El Gobierno aceleró pagos atrasados y habría reducido fuerte la deuda flotante en mayo

• El gasto pagado por la Administración Pública Nacional creció más que el gasto devengado en mayo
• La diferencia entre ambos indicadores anticipa una reducción de la deuda flotante
• Entre febrero y marzo la deuda acumulada del Estado había superado los $4 billones
• El Gobierno habría comenzado a regularizar pagos atrasados a proveedores y organismos
• Las mayores caídas del gasto se registraron en transferencias a provincias y servicios no personales
• La suba de la recaudación del Impuesto a las Ganancias habría permitido sostener el equilibrio fiscal

Los primeros datos fiscales de mayo muestran que el Gobierno nacional habría profundizado durante el último mes el proceso de normalización de pagos atrasados dentro de la Administración Pública Nacional (APN), en una señal que anticipa una posible reducción de la denominada “deuda flotante”, uno de los mecanismos más utilizados históricamente por distintas administraciones para aliviar tensiones financieras de corto plazo.

Según distintos informes privados basados en la ejecución presupuestaria oficial, durante mayo el gasto efectivamente pagado creció por encima del gasto devengado, es decir, del gasto autorizado o comprometido formalmente por el Estado. Esa diferencia refleja que la administración nacional no solo afrontó los compromisos corrientes, sino que además habría comenzado a cancelar obligaciones acumuladas de meses anteriores.

El fenómeno quedó reflejado en un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que mostró que el gasto devengado de la APN cayó 4,4% interanual en mayo, mientras que el gasto pagado registró un incremento del 1,9% respecto del mismo período del año anterior.

En términos fiscales, esa combinación suele interpretarse como una señal de descompresión financiera. Cuando el gasto pagado supera al devengado, significa que el Estado está utilizando recursos para cancelar saldos pendientes y reducir atrasos acumulados.

La llamada deuda flotante se genera precisamente cuando el Estado posterga pagos ya autorizados, tanto a proveedores como a organismos, empresas contratistas o beneficiarios de transferencias públicas. Se trata de una herramienta habitual en períodos de restricción fiscal o en momentos donde el Gobierno necesita mostrar mejores resultados transitorios ante organismos internacionales.

Durante los primeros meses del año, el volumen de deuda flotante había crecido de forma significativa. Entre febrero y marzo, la deuda de la administración central prácticamente se duplicó, pasando de alrededor de $1,94 billones a más de $4 billones. Posteriormente, en abril comenzó un proceso de reducción que habría continuado durante mayo.

De acuerdo con las estimaciones privadas, el stock podría haber retornado ahora a niveles cercanos a los observados en febrero, en torno a los $2 billones.

Ese movimiento coincide además con el período posterior a una nueva revisión de metas con el Fondo Monetario Internacional. En la práctica, distintos analistas señalan que suele existir una dinámica recurrente en la política fiscal argentina: en la previa de auditorías o negociaciones clave, los gobiernos tienden a postergar pagos para mejorar temporalmente el resultado financiero y luego regularizan obligaciones una vez superada la instancia de revisión.

Entre febrero y marzo, el impacto de esa estrategia comenzó a reflejarse en distintos conflictos sectoriales. Transportistas, proveedores médicos, hospitales nacionales y prestadores vinculados al PAMI habían manifestado fuertes reclamos por demoras en pagos y actualizaciones de fondos.

Ahora, el incremento del gasto pagado parecería indicar que parte de esos atrasos comenzó a ser compensado.

El informe del IARAF también mostró diferencias importantes entre las distintas áreas del gasto público durante los primeros cinco meses del año. Entre los pocos rubros que registraron subas se destacaron los activos financieros, con un incremento superior al 120%, las transferencias a otras entidades del sector público y las jubilaciones y pensiones, que tuvieron una mejora cercana al 7%.

Por el contrario, las mayores caídas se observaron en transferencias al exterior, envíos a provincias y municipios y servicios no personales, todos segmentos donde el ajuste fiscal aplicado por el Gobierno se mantuvo particularmente fuerte.

En términos generales, el gasto efectivamente pagado acumuló entre enero y mayo una baja del 4,1%, reflejando que el esquema de contención fiscal continúa vigente pese a algunas señales de mayor normalización administrativa.

Los datos de mayo también permiten anticipar el comportamiento de las cuentas del Sector Público Nacional, el agregado fiscal más amplio que incluye empresas públicas y organismos descentralizados y que es especialmente monitoreado por el FMI.

En abril, el Gobierno había mostrado un aumento del gasto primario superior al crecimiento de los ingresos, rompiendo parcialmente la lógica de ajuste automático que había sostenido durante gran parte de la gestión.

Sin embargo, mayo habría mostrado un escenario distinto gracias al fuerte incremento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Ese ingreso extraordinario habría permitido sostener el equilibrio fiscal aun en un contexto de mayores pagos y reducción de deuda flotante.

En el equipo económico consideran que la normalización gradual de compromisos pendientes resulta clave para evitar nuevos focos de conflicto con proveedores y sectores sensibles de la administración pública, mientras el Gobierno intenta sostener simultáneamente su programa de ajuste y las metas acordadas con los organismos internacionales.