Los bancos, los endeudados y una amenaza electoral para Milei

RESUMEN

• El endeudamiento de millones de argentinos puede convertirse en uno de los factores decisivos de las próximas elecciones presidenciales.

• Algunas estimaciones hablan de más de ocho millones de personas endeudadas. Si consideramos sus grupos familiares, el problema podría afectar a unos 25 millones de argentinos.

• Los bancos deben ser investigados por el cobro de intereses presuntamente abusivos y por haber otorgado créditos a personas cuya capacidad de pago conocían de antemano.

• El gobierno de Javier Milei no debe rescatar a los deudores con fondos públicos, pero sí garantizar que se investigue el comportamiento de las entidades financieras.

• La gran pregunta es si detrás de determinadas prácticas bancarias existen solamente intereses económicos o también conductas destinadas a generar un malestar social que termine perjudicando electoralmente al Presidente.

Una bomba electoral que nadie debería ignorar

Hay una realidad que el gobierno de Javier Milei no debería subestimar: millones de argentinos están endeudados, muchos de ellos hasta niveles absolutamente incompatibles con sus ingresos, y esa situación puede terminar teniendo consecuencias políticas de enorme magnitud.

Algunos informes y estimaciones hablan de más de ocho millones de personas endeudadas o con dificultades para cumplir sus obligaciones financieras. Si a ese universo le sumamos los integrantes de sus grupos familiares, podríamos estar hablando de aproximadamente 25 millones de argentinos afectados directa o indirectamente.

Estas cifras deben ser verificadas y diferenciadas según el tipo de deuda y el grado de morosidad, pero sirven para dimensionar la magnitud potencial del problema.

No estamos hablando solamente de números, créditos o balances bancarios. Estamos hablando de familias que viven angustiadas, de trabajadores que llegan a fin de mes sin dinero y de jubilados que ven comprometida una parte importante de sus ingresos.

Y detrás de cada una de esas familias existe una realidad que ningún gobierno puede ignorar: también hay ciudadanos que votan.

Los endeudados pueden convertirse en uno de los sectores que definan quién será el próximo presidente de la Argentina.

Milei tiene razón: el Estado no debe rescatar a los deudores

Quiero dejar absolutamente clara mi posición.

Comparto el criterio del presidente Javier Milei de que las deudas contraídas entre particulares deben resolverse, en principio, entre las partes involucradas.

No considero justo que el Estado nacional utilice los impuestos de todos los argentinos para rescatar a quienes contrajeron obligaciones financieras que luego no pudieron cumplir.

Tampoco creo que corresponda implementar un salvataje generalizado de deudores ni mucho menos una transferencia de recursos públicos destinada a compensar las malas decisiones comerciales de los bancos.

Pero una cosa es rechazar la intervención económica del Estado y otra muy distinta es permitir que las entidades financieras actúen sin controles efectivos sobre la legalidad de sus conductas.

El Estado no debe pagar las deudas privadas. Lo que sí debe hacer es investigar, controlar y garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados.

Y aquí comienza el verdadero problema.

Los bancos sabían a quiénes les prestaban dinero

Después de cuarenta años ejerciendo la abogacía, particularmente en conflictos comerciales y reestructuración de deudas, hay una cuestión que me resulta imposible ignorar.

Los bancos conocen perfectamente la capacidad económica de sus clientes.

Tienen acceso a información crediticia, antecedentes comerciales, ingresos declarados, compromisos financieros y sofisticados sistemas para evaluar riesgos.

Por eso me pregunto: ¿cómo se explica que determinadas entidades financieras hayan otorgado créditos a personas que, de acuerdo con sus ingresos y obligaciones existentes, difícilmente podrían devolverlos?

¿Fue simplemente un error comercial?

¿Fue una política deliberada de expansión crediticia sin medir adecuadamente sus consecuencias?

¿O existieron otros intereses que todavía no conocemos?

No estoy afirmando que todos los bancos hayan cometido delitos. Estoy diciendo algo muy concreto: existen motivos suficientes para reclamar investigaciones serias sobre determinadas prácticas de otorgamiento de créditos y cobro de intereses.

