La resistencia heroica desde el sillón reclinable

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay algo profundamente conmovedor en la Argentina contemporánea: la capacidad de transformar una prisión domiciliaria en el equivalente político de un gulag siberiano. Uno escucha ciertas declaraciones y se imagina a Cristina Kirchner picando piedras bajo una tormenta de nieve en Kamchatka, cuando en realidad está cumpliendo condena en su departamento, con visitas autorizadas, televisión, calefacción, cocina propia y probablemente mejor conexión de Wi-Fi que la de la mitad del país.

Pero no. Según la nueva épica nacional, estamos ante una situación de “humillación”, “abuso” y “restricciones extraordinarias”. La tobillera electrónica pasó de ser un dispositivo judicial estándar a convertirse en el símbolo máximo de la opresión planetaria. Falta que la ONU la declare patrimonio del sufrimiento humano.

La escena es magnífica. Un dirigente político denuncia con dramatismo que su madre está “reducida”, “aislada” y sometida a condiciones peores que las de narcotraficantes y genocidas. Uno espera que en cualquier momento describa un calabozo húmedo con ratas entrenadas por la SIDE. Pero después recuerda que la condenada está en prisión domiciliaria, no en Alcatraz. Y ahí aparece el pequeño detalle incómodo: la realidad.

Porque en la Argentina hay millones de personas que sí viven bajo restricciones severas: jubilados que eligen entre remedios y comida, trabajadores con tres empleos, familias que no pueden alquilar, estudiantes que viajan colgados del colectivo. Pero el gran drama nacional parece ser que una ex presidenta de la Nación debe usar una tobillera mientras cumple una condena confirmada por la Justicia.

Es extraordinario el esfuerzo retórico para convertir una medida habitual del sistema penal en una tragedia shakesperiana. “La quieren humillar”, dicen. Claro, porque el Poder Judicial argentino, famoso por su eficiencia y sofisticación tecnológica, decidió invertir años de trabajo únicamente para molestarla personalmente. No por una causa de corrupción con condena firme. No. Por sadismo institucional.

Y la tobillera, pobre aparato, quedó en el centro de la escena. Nadie habla ya del déficit, de la inflación o del precio del kilo de carne. La verdadera discusión estratégica de la República es si el accesorio judicial combina con el pantalón. A este ritmo, en cualquier momento algún diseñador presenta la colección “Home Arrest Couture 2026”.

Lo más fascinante es la comparación permanente con otros detenidos. “Peor que narcotraficantes y genocidas”, se afirma con solemnidad. Como si existiera una tabla oficial del Servicio Penitenciario que diga: “Nivel 1: ladrón de gallinas. Nivel 2: evasor fiscal. Nivel 3: ex presidenta con streaming y biblioteca propia”. La competencia por el sufrimiento se volvió olímpica.

Y mientras tanto, la narrativa sigue creciendo. Se habla de “proscripción”, de “desamparo popular”, de “respuestas del pueblo”. Todo muy épico. Uno casi espera ver caballos galopando por la Avenida de Mayo y tambores revolucionarios sonando en Constitución. Pero después prende la televisión y ve panelistas discutiendo durante cuatro horas sobre una tobillera electrónica. La revolución quedó tercerizada a los programas de cable.

Hay además un detalle enternecedor en el argumento de que Cristina Kirchner “ha hecho de la vida pública, del debate y de hablar, su vida”. Es cierto. Pero eso no convierte automáticamente una condena judicial en una violación a los derechos humanos. Si mañana condenaran a un chef famoso, no diríamos que se atenta contra el derecho universal a cocinar risotto.

La prisión domiciliaria, conviene recordarlo, no es un castigo medieval. Es una modalidad de cumplimiento de condena prevista por la ley. Y suele otorgarse justamente por razones de edad, salud o circunstancias particulares. Es decir: es una alternativa más benigna que la cárcel común. Presentarla como una forma extrema de tortura requiere una imaginación literaria que merecería el Premio Planeta.

Pero la política argentina necesita exageración para respirar. Todo debe ser máximo, histórico, terminal. No alcanza con decir “discrepo con la decisión judicial”. Hay que afirmar que se está destruyendo la democracia occidental. No alcanza con cuestionar una medida cautelar. Hay que hablar de mafias, proscripciones y destinos trágicos de la patria.

Mientras tanto, la vida real sigue. El colectivo sigue llegando tarde. La luz sigue aumentando. El supermercado sigue pareciendo una experiencia inmersiva de terror económico. Pero el debate público se concentra en si una dirigente condenada está demasiado incómoda en su departamento.

Tal vez ese sea el verdadero talento argentino: convertir cualquier situación en una superproducción dramática. Una prisión domiciliaria se transforma en una odisea. Una tobillera en un símbolo de resistencia. Y una condena judicial en una batalla cósmica entre el pueblo y las fuerzas oscuras del universo.

Lo más probable es que dentro de unos años alguien haga una serie sobre esto. Y el problema será que nadie creerá el guion. “Es demasiado exagerado”, dirán los productores. “Nadie puede presentar una prisión domiciliaria como si fuera la Bastilla”.

Y sin embargo, aquí estamos.