Santa Fe supera la media nacional de población carcelaria y crece la preocupación por la sobreocupación

La población penitenciaria de Santa Fe continúa en aumento y ya se ubica por encima del promedio nacional, según los datos expuestos por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) durante la presentación de su informe de gestión 2025 ante la Legislatura provincial.

El relevamiento indica que actualmente existen 351 personas detenidas cada 100.000 habitantes en territorio santafesino, una cifra superior al último registro nacional disponible, que en 2024 ubicó esa tasa en 284 detenidos por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con el informe, la provincia contabiliza este año 12.868 personas privadas de la libertad, lo que representa un incremento respecto de 2024, cuando se habían registrado 11.811 internos. El crecimiento sostenido de la población carcelaria vuelve a poner en el centro del debate la capacidad del sistema penitenciario para responder a la demanda de alojamiento.

El documento también muestra que la evolución de los últimos años estuvo marcada por fuertes aumentos en determinados períodos. Uno de los saltos más significativos se produjo entre 2016 y 2017, cuando la cantidad de detenidos pasó de 3.948 a 5.355 personas. Otro crecimiento relevante se registró entre 2023 y 2024, con una suba de 1.841 internos en apenas un año.

Desde el MPD advirtieron que esta tendencia genera consecuencias directas sobre las condiciones de detención, incrementando los problemas vinculados a la disponibilidad de plazas, el hacinamiento y los episodios de violencia dentro de los establecimientos penitenciarios.

La situación cobra especial relevancia en momentos en que el gobierno provincial avanza con la ampliación de la infraestructura carcelaria. Entre los proyectos más importantes figura la futura cárcel de máxima seguridad denominada "El Infierno", cuya inauguración está prevista para mayo de 2027.

Según lo anunciado por las autoridades, el nuevo complejo penitenciario incorporará 1.152 plazas y forma parte de la estrategia oficial para aumentar la capacidad de alojamiento y responder al crecimiento constante de la población detenida.

Mientras tanto, los datos presentados reflejan un desafío que trasciende a Santa Fe y se replica en distintos puntos del país: la necesidad de equilibrar el aumento de las personas privadas de libertad con la disponibilidad de infraestructura adecuada para garantizar condiciones de detención acordes a los estándares establecidos por la ley.