Porque si una entidad financiera conoce que una persona no tiene capacidad razonable para afrontar nuevas obligaciones y, aun así, continúa prestándole dinero en condiciones que agravan su situación, corresponde analizar su responsabilidad.

Los bancos no pueden presentarse exclusivamente como víctimas de los incumplimientos cuando también participaron activamente en la generación del endeudamiento.

Intereses abusivos: la Justicia debe intervenir

Otro aspecto que considero central es el cobro de intereses.

Durante años, numerosas entidades financieras aplicaron tasas que, en determinadas operaciones y circunstancias, merecen ser examinadas judicialmente por su posible carácter abusivo.

No todo interés elevado es jurídicamente usurario, pero tampoco toda tasa pactada por un banco es necesariamente legítima.

El Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en su artículo 771, contempla la facultad judicial de reducir intereses cuando resultan desproporcionados en los términos previstos por la ley.

A ello se suman las normas de protección de los consumidores, el deber de información y las disposiciones que regulan las relaciones contractuales.

Por eso sostengo que los argentinos endeudados deben animarse a concurrir a la Justicia.

Un juez independiente puede analizar las condiciones de contratación, la información suministrada, la razonabilidad de los intereses y las eventuales cláusulas abusivas.

No se trata de promover el incumplimiento de las obligaciones.

Se trata de impedir que una deuda legítima termine convirtiéndose en una condena económica perpetua para una familia.

¿A quién beneficia políticamente el endeudamiento?

Aquí aparece una cuestión que considero especialmente delicada y que merece una reflexión profunda.

El endeudamiento de millones de familias genera frustración, angustia, enojo y, naturalmente, un creciente malestar social.

Ese malestar, con independencia de quiénes sean los responsables de cada situación, puede terminar siendo dirigido contra el gobierno de turno.

En este caso, contra Javier Milei.

Los bancos conocen perfectamente el impacto económico y social de sus decisiones. También saben que una sociedad profundamente endeudada puede transformarse en una sociedad políticamente descontenta.

Por eso considero legítimo formular una pregunta:

¿Qué intereses persiguen los propietarios y directivos de las entidades financieras cuando sostienen determinadas políticas crediticias que profundizan las dificultades económicas de millones de argentinos?

No pretendo afirmar, sin pruebas, que exista una maniobra organizada para perjudicar electoralmente al Presidente.

Pero tampoco considero razonable descartar de antemano cualquier hipótesis.

Si aparecieran indicios concretos de que determinadas conductas financieras fueron deliberadamente utilizadas para provocar perjuicios económicos con finalidades políticas, correspondería investigarlos.

La existencia de una estrategia de interferencia electoral, y especialmente su eventual carácter delictivo, exigiría demostrar hechos, responsabilidades y una figura penal aplicable. El simple malestar social provocado por las deudas no constituye por sí mismo un delito.

Sin embargo, la ausencia de pruebas actuales de una intencionalidad política no debe impedir investigar posibles irregularidades económicas y financieras.

El Gobierno debe actuar, pero no con la billetera de los argentinos

La solución no consiste en repartir dinero público ni en obligar al Estado a hacerse cargo de las deudas privadas.

La solución consiste en exigir transparencia, investigar posibles abusos y garantizar que los ciudadanos puedan defenderse ante la Justicia.

El Gobierno, a través de los organismos competentes y respetando la independencia judicial, debería promover un examen profundo de las prácticas de las entidades financieras.

El Banco Central, los organismos de defensa del consumidor y, cuando existan indicios de delitos, el Ministerio Público Fiscal tienen responsabilidades que no deberían eludir.

Hay preguntas que merecen respuestas.

¿Por qué se otorgaron determinados créditos sin una evaluación aparentemente razonable de la capacidad de pago?

¿Qué responsabilidad corresponde a las entidades que promovieron refinanciaciones sucesivas que terminaron agravando las deudas?

¿Existieron intereses o cargos abusivos?

