La verdadera negociación comenzó cuando el Congreso hizo silencio

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El calendario parlamentario suele ofrecer una paradoja interesante. Cuando la actividad legislativa disminuye y la atención pública parece dispersarse, la política entra en una de sus etapas más intensas. El receso no representa un tiempo muerto; por el contrario, abre un período donde las conversaciones reservadas adquieren más valor que los discursos y donde las futuras mayorías empiezan a construirse lejos de los micrófonos. Es precisamente allí donde el Gobierno decidió mover sus fichas para afrontar una etapa que puede resultar decisiva para el resto de su mandato.

La administración de Javier Milei sabe que la estabilidad económica, aun cuando continúe mostrando indicadores favorables, ya no alcanza por sí sola para sostener la iniciativa política. Después de casi tres años de gestión, el desafío dejó de ser exclusivamente administrar la economía y pasó a consistir en construir las herramientas institucionales que permitan consolidar el rumbo elegido. Esa transición explica por qué la reforma política y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central aparecen hoy como piezas de un mismo tablero.

En esa estrategia sobresale el papel asignado al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Más allá de las responsabilidades propias de su función, asumió una tarea eminentemente política: recorrer el país para reconstruir canales de diálogo con gobernadores que, sin formar parte del oficialismo, administran bloques legislativos capaces de inclinar cualquier votación relevante. Su misión no consiste únicamente en conseguir apoyos para una ley determinada, sino en establecer un mecanismo de negociación que permita darle previsibilidad a una gestión que todavía depende de acuerdos circunstanciales.

No es casual que los primeros destinos analizados por la Casa Rosada sean provincias cuyos mandatarios demostraron en los últimos meses una autonomía creciente respecto de las estructuras nacionales de sus propios partidos. Allí donde otros observan dirigentes peronistas, radicales o provinciales, el oficialismo identifica interlocutores dispuestos a priorizar la gobernabilidad por encima de los alineamientos tradicionales. Es una lectura pragmática que refleja cómo se transformó el mapa político argentino después de la irrupción libertaria.

La lógica es sencilla: antes de discutir una reforma electoral de enorme complejidad, el Gobierno necesita comprobar que todavía posee capacidad para reunir mayorías parlamentarias. En ese contexto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central adquiere un significado que trasciende ampliamente el aspecto económico. Más que una iniciativa financiera, se convierte en una prueba de resistencia política. Cada voto favorable o adverso servirá para identificar quiénes están dispuestos a acompañar al oficialismo y quiénes prefieren ubicarse definitivamente en la oposición.

Ese cambio de enfoque también explica la decisión de modificar la estrategia legislativa. Durante buena parte de la gestión, la prioridad había sido iniciar las negociaciones en el Senado, donde la influencia de los gobernadores suele facilitar consensos previos. Ahora el Ejecutivo opta por comenzar el recorrido en la Cámara de Diputados. La explicación formal apunta a evitar la acumulación de proyectos en la Cámara alta, pero detrás de esa decisión también existe una necesidad política evidente: recuperar dinamismo y evitar que la agenda oficial quede atrapada por los tiempos del Senado.

El oficialismo comprende que el tiempo empieza a jugar un papel determinante. A medida que el calendario electoral avance, cada sesión parlamentaria estará atravesada por intereses cada vez más difíciles de conciliar. Las alianzas comenzarán a medirse en términos de conveniencia electoral y no exclusivamente de coincidencia programática. Por eso agosto aparece como una ventana de oportunidad que la Casa Rosada pretende aprovechar antes de que la lógica de la campaña termine condicionando todas las decisiones.

En ese escenario, los gobernadores recuperan un protagonismo que durante varios meses pareció diluirse. La fragmentación política les devolvió una capacidad de influencia que excede ampliamente las fronteras de sus provincias. Hoy administran bloques legislativos, negocian recursos, condicionan reformas y representan uno de los pocos factores capaces de otorgarle gobernabilidad a cualquier administración nacional. Esa centralidad explica el interés del Ejecutivo por fortalecer el diálogo territorial.

Incluso las reuniones convocadas bajo objetivos de gestión terminan incorporando inevitablemente un componente político. La coordinación de acciones preventivas frente a los efectos del fenómeno climático de El Niño constituye una necesidad concreta para varias provincias del norte argentino. Sin embargo, resulta difícil imaginar que encuentros de ese nivel se limiten exclusivamente a cuestiones técnicas. La política argentina tiene una larga tradición de convertir cada reunión institucional en una oportunidad para explorar acuerdos más amplios.

Mientras tanto, la oposición observa con cautela este proceso. Sabe que un Gobierno capaz de aprobar reformas estructurales llegará fortalecido a la próxima etapa electoral. Pero también entiende que cada gobernador administra intereses propios y que las decisiones difícilmente respondan a una estrategia unificada. Esa diversidad convierte cada negociación en un ejercicio de equilibrio permanente, donde los acuerdos deberán construirse uno por uno.

La gran incógnita consiste en determinar si el oficialismo logrará transformar esa red de conversaciones en una mayoría estable o si continuará dependiendo de apoyos circunstanciales. Esa diferencia será mucho más trascendente que la aprobación de una ley específica. Definirá, en buena medida, si el Gobierno consigue pasar de la etapa de la supervivencia parlamentaria a la de la construcción de poder político.

Cuando el Congreso vuelva a sesionar con intensidad, buena parte de las decisiones importantes ya estarán encaminadas. Las votaciones serán apenas la formalización de entendimientos alcanzados durante semanas de recorridas, llamados telefónicos y negociaciones discretas. En política, los grandes anuncios suelen ocupar las portadas; pero son las conversaciones silenciosas las que, casi siempre, terminan escribiendo la historia.