El ADN del modelo Pullaro, las diferencias con Milei y las próximas batallas por “ordenar el Estado”

En los años 80, la tabacalera que fabricaba los cigarrillos Jockey Club lanzó la versión “Suaves”. Su eslogan era “El equilibrio justo”, que cuarenta años después, cuando los cigarrillos ya no se publicitan masivamente, bien podría promocionar la mixtura que hace el gobierno provincial de Maximiliano Pullaro entre la socialdemocracia de sus orígenes y ciertas marcas del disruptivo ciclo político-económico del momento. El resultado es un modelo basado en la disciplina fiscal, eficientista, de base productiva y participación estatal, que coexiste en tensión con el modelo libertario que encabeza Javier Milei.

Algo de esa conjunción se ve en la ofensiva del propio gobernador y sus funcionarios sobre las dos empresas más grandes del Estado provincial: Aguas Santafesinas y Empresa Provincial de la Energía. Hablaron de la necesidad de poner orden, eliminar privilegios y recortar poder sindical.

Aunque estratégicamente nunca cierran la puerta del todo, Pullaro y la alianza que lidera dejaron en claro desde el inicio que no estaba en sus planes privatizar Assa y la EPE. Pero al mismo tiempo, el gobierno se despoja de prejuicios ideológicos, exacerba la retórica antisindical y arremete contra el poder de los gremios. Les reprocha la apropiación de las empresas como si fueran suyas. No usa la palabra casta, pero sintoniza con el sentido de época al confrontarlos con la sociedad y aludir a “privilegiados”. 

Mientras Milei se autoriza a sí mismo por decreto a vender empresas públicas porque no puede imponer su voluntad a los sindicatos, motorizado por su ceguera ideológica que solo contempla al Estado como “una organización criminal”, Pullaro y su gobierno enfocan en eficiencia y equilibrio fiscal. 

El orden para Pullaro y para Milei
Es decir, el oficialismo santafesino reafirma la gestión del Estado en áreas sociales y productivas –jubilaciones, salud, educación, energía, servicios sanitarios, obra pública– pero siempre y cuando cumpla los objetivos que la justifican: un mínimo estándar de servicios y que no desequilibren las cuentas públicas de la provincia. Si no los cumplieran, está latente la posibilidad del volantazo: traspasar la Caja de Jubilaciones a la Anses, privatizar las empresas de energía y agua, etc.

“Ordenar el Estado” es una de las marcas de gestión de Pullaro. Por supuesto, la noción de orden no es igual para todos. Los maestros tienen argumentos para defender el Régimen Jubilatorio Especial Docente que para el pullarismo es un privilegio. Los magistrados insisten en que no pagar impuesto a las Ganancias es una garantía de independencia y no un privilegio; Para Luz y Fuerza pagar menos de luz o que los familiares tengan prioridad para el ingreso a la empresa es una conquista de derechos consagrada en el convenio colectivo de trabajo, a diferencia de otras áreas del Estado en las que también se da aunque no esté escrito.

El ensayista y consultor Alejandro Katz, que esta semana pasó por Rosario invitado por el partido GEN, describe la noción de “poner orden” que esbozan Milei y los libertarios, con terminar definitivamente con la idea de igualdad y ascenso social que caracterizó a la Argentina del resto de los países de Latinoamérica y que, a decir verdad, hace tiempo se volvió más retórica que real. Para Katz, el orden en este ciclo político es que cada uno se ubique y conforme en el lugar que le corresponde y respete esas jerarquías sociales, coartando la capacidad de disputar renta de forma organizada, por sindicatos por ejemplo, o actores más cercanos en el tiempo como las organizaciones sociales. 

En el caso de Pullaro, que reivindica la política y la cree imprescindible para garantizar el desarrollo de una sociedad equilibrada y ascendente, el “orden en el Estado” es una concepción que combina pautas morales y eficiencia material. 

Por ejemplo, en el diagnóstico del Gobierno, Aguas tiene un problema de atraso tarifario estructural que empezó a corregirse. Pero también nepotismo, abuso de horas extras, derroche de recursos, premios por productividad que se pagan a todos por igual y uso de la empresa para beneficios personales. Dos dimensiones que, según la mirada del gobierno, se retroalimentan y desembocan en un rojo millonario que pagan todos los santafesinos, a pesar de que Assa sólo presta servicios a los habitantes de 14 ciudades. 

En consecuencia, metió mano con recortes de horas, cesantías de personal, marcha atrás de contratos, cierre de ingresos y controles. Medidas que apuestan a la “eficiencia”, pero que al mismo tiempo corrigen la inmoralidad de usar bienes públicos para fines personales o cobrar más horas de las que tiene un día. Esta semana Assa anunciará inversiones que, según la Casa Gris, son resultado de lo ahorrado por poner orden. 

Impera ahí una lógica diferente a la del gobierno nacional. El ajuste no es un fin en sí mismo, sino para reinvertir: el ahorro en Aguas es para obras; en las licencias docentes para premiar a los que cumplen; y en las compras de la comida para presos para equipar a la policía.

En el diagnóstico del pullarismo, Amsafe es un gremio que cogobernaba la educación; Luz y Fuerza condiciona políticas y los lugares de decisión en la EPE; Obras Sanitarias usa la empresa al servicio propio; los prestadores médicos y la gerenciadora de medicamentos hacían negocios extraordinarios y se salvaban con el Iapos; y el Poder Judicial vive en una nube de privilegios y no responde las demandas de la sociedad. 

La frase “No está bien…” que utiliza el gobernador cuando describe ese diagnóstico, es el que traza la raya entre el bien y el mal, y por lo tanto delimita el campo de intervención para alcanzar el objetivo material que busca. Por ejemplo, reducir el déficit operativo de las empresas.

Hay objetivos subsidiarios también que hacen a la estrategia de tener siempre un adversario distinto al frente. En la actual coyuntura, pareciera haber una vuelta de página en el conflicto docente después de la reforma previsional y haber establecido el premio por asistencia y el descuento de los paros. A la vez, el conflicto con Obras Sanitarias y Luz y Fuerza pone en discusión una agenda más amplia que los aumentos tarifarios, que sólo son costo político para el gobierno. Los dos gremios reaccionaron de forma moderada a la espera de hasta dónde está dispuesto a avanzar el Ejecutivo.

El gobierno chequea constantemente la opinión pública porque le permite trazar estrategias. Avanza cuando corrobora que todo lo que suena a déficit fiscal, así como determinados actores de la vida pública, no están bien considerados entre su base electoral. Toma riesgos, pero se cuida de no pegarse un tiro en los pies, es decir que sus objetivos políticos no terminen dañando su capital electoral. 

La iniciativa hasta aquí siempre fue suya, eligió los tiempos y los adversarios para llevarlos al lugar donde pretendía ponerlos, que es el de la exposición pública y a tener que dar explicaciones. En definitiva, ponerlos a la defensiva. Jueces, prestadores médicos, gremios docentes y ahora Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, cada uno en su realidad, se vieron en el mismo brete.

Diagnóstico en mano, el pullarismo se lanza a “ordenar el Estado” con potente vocación y ejercicio de poder, dispuesto a batallar. Se sentó sobre las cajas y los principales resortes de esas áreas y utiliza todas las herramientas que dispone en su quirófano político. El objetivo: desplazar intereses corporativos y devolver a la política el control los tableros de mando. Batalla con aquellos que no llegó a acuerdos “por las buenas” y al mismo tiempo cuida la cohesión de Unidos, porque cualquier grieta en este primer año pondría en entredicho su potencia reformadora.

CON INFORMACION DE ROSARIO3