¿Se respetaron las normas de protección de los consumidores financieros?

Investigar estas cuestiones no significa atacar al sistema bancario. Significa defender la legalidad, la competencia y la confianza en las instituciones.

Los bancos no pueden quedar al margen de sus responsabilidades

Existe una contradicción que me resulta particularmente llamativa.

Cuando una persona solicita un crédito, el banco analiza su situación económica y decide si le presta o no.

Pero cuando esa misma persona deja de pagar, pareciera que toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre el deudor.

¿Y la responsabilidad de quien otorgó el crédito?

¿Acaso las entidades financieras no tienen departamentos especializados en evaluación de riesgos?

¿No cuentan con información suficiente para determinar qué porcentaje de los ingresos de una persona ya está comprometido?

¿No conocen las consecuencias de acumular préstamos, tarjetas de crédito y refinanciaciones?

No se puede ignorar la responsabilidad que eventualmente les corresponde a quienes diseñaron, ofrecieron y comercializaron esos productos financieros.

La responsabilidad contractual del deudor existe, pero ello no excluye la posibilidad de que también existan incumplimientos o abusos por parte del acreedor.

Milei puede pagar un costo político por decisiones que no tomó

Mi preocupación también es política.

Javier Milei puede terminar pagando electoralmente las consecuencias de determinadas conductas de entidades financieras privadas que no necesariamente responden a decisiones de su Gobierno.

Millones de argentinos no distinguen, cuando están desesperados por sus deudas, entre las responsabilidades del banco, las decisiones personales y las políticas económicas nacionales.

Simplemente saben que no llegan a fin de mes.

Y ese enojo puede expresarse en las urnas.

Sería un grave error político permitir que el problema del endeudamiento continúe creciendo sin impulsar una respuesta institucional que investigue los posibles abusos.

No estoy proponiendo que Milei abandone sus principios económicos.

Por el contrario, considero que debe defenderlos.

Un sistema de libre mercado no puede confundirse con un sistema en el que determinadas empresas tengan libertad para cometer abusos.

La libertad económica exige reglas claras, contratos legítimos y responsabilidades para todas las partes.

Una advertencia antes de las próximas elecciones

Quiero terminar con una reflexión.

Los millones de argentinos endeudados pueden convertirse en protagonistas silenciosos de la próxima elección presidencial.

Son trabajadores, comerciantes, profesionales, jubilados y pequeños empresarios que todos los meses deben elegir entre pagar sus obligaciones financieras o atender necesidades esenciales de sus familias.

No necesitan promesas electorales ni soluciones mágicas.

Necesitan Justicia.

Los bancos deben responder por sus decisiones y los deudores deben asumir sus obligaciones, pero nadie puede quedar indefenso frente a eventuales prácticas abusivas.

El gobierno de Javier Milei tiene la oportunidad de impulsar una investigación profunda, seria e independiente sobre el comportamiento del sistema financiero, sin comprometer un solo peso de los contribuyentes en rescates generalizados.

Y los ciudadanos tienen que comprender que la Justicia es el ámbito institucional adecuado para denunciar y reclamar cuando consideran vulnerados sus derechos.

Mi pregunta final es tan sencilla como inquietante: ¿los bancos solamente buscan recuperar el dinero que prestaron o existen, en algunos casos, intereses que van más allá del negocio financiero?

No tengo elementos para afirmar que exista una conspiración política. Pero sí tengo la convicción de que las prácticas crediticias presuntamente abusivas merecen una investigación exhaustiva.

Porque cuando millones de familias están endeudadas, el problema deja de ser exclusivamente financiero y se transforma también en un problema social, institucional y electoral.

Y si el Gobierno no comprende esa dimensión, puede encontrarse con una desagradable sorpresa cuando los argentinos vuelvan a las urnas.

*Carlos Zimerman .Abogado y periodista . Titular del Estudio Jurídico Zimerman . Especialista en reestructuración de deudas con bancos . Titular de Más Justicia Más Salud . Experto en pleitos comerciales.