El cumpleaños de Bullrich y la creciente soledad política de Adorni

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1|

La política suele ser implacable con los errores. Pero es todavía más severa con las contradicciones. Un funcionario puede atravesar una crisis, soportar una investigación judicial e incluso resistir una campaña de cuestionamientos si logra construir una explicación sólida y creíble. Lo que raramente consigue sobrevivir es a la percepción de que sus argumentos cambian al ritmo de las circunstancias.

Eso es lo que parece estar ocurriendo con Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete atraviesa un momento singular. No porque enfrente una condena ni porque exista una sentencia que comprometa su situación. Nada de eso ha sucedido. El problema es otro. Tiene que ver con la erosión de la confianza política, un activo mucho más difícil de recuperar que cualquier capital económico.

Durante meses, el Gobierno intentó transmitir la idea de que las denuncias vinculadas con la evolución patrimonial del funcionario carecían de sustento. El mensaje fue claro: todo estaba en regla, todo tenía explicación y las acusaciones formaban parte de una ofensiva política. Sin embargo, la posterior aparición de rectificaciones, correcciones y reconstrucciones patrimoniales terminó generando un efecto paradójico. Lo que debía cerrar una discusión abrió nuevas preguntas.

La dificultad para la Casa Rosada no radica únicamente en el contenido de las explicaciones. También está en la secuencia de los acontecimientos. Cuando un funcionario pasa de negar omisiones a reconocer errores, cuando una declaración jurada requiere múltiples correcciones o cuando una defensa incorpora elementos que no habían sido mencionados anteriormente, la discusión deja de ser jurídica para transformarse en política.

Y la política se mueve con otras reglas.

Por eso resultó particularmente incómodo para el oficialismo que las críticas no provinieran solamente de la oposición tradicional. Lo verdaderamente preocupante para el Gobierno es que los cuestionamientos comenzaron a escucharse dentro del propio universo que acompañó la llegada de Javier Milei al poder.

Las observaciones formuladas por Patricia Bullrich son un ejemplo de ello. No se trata de una dirigente opositora que busca debilitar al Gobierno desde afuera. Se trata de una integrante central del esquema político oficialista. Cuando una figura de ese peso habla de una cuestión ética, el mensaje adquiere una dimensión distinta. Ya no es un ataque externo. Es una señal de alarma interna.

Esa situación explica algunos movimientos observados durante los últimos días. Las fotografías de unidad, las reuniones de la mesa política y los intentos por exhibir normalidad institucional tuvieron como objetivo transmitir la imagen de un oficialismo cohesionado. El problema es que las imágenes pueden mostrar cercanía física, pero difícilmente logren ocultar las diferencias políticas cuando estas ya existen.

La sensación que predomina en sectores del Gobierno es que la cuestión económica dejó de ser el principal foco de preocupación. Paradójicamente, la administración libertaria llega a este momento con indicadores que muestran cierta estabilidad y con una inflación que continúa desacelerándose. Sin embargo, la discusión pública gira alrededor de otro tema.

La política.

Y más específicamente, la capacidad del Gobierno para administrar sus propias tensiones.

En los últimos meses, la agenda oficial quedó absorbida por conflictos internos, disputas de poder y controversias personales. La consecuencia fue una notoria dificultad para instalar temas de gestión. Algunos funcionarios reconocen en privado que existe una necesidad urgente de volver a comunicar resultados concretos, obras, reformas o decisiones administrativas capaces de desplazar la atención hacia otros asuntos.

No es una preocupación menor.

Todo gobierno necesita construir una narrativa sobre el futuro. Cuando esa narrativa desaparece, el vacío suele ser ocupado por los conflictos.

La situación de Adorni refleja precisamente ese problema. Lo que comenzó como una discusión sobre declaraciones patrimoniales terminó convirtiéndose en un síntoma de algo más profundo: la falta de coordinación política dentro de un oficialismo que todavía busca consolidar su estructura de poder.

Hay un dato que no debería pasar inadvertido. Los respaldos públicos que anteriormente aparecían de manera inmediata hoy resultan mucho más escasos. No necesariamente porque haya una condena anticipada hacia el funcionario. Más bien porque muchos dirigentes prefieren esperar antes de comprometerse con una defensa absoluta.

En política, los silencios también hablan.

Y algunos silencios recientes fueron tan elocuentes como las críticas.

El Gobierno apuesta a que el tiempo permita cerrar la controversia. Es una estrategia comprensible. Muchas crisis pierden intensidad cuando dejan de ocupar el centro de la escena. Pero para que eso ocurra es indispensable que las explicaciones resulten suficientes y que no aparezcan nuevos elementos capaces de reabrir el debate.

De lo contrario, el problema dejará de ser Manuel Adorni.

Pasará a ser la credibilidad de un proyecto político que hizo de la transparencia, la honestidad y la superioridad moral una de sus principales banderas.

La historia argentina demuestra que los gobiernos suelen sobrevivir a las dificultades económicas y a las derrotas parlamentarias. Lo que rara vez logran superar con facilidad es la percepción de que existen reglas diferentes para los propios y para los ajenos.

Esa es la verdadera discusión que comenzó a instalarse.

Y es también la razón por la cual una explicación que buscaba clausurar una polémica terminó alimentándola.