Regular para excluir: una política que castiga al usuario
La Municipalidad de Rafaela ha decidido iniciar una batalla que no solo es desigual, sino profundamente equivocada. Al avanzar contra las aplicaciones de transporte como DiDi y Uber, no está enfrentando a corporaciones extranjeras: está enfrentando a sus propios vecinos.
Oponerse a estas plataformas es, en los hechos, oponerse a la gente. A quienes hoy pueden viajar más barato. A quienes antes no podían subirse a un remis porque el costo era prohibitivo. A quienes encontraron en la tecnología una solución concreta a un problema cotidiano: moverse dentro de la ciudad sin que el bolsillo sea la primera barrera.
La aparición de las apps introdujo competencia. Y la competencia trajo algo que durante años estuvo ausente en el sistema tradicional de taxis y remises: precios accesibles. Eso debería ser celebrado por cualquier gestión que diga gobernar para el ciudadano. Sin embargo, la respuesta fue el camino opuesto: más regulaciones, más controles, más sanciones y, en definitiva, más obstáculos.
En lugar de modernizar el sistema, se optó por proteger un esquema viejo, caro y cerrado. Se eligió el proteccionismo antes que la libertad de elección. Se prefirió castigar al que innova antes que revisar un marco normativo que quedó atrapado en otra época.
El problema no son las aplicaciones. El problema es la rigidez. La Municipalidad debería avanzar hacia un modelo de desregulación inteligente: reglas simples, iguales para todos y centradas en la seguridad, no en la prohibición. Si hay que ordenar, que sea para abrir el juego, no para cerrarlo. Si hay que controlar, que sea para garantizar calidad y transparencia, no para expulsar alternativas.
Negar la presencia de DiDi y Uber en Rafaela no es una defensa del trabajo local: es un retroceso. Es creer que se puede frenar la tecnología con ordenanzas. Es confundir autoridad con cerrazón. La historia demuestra que cuando el Estado se coloca del lado del pasado, siempre pierde frente al futuro.
La verdadera política pública no es la que levanta muros, sino la que entiende los cambios sociales y los acompaña. No se gobierna contra la realidad. No se legisla contra la gente.
Hoy el conflicto no es entre el municipio y las aplicaciones. Es entre una visión moderna de la ciudad y una lógica proteccionista que ya fracasó en otros tiempos. La pregunta de fondo es simple: ¿se gobierna para preservar privilegios o para ampliar derechos?
Porque viajar más barato, tener opciones y elegir libremente no es un problema. Es un avance. Y todo avance que se intenta frenar en nombre del orden termina siendo, en realidad, una forma elegante de retroceso.