La CGT activa la vía judicial y la negociación política para frenar puntos clave de la reforma laboral

• La CGT avanza con una estrategia judicial y política contra la reforma laboral.
• El punto más sensible es la eliminación de aportes obligatorios a los sindicatos.
• La central obrera cuestiona la ley por presunta “regresividad” de derechos.
• Especialistas dudan de que prospere una inconstitucionalidad total.
• Podrían dictarse cautelares parciales sobre artículos específicos.
• La disputa impacta en la previsibilidad jurídica observada por inversores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) puso en marcha una estrategia de doble carril frente a la reciente reforma laboral: mientras prepara una presentación judicial para intentar frenar su entrada en vigencia, abrió al mismo tiempo un canal de negociación directa con funcionarios del más alto nivel del Gobierno para modificar aspectos sensibles de la reglamentación.

El eje que concentra mayor preocupación sindical es la eliminación de los aportes obligatorios a los gremios, aun en el caso de trabajadores no afiliados. Según coinciden laboralistas que dialogan a diario con dirigentes, ese punto impacta de lleno en el financiamiento de las estructuras sindicales, especialmente en las federaciones, que verían reducidos drásticamente sus recursos.

En conversaciones reservadas, referentes de sindicatos de peso reconocen que el tema de los aportes es prioritario. Admiten, incluso, que podrían flexibilizar otros reclamos judiciales si lograran revertir esa modificación. La discusión no se limita a la protesta pública: se desarrolla también en despachos oficiales, con el objetivo de influir en la reglamentación y atenuar el efecto de la norma.

En paralelo, la CGT prepara un pedido de amparo ante la Justicia para cuestionar la constitucionalidad de varios artículos. El argumento central es la “regresividad” de la ley, es decir, la supuesta reducción de derechos previamente consolidados. Desde esa óptica, sostienen que el ordenamiento jurídico laboral impide que una norma posterior elimine beneficios ya incorporados al patrimonio del trabajador.

Entre los puntos que la central obrera analiza impugnar figuran los nuevos parámetros sobre servicios mínimos en caso de huelga —que fijan porcentajes elevados de prestación obligatoria en actividades esenciales—, la reforma del régimen indemnizatorio y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), así como cambios en la organización de la Justicia Nacional del Trabajo y en la regulación de contratos de servicios facturados.

También cuestionan la implementación de un banco de horas con descansos mínimos de 12 horas, al considerar que podría diluir el régimen de horas extras, y la posibilidad de imponer costas solidarias al trabajador en caso de “pluspetición inexcusable”, por su eventual efecto inhibitorio para litigar.

No obstante, en el ámbito jurídico existen opiniones divididas respecto de las probabilidades de éxito de la ofensiva sindical. Algunos especialistas recuerdan que la CGT logró en el pasado suspender el capítulo laboral del DNU 70/2023 mediante medidas cautelares. Sin embargo, advierten que el escenario actual es diferente: se trata de una ley sancionada por el Congreso, lo que fortalece su presunción de constitucionalidad.

Otros expertos subrayan que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que no existe un derecho adquirido al mantenimiento indefinido de una ley. Desde esa perspectiva, la mera modificación del régimen laboral por otra norma posterior no implicaría, por sí sola, una violación constitucional.

En ese marco, algunos analistas estiman que podrían prosperar cautelares parciales sobre artículos específicos, pero consideran improbable una declaración total de inconstitucionalidad en el corto plazo. El debate, señalan, probablemente se desarrollará “por partes” y con resoluciones caso por caso.

La elección del fuero Contencioso Administrativo Federal para presentar el amparo también responde a una estrategia procesal. Al impugnar disposiciones que afectan la estructura y competencia de la Justicia del Trabajo, la CGT busca evitar que los juzgados alcanzados por la propia reforma intervengan en el análisis, y apunta a una vía que eventualmente podría llegar con mayor rapidez al máximo tribunal.

Mientras tanto, el conflicto no pasa inadvertido para el sector empresarial ni para potenciales inversores extranjeros. La judicialización de la norma y la posibilidad de que su aplicación quede en suspenso generan interrogantes sobre la estabilidad de las reglas de juego. En un contexto económico que busca atraer capitales, la definición de este capítulo será determinante para medir el alcance real de la reforma y el margen de resistencia sindical.