El Gobierno reactivó los ATN para cinco provincias en medio de la negociación legislativa
- El Gobierno volvió a distribuir ATN tras dos meses sin otorgar esos fondos.
- Cinco provincias recibieron aportes de $5.000 millones y Jujuy tiene un giro pendiente.
- La reactivación ocurre mientras el oficialismo busca respaldos para aprobar proyectos clave en el Congreso.
- Las transferencias discrecionales representan el 76% de los envíos no automáticos realizados en julio.
- La reforma de la carta orgánica del Banco Central figura entre las principales iniciativas pendientes.
- La caída de la recaudación provincial incrementa la dependencia de algunas jurisdicciones respecto de la asistencia nacional.
En un escenario político marcado por la necesidad del Gobierno de reunir apoyos parlamentarios para impulsar proyectos considerados estratégicos, el Ministerio de Economía volvió a utilizar en julio una de las herramientas más sensibles de la relación financiera con las provincias: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La reactivación de estas transferencias discrecionales coincidió con un período en el que el oficialismo busca consolidar mayorías para avanzar con iniciativas clave, entre ellas la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
Luego de dos meses sin otorgar este tipo de asistencia, el Ejecutivo retomó los envíos durante las dos primeras semanas de julio, beneficiando a cinco distritos con partidas de $5.000 millones cada uno. Se trata de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, mientras que Jujuy también tiene asignado un aporte por el mismo monto, aunque todavía no fue efectivizado.
La distribución de los recursos muestra diferentes niveles de asistencia según cada provincia. Catamarca recibió su tercer ATN del año, al igual que Entre Ríos, mientras que Misiones alcanzó el cuarto desembolso de 2026. Santa Fe obtuvo el segundo giro y Córdoba recibió por primera vez este tipo de asistencia durante la actual administración nacional.
Los ATN constituyen uno de los mecanismos más discrecionales con los que cuenta el Gobierno nacional para asistir financieramente a las provincias, ya que su distribución no responde a criterios automáticos de coparticipación sino a decisiones del Poder Ejecutivo. Esa característica convierte a estas transferencias en un elemento de permanente análisis cuando coinciden con negociaciones políticas o debates legislativos de alto impacto.
El contexto parlamentario adquiere especial relevancia debido a que el oficialismo necesita sumar respaldos para aprobar varias iniciativas pendientes. Entre ellas figura la reforma de la carta orgánica del Banco Central, considerada una de las prioridades económicas del Gobierno, además de otros proyectos vinculados con el régimen tributario y la seguridad jurídica para los ahorristas.
En ese marco, uno de los proyectos que debió ser postergado fue el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorpora modificaciones relacionadas con la venta de tierras a extranjeros. La falta de consensos obligó a suspender su tratamiento hasta agosto, reflejando las dificultades que enfrenta el oficialismo para reunir los votos necesarios.
También permanece demorada la reforma de la ley de Inocencia Fiscal, destinada a otorgar un marco legal para quienes decidan exteriorizar dólares no declarados. La demora legislativa incluso tuvo consecuencias administrativas, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió postergar por un mes la presentación de determinadas declaraciones juradas.
Mientras tanto, el flujo de recursos hacia las provincias presenta diferencias entre las partidas automáticas y las discrecionales. Durante la primera quincena de julio, las transferencias automáticas alcanzaron aproximadamente los $3 billones, prácticamente sin variaciones respecto del mismo período del año anterior.
En contraste, las transferencias no automáticas totalizaron $32.693 millones en el mismo lapso, de los cuales alrededor del 76% correspondieron precisamente a los ATN, lo que refleja el peso que adquirieron estos aportes dentro del esquema de asistencia financiera nacional.
La situación fiscal de las provincias también se encuentra condicionada por la evolución de la actividad económica. La desaceleración de distintos sectores impactó sobre la recaudación de impuestos propios, especialmente sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de los gobiernos provinciales.
De acuerdo con los datos disponibles, la recaudación de ese tributo acumuló una caída real del 3,4% entre enero y mayo respecto del mismo período del año anterior. En cambio, el Impuesto Inmobiliario mostró un crecimiento real del 9%, mientras que la recaudación proveniente de las patentes automotor registró una disminución del 1,9%.
En este contexto, la reactivación de los ATN vuelve a instalar el debate sobre el papel de las transferencias discrecionales dentro de la relación entre la Nación y las provincias, especialmente cuando coinciden con una etapa de intensa negociación política y de búsqueda de consensos para avanzar con reformas consideradas centrales por el Gobierno.