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Venezuela cuenta los días para descubrir si las elecciones de este domingo serán limpias, democráticas y transparentes o se repetirá, una vez más, la historia de fraudes y violencia del pasado reciente.

Nicolás Maduro sabe que los ojos del mundo están clavados en un proceso viciado de origen, pero que aun así podría poner fin a 25 años de régimen bolivariano. La lista de detenciones y candidatos proscritos por la dictadura es extensa, como numerosos son los medios de comunicación que el gobierno ha bloqueado, cortado la señal o directamente expropiados, como hizo con las instalaciones de El Nacional que ahora dirige on line desde España, Miguel Henrique Otero.

Desde que Hugo Chávez llegara al poder, en 1999, nunca antes se había visto un escenario tan favorable a la oposición como el actual.
 
Los principales partidos, movimientos y líderes antichavistas han logrado, esta vez sí, unirse en la denominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD). No ha sido fácil, María Corina Machado, la candidata elegida tuvo que ceder el testigo a Corina Yoris y ésta al diplomático Edmundo González Urrutia, al que la dictadura ya no se ha animado a inhabilitar como a sus antecesoras.

El fervor popular por el cambio inunda de norte a sur una Venezuela hastiada, empobrecida y maltratada por unos gobernantes que se mantienen en el poder como un clan o una mafia cívico militar. La presión internacional y las conversaciones en curso con Estados Unidos en Qatar, han forzado a Maduro a abrir unas urnas que si fuera por su deseo permanecerían cerradas.

Llegado a este punto, en el Palacio de Miraflores quieren ofrecer una imagen de legalidad y transparencia. Para lograrlo han invitado a varios grupos de observadores internacionales, pero han rechazado la presencia de aquellos de la Unión Europea en general y de España en particular.

En su lugar, en Caracas han recibido con los brazos abiertos a Rodrigo Londoño, alías «Timochenko». Miembro de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla terrorista colombiana que llegó a colocar collares explosivos en la garganta de los secuestrados, Timochenko hoy es diputado en el gobierno del presidente Gustavo Petro, otro antiguo guerrillero del M19 conocido como «Aureliano» y «Comandante Andrés».

 
El ahora líder del partido Comunes de Colombia, celebró en su cuenta de X (antigua Twitter) ser uno más de los supuestos garantes de las elecciones. «Deseo al pueblo venezolano una jornada electoral democrática, en paz y sin intervencionismo extranjero», escribió.

El mensaje, con certeza, no estaba dirigido a José Luis Rodríguez Zapatero, virtual portavoz en el exterior de Nicolás Maduro. Quizás, el tuit era para el cuerpo diplomático acreditado en Caracas al que el gobierno convocó para advertirles que estén preparados porque si la PUD no reconoce «su» escrutinio les va a «castigar 100 años». De cualquier modo, fue más suave que lo que le hizo temblar a Lula Da Silva cuando Maduro le dijo que si perdía las elecciones «habría un baño de sangre».

El expresidente de Argentina y miembro del bolivariano Grupo de Puebla, Alberto Fernández, también estaba en la lista blanca de los veedores seleccionados por el régimen, pero su adhesión a las palabras de Lula tuvieron como efecto que le retirarán la invitación pocas horas antes de partir rumbo a Caracas. No le pasó lo mismo a Zapatero que estará en primera fila con el expresidente de Colombia Ernesto Samper, el panameño Omar Torrijos y el dominicano Leonel Fernández. Para Maduro, estos sí son amigos incondicionales.

Al menos hasta ahora, el régimen acepta a representantes del Centro Carter, fundado por el expresidente demócrata al que, dado su estado de salud, algunos medios llegaron a darle por muerto esta semana.

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y el resto de la cúpula de la dictadura, no se cansan de anunciar que las urnas revalidarán al régimen que impide votar libremente en el exterior a los venezolanos y ha desplegado un dispositivo de obstáculos para los adversarios.

 
La desconfianza se impone y el Instituto Casla que dirige Tamara Sujú, ha facilitado un correo electrónico [email protected] donde recibir denuncias de atropellos, ausencia de papeletas, urnas preñadas o cualquier otro tipo de irregularidades, tanto durante la votación como en el escrutinio.

Como advierte el Instituto Casla en su comunicado: «Estaremos recibiendo y documentando las denuncias sobre la represión sistemática que ejerce el Estado venezolano en el contexto de las elecciones 28J». La avalancha de mails está garantizada.

El último incidente lo denunció hace unas horas María Corina Machado: «El régimen no permite que los testigos de la Unidad tengan sus credenciales para hacer su trabajo a partir de este viernes 26J cuando se instalan las mesas de votación».

La PUD se siente ganadora pero, con razón, no se fía y ha convocado una vigilia para cuidar el voto. Ironías de Venezuela, Maduro siente también el peligro de una mano negra, aunque le pone nombre y apellidos de opositores. Hace días que denunció que había detenido a un grupo que planeaba «atentados» para interrumpir el suministro eléctrico el día de las elecciones y alterar el resultado de la votación. El fantasma de un «apagón» del régimen bolivariano resucita.

Por Carmen de Carlos para El Debate

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