El Gobierno le prestará 2 billones de pesos a los bancos para que otorguen créditos hipotecarios
El Ministerio de Economía anunció una medida destinada a resolver el principal cuello de botella del crédito hipotecario UVA: el descalce de plazos entre los depósitos a corto plazo y los préstamos a dos o tres décadas. A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el Estado volcará 2 billones de pesos mediante licitaciones de plazos fijos ajustados por UVA dirigidas a las entidades bancarias. Las subastas ofrecerán tramos a un año —con una tasa mínima de UVA más 2,5%— y a cinco años —a UVA más 4,5%—, exigiendo como contrapartida que las entidades vuelquen estos recursos a financiamiento para vivienda para personas humanas a un plazo no inferior a 15 años.
La iniciativa establece condiciones operativas precisas, como un tope de crédito de 150.000 UVA (cerca de 200.000 dólares) y un techo de tasa de interés fijado en UVA más 7,5%. Esta exigencia resulta relevante debido a que la mayoría de los bancos privados opera actualmente con márgenes por encima de ese límite —alcanzando en varios casos niveles superiores al 9% o 12%—, a excepción de unas pocas entidades públicas o internacionales que ya mantienen costos alineados con el nuevo parámetro oficial.
Representantes de la banca privada y pública —como ABA, ADEBA y ABAPPRA— valoraron el plan por aportar transparencia y liquidez de mayor alcance al sistema, permitiendo resguardar los activos del FGS con rendimientos reales positivos mientras se expande la oferta crediticia. No obstante, desde el sector financiero aclaran que se requiere un análisis detallado de la reglamentación y que los plazos de fondeo de hasta cinco años continúan siendo acotados frente a la extensión habitual de una hipoteca.
Analistas económicos destacan que la medida representa un avance para dinamizar un sector que venía golpeado, aunque advierten que la baja generalizada de tasas dependerá de la competencia en las subastas y de la adecuación de las bancas con ofertas menos competitivas. El desafío de fondo radica en consolidar la estabilidad macroeconómica para acercar las condiciones locales a las de mercados más desarrollados de la región —como el chileno—, donde la disponibilidad de instrumentos de financiamiento de largo plazo sostiene tasas sensiblemente menores y una mayor accesibilidad a la vivienda.