Las declaraciones de Cúneo Libarona reavivan el debate sobre los criterios de poder y la ética en la función pública

• Las declaraciones de Cúneo Libarona generaron polémica sobre el uso de vínculos personales en el Estado
• El ex ministro planteó que la designación de allegados es una práctica habitual
• Sus dichos reavivaron el debate entre confianza política y meritocracia
• También destacó el fallo favorable a la Argentina en el caso YPF
• Defendió al jefe de Gabinete Manuel Adorni frente a cuestionamientos
• El episodio vuelve a poner el foco en la ética y la transparencia pública

Las recientes afirmaciones del ex ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, volvieron a poner en primer plano una discusión persistente en la política argentina: los límites entre la confianza personal y los criterios institucionales en la gestión del Estado. En una entrevista radial, el abogado penalista expresó sin matices una visión que generó controversia al naturalizar la designación de allegados en cargos públicos, en tensión con los principios de profesionalización y transparencia que suelen invocarse desde distintos sectores.

Consultado sobre cómo se definen las incorporaciones dentro de la administración pública, el exfuncionario planteó una lógica basada en vínculos de cercanía. Su planteo, lejos de presentarse como una excepción, fue expuesto como una práctica habitual dentro del funcionamiento del poder. Esa mirada, que reconoce la centralidad de la confianza en la toma de decisiones, abre interrogantes sobre hasta qué punto ese criterio puede convivir con estándares más exigentes en materia de idoneidad y control.

Las declaraciones generaron reacciones diversas en el ámbito político y jurídico, en parte porque se apartan del discurso predominante que, al menos en el plano formal, reivindica la meritocracia como base del acceso a la función pública. En ese sentido, el planteo de Cúneo Libarona reintroduce una tensión histórica entre la lógica política y la administrativa: la necesidad de contar con equipos de confianza frente a la exigencia de garantizar procedimientos transparentes y equitativos.

Más allá de ese eje, el ex ministro también se refirió al reciente fallo judicial en Estados Unidos vinculado a la expropiación de YPF, cuyo resultado fue favorable para la Argentina. En línea con la postura oficial, calificó la decisión como un punto de inflexión que evitó consecuencias económicas de gran magnitud. Según su interpretación, el proceso judicial presentaba un escenario adverso en sus etapas iniciales, que logró revertirse a partir de una revisión técnica de los fundamentos legales.

Cúneo Libarona cuestionó el criterio adoptado en primera instancia y sostuvo que la aplicación incorrecta de la normativa argentina había derivado en una condena desproporcionada. A su entender, la intervención de la instancia superior permitió corregir ese enfoque y redefinir el rumbo del litigio. En ese marco, vinculó el resultado con una mejora en la percepción internacional del país, al considerar que fortalece la confianza de actores externos en el sistema institucional argentino.

En el tramo final de la entrevista, el ex funcionario se involucró en otra controversia que atraviesa al oficialismo: las críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus viajes y su situación patrimonial. Frente a los cuestionamientos, Cúneo Libarona adoptó una postura defensiva y relativizó los planteos sobre posibles irregularidades. Según expresó, los hechos señalados forman parte de situaciones habituales en el ámbito personal y no configuran, en su interpretación, una conducta ilícita.

El ex ministro sostuvo que la legislación vigente exige la existencia de una contraprestación vinculada a la función pública para que pueda configurarse un delito, y afirmó que ese elemento no se verifica en el caso mencionado. Bajo esa lógica, consideró que las acusaciones carecen de sustento jurídico y responden más a una dinámica de confrontación política que a una cuestión legal concreta.

Las definiciones de Cúneo Libarona se inscriben en un contexto de alta sensibilidad respecto de la transparencia y la ética en la función pública. Sus palabras, al exponer sin filtros una concepción extendida en ciertos ámbitos del poder, reavivan un debate que excede a los casos puntuales y remite a la forma en que se construye y se ejerce la autoridad en el Estado.

En definitiva, la polémica no solo gira en torno a una declaración, sino a la vigencia de prácticas y criterios que, aun siendo reconocidos como habituales, continúan generando cuestionamientos en una sociedad que demanda mayores niveles de institucionalidad.