificarán en las próximas semanas. De este modo, Rafaela avanza hacia un esquema más estricto de regulación del transporte por aplicaciones, con fuertes sanciones para quienes operen fuera de la ley.