JUDICIALES Ricardo ZIMERMAN

La Cámara Civil rechazó una prórroga y exigió avanzar con las obras de accesibilidad para una mujer de 96 años

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo al pedido de prórroga presentado por un consorcio de propietarios que buscaba extender el plazo fijado para presentar un proyecto técnico destinado a garantizar la accesibilidad de una mujer de 96 años, usuaria de silla de ruedas, al edificio donde reside. El tribunal entendió que las razones invocadas por la administración resultaban insuficientes frente a la urgencia del caso y a la necesidad de asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la adulta mayor.

La resolución fue dictada por la Sala de Turno I en el marco de una acción de amparo iniciada por la mujer, luego de que el consorcio apelara la decisión que le había denegado una extensión del plazo para cumplir con una orden judicial previamente dispuesta.

Semanas antes, la Sala F de la Cámara Civil había revocado el rechazo de una medida cautelar innovativa y ordenado al consorcio presentar, dentro del plazo de quince días, un proyecto elaborado por un profesional matriculado que contemplara una solución técnica adecuada para garantizar el acceso al edificio. Entre las alternativas propuestas figuraban la adecuación de la rampa existente, la construcción de una nueva, la instalación de un dispositivo mecánico homologado u otra obra que permitiera eliminar las barreras de accesibilidad.

Una vez devuelto el expediente al juzgado de origen, el consorcio fue intimado a cumplir con esa obligación. Durante la feria judicial solicitó una prórroga al argumentar que el profesional designado se encontraba de vacaciones y que el edificio estaba atravesando otras obras que dificultaban la elaboración del proyecto.

Sin embargo, la Cámara consideró que esos fundamentos no justificaban una nueva postergación. Los magistrados destacaron que la mujer enfrenta diariamente serias dificultades para ingresar y salir de su vivienda debido a su edad y condición física, circunstancias que tornan imprescindible una respuesta judicial rápida y efectiva.

El fallo también recordó que el conflicto se prolonga desde hace varios meses y que durante 2025 y 2026 se desarrollaron diversas audiencias con el propósito de alcanzar una solución consensuada, sin resultados concretos. Esa falta de avances fue valorada por el tribunal al momento de resolver el planteo.

Asimismo, los jueces señalaron que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impone a los Estados y a los particulares el deber de remover los obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. Bajo ese marco normativo, sostuvieron que el transcurso del tiempo adquiere una especial relevancia cuando afecta a una persona mayor con discapacidad, ya que cada demora prolonga una situación de dependencia, aislamiento y restricción de derechos fundamentales.

Con esos fundamentos, la Cámara confirmó la decisión recurrida y ratificó la obligación del consorcio de presentar sin más dilaciones el proyecto técnico que permita avanzar hacia una solución definitiva de accesibilidad para la residente.