Quirno endurece la ofensiva por Malvinas y apunta a frenar el proyecto petrolero en las islas
- El Gobierno de Javier Milei busca impedir que comience la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
- La estrategia oficial combina sanciones económicas, presión diplomática y fortalecimiento de las capacidades estatales en el Atlántico Sur.
- La modificación de la Ley 26.659 apunta a ampliar las sanciones hacia empresas petroleras, financieras, aseguradoras y proveedoras de servicios.
- El desarrollo de Vaca Muerta es considerado por el Gobierno una herramienta de presión frente a compañías internacionales.
- La Cancillería tendrá un papel central en los expedientes sancionatorios vinculados con las actividades hidrocarburíferas en las islas.
- La Base Naval Integrada de Ushuaia es presentada como parte de una estrategia más amplia para reforzar la posición argentina sobre Malvinas.
El Gobierno de Javier Milei decidió intensificar su estrategia para impedir que avance la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y busca combinar presión diplomática, sanciones económicas y un refuerzo de las capacidades estatales en el Atlántico Sur. El canciller Pablo Quirno sostuvo que el objetivo inmediato es concreto: evitar que el proyecto petrolero comience a operar durante los próximos meses.
La definición del Gobierno tomó mayor impulso después de que las compañías Navitas y Rockhopper comunicaran en diciembre su decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo de hidrocarburos en el área de las islas. A partir de ese momento, la Cancillería comenzó a enviar notas de protesta tanto a las empresas involucradas como a representantes diplomáticos del Reino Unido e Israel.
Quirno explicó que la administración libertaria trabaja sobre una modificación de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La intención oficial es ampliar y endurecer el régimen de sanciones para alcanzar no solamente a las compañías directamente involucradas en la extracción, sino también a empresas que integran la cadena de servicios necesaria para desarrollar esas actividades.
El nuevo esquema incluiría a compañías de servicios petroleros, entidades financieras, aseguradoras y otros proveedores. La estrategia consiste en aumentar el costo de operar en Malvinas para cualquier empresa que, al mismo tiempo, pretenda mantener negocios en el mercado argentino.
La principal herramienta de presión que identifica el Gobierno es el peso adquirido por Vaca Muerta. Según la argumentación de Quirno, la expansión del sector energético argentino modificó la relación de incentivos que existía cuando se sancionó la legislación vigente. La posibilidad de acceder al mercado argentino y a las oportunidades de inversión asociadas al desarrollo energético constituye ahora, desde la perspectiva oficial, un elemento de presión adicional.
La Cancillería tendrá además un papel central en los expedientes sancionatorios. Quirno justificó esa decisión al considerar que el conflicto excede el ámbito estrictamente energético y se encuentra directamente relacionado con la política exterior argentina y el reclamo de soberanía sobre las islas.
El Gobierno busca que las medidas tengan efectos antes de que comience la explotación. La ventana temporal es considerada especialmente relevante porque el proyecto podría entrar en una etapa operativa durante los próximos meses. Por ese motivo, la estrategia oficial apunta a actuar sobre las empresas antes de que las actividades hidrocarburíferas alcancen una escala significativa.
La presión diplomática será acompañada por el fortalecimiento de la presencia estatal en el extremo sur. En ese marco se inscribe la decisión de reasignar recursos para avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia. Para el Gobierno, las sanciones, las gestiones diplomáticas y la mejora de las capacidades logísticas y de defensa forman parte de una misma política.
La Casa Rosada también sostiene que las primeras señales empresariales muestran un efecto favorable de la estrategia. Según Quirno, durante los últimos días distintas compañías que operan en Argentina se comunicaron con el Gobierno para ratificar que no respaldarán operaciones hidrocarburíferas en Malvinas.
El canciller considera que esa respuesta refleja una mayor capacidad argentina para condicionar decisiones corporativas. El planteo oficial es que una empresa que deba elegir entre mantener negocios en el mercado argentino o participar de actividades hidrocarburíferas en las islas enfrentará ahora un dilema diferente al de años anteriores.
En el plano internacional, el Gobierno espera que los países considerados aliados respalden su posición respecto de la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía permanece en disputa. Quirno vinculó el reclamo argentino con las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a evitar decisiones unilaterales mientras no se resuelva la controversia.
La estrategia también abrió una discusión sobre las capacidades militares argentinas. Quirno responsabilizó a gestiones anteriores por el deterioro de las Fuerzas Armadas y sostuvo que una estructura de defensa debilitada, combinada con una economía frágil, redujo durante años el margen de acción internacional del país.
Con ese diagnóstico, la administración Milei busca presentar la cuestión Malvinas como una política integral y no como una sucesión de medidas aisladas. El desafío será conseguir que las sanciones, la diplomacia y el refuerzo de la infraestructura estratégica logren modificar las decisiones de las empresas involucradas y, principalmente, impedir que el proyecto petrolero avance hacia su etapa de explotación.