La pelea por las jubilaciones en Santa Fe llega a otra instancia: la Provincia cuestiona el fallo y prepara su desembarco en la Corte nacional
El Gobierno de Santa Fe profundizó su estrategia judicial contra el reciente fallo de la Corte Suprema provincial que declaró inconstitucional el tope para los haberes jubilatorios y derivó a la Justicia contencioso-administrativa el planteo contra el aporte solidario previsto en la Ley de Emergencia Previsional.
Mientras la administración provincial termina de preparar el recurso de queja que llevará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentó dos nuevos planteos ante el máximo tribunal santafesino para cuestionar distintos aspectos de la resolución.
Uno de los recursos es un pedido de revocatoria y apunta principalmente a la forma en que se produjo la votación de los magistrados. En ambos expedientes, las posiciones quedaron divididas en tres votos a favor y tres en contra, por lo que el presidente del tribunal, Roberto Falistocco, intervino para desempatar.
En el caso referido al tope jubilatorio, su voto terminó inclinando la decisión hacia la declaración de inconstitucionalidad. En el expediente relacionado con el aporte solidario, en cambio, su posición favoreció el traslado de la discusión al fuero contencioso-administrativo.
La Provincia cuestiona el desempate
La administración de Maximiliano Pullaro sostiene que la modalidad utilizada para definir ambos expedientes podría afectar la validez de las resoluciones.
El argumento central gira en torno a la existencia de una supuesta falta de coincidencia suficiente entre los votos que conformaron la decisión. Desde el Gobierno provincial consideran que el denominado voto de desempate no permitió construir un criterio común suficientemente sólido sobre el fondo de los asuntos tratados.
La Provincia sostiene que esa situación dejaría al fallo sin un "núcleo duro" de coincidencias entre los integrantes del máximo tribunal.
El planteo será ahora analizado por la propia Corte provincial, mientras el Ejecutivo prepara los argumentos que utilizará ante la Justicia federal.
También pidieron aclarar el alcance del fallo
En paralelo, la Provincia presentó un pedido de aclaratoria respecto de la sentencia relacionada con el denominado tope jubilatorio.
El Gobierno sostiene que el fallo no menciona de manera expresa ese concepto dentro de la parte resolutiva, pese a que sí aparece desarrollado en los fundamentos y consideraciones de la sentencia.
Para la administración provincial, esa diferencia genera dudas sobre el verdadero alcance de la decisión judicial y sobre la manera en que debe ser aplicada.
La necesidad de precisar ese punto también fue planteada por el abogado que representa al jubilado que promovió la acción judicial, quien solicitó que el tribunal determine con mayor precisión los alcances de la resolución.
El próximo paso será la Corte Suprema nacional
Los argumentos presentados ante la Corte santafesina formarán parte de la estrategia que el Gobierno provincial llevará próximamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Provincia buscará defender allí la constitucionalidad y legalidad tanto del tope aplicado a determinados haberes previsionales como del aporte solidario establecido dentro del esquema de emergencia.
El objetivo del Ejecutivo es que el máximo tribunal nacional revise el criterio adoptado por la Justicia santafesina y establezca una definición sobre dos herramientas que el Gobierno considera centrales para sostener el equilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones.
El Gobierno cuestionó el impacto del fallo
Además de la estrategia judicial, distintos funcionarios provinciales salieron a cuestionar públicamente la decisión.
El ministro de Economía, Pablo Olivares; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y la vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, criticaron especialmente a quienes impulsaron las demandas contra el tope jubilatorio.
Desde la administración provincial señalaron que varios de los beneficiarios que recurrieron a la Justicia perciben haberes elevados, en algunos casos cercanos a los 18 millones de pesos mensuales. Entre los demandantes aparecen principalmente exintegrantes del Poder Judicial, aunque también hay exlegisladores y antiguos funcionarios del Ejecutivo.
El planteo político del Gobierno apunta a discutir no solo el impacto financiero de las sentencias, sino también el criterio con el que se distribuyen los esfuerzos para sostener el sistema previsional provincial.
En esa línea, Olivares sostuvo que las consecuencias de la resolución tendrían un impacto "más ético que económico", al instalar el debate sobre quiénes deben asumir el costo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.
Con los recursos ya presentados ante la Corte provincial y el próximo desembarco ante el máximo tribunal nacional, la discusión por la reforma previsional santafesina suma así una nueva instancia judicial y política.