Vuelos a Punta del Este y contratos en la TV Pública: la Justicia profundiza la investigación sobre el entorno de Adorni

• La Justicia solicitó los expedientes completos de contratos entre la TV Pública y una productora vinculada a Grandío
• La investigación está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita
• Se analizan posibles dádivas relacionadas con vuelos privados a Punta del Este
• Una testigo afirmó que los viajes habrían sido pagados como invitación a la familia de Manuel Adorni
• Se detectaron inconsistencias entre declaraciones públicas y testimonios judiciales
• La causa también explora otras posibles conexiones y movimientos patrimoniales del funcionario

La investigación judicial que involucra contrataciones en la TV Pública sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba orientadas a reconstruir en detalle el vínculo entre la emisora estatal y la productora vinculada al periodista Marcelo Grandío. Por orden del juez federal Ariel Lijo, se solicitó la remisión de los expedientes completos correspondientes a los contratos firmados, junto con información precisa sobre los circuitos administrativos, los funcionarios intervinientes y los ingresos generados a partir de esos acuerdos.

El requerimiento se inscribe en una causa penal que investiga presuntas dádivas en relación con vuelos privados realizados durante el feriado de Carnaval hacia Punta del Este. En ese expediente también interviene el fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó nuevas diligencias para determinar el alcance de los hechos bajo análisis.

Según consta en la investigación, la Justicia busca reconstruir desde su origen cada uno de los contratos suscriptos entre la TV Pública y la productora vinculada a Grandío, identificando las áreas por las que circularon los expedientes, así como los responsables de su evaluación, aprobación y firma. Además, se requirió documentación contable y presupuestaria asociada, con el objetivo de verificar la trazabilidad de los fondos involucrados.

En paralelo, el juzgado ordenó la elaboración de un registro de comunicaciones entre el empresario y Horacio Silva, quien figura como presidente de la firma Imhouse, señalada como contratista de la emisora estatal en al menos seis acuerdos. Este entrecruzamiento de datos apunta a esclarecer la dinámica de las relaciones comerciales y eventuales conexiones personales que pudieran haber influido en las decisiones administrativas.

El eje más sensible de la causa se vincula con los viajes en avión privado a Uruguay, que habrían sido costeados por Grandío como una invitación a la familia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. De acuerdo con testimonios incorporados al expediente, ambos grupos habrían compartido el vuelo de ida, mientras que el regreso habría sido realizado únicamente por la familia del funcionario.

Uno de los elementos centrales de la investigación es la declaración de una gerenta comercial de la empresa que intermedió en la contratación de los vuelos. La testigo afirmó bajo juramento que el periodista solicitó presupuestos con la intención de invitar a una familia y que posteriormente confirmó que se trataba del entorno del funcionario. También indicó que existieron irregularidades en la facturación, ya que inicialmente se habría intentado evitar la emisión de comprobantes y luego se acordó documentar parcialmente el servicio.

Estos dichos entran en tensión con manifestaciones públicas del propio Adorni, quien había asegurado haber afrontado los costos del viaje familiar. La contradicción entre ambas versiones constituye uno de los puntos que la Justicia busca dilucidar en esta etapa del proceso.

La testigo aportó además registros de comunicaciones que darían cuenta de la intención de imputar los gastos a la productora Imhouse, así como de gestiones para reducir costos mediante la venta de plazas disponibles en el vuelo. También se incorporaron elementos que indicarían que parte del pago habría sido realizado en efectivo.

Tras su declaración, el juzgado dispuso una restricción de contacto para Grandío, luego de que la mujer denunciara presiones y señalara haber recibido mensajes y llamadas en el transcurso de la audiencia judicial. Este episodio añadió un nuevo componente de gravedad al expediente, al involucrar posibles intentos de interferencia en el desarrollo de la investigación.

En paralelo, el fiscal Pollicita solicitó ampliar las medidas de prueba para determinar si existieron otros viajes compartidos entre el funcionario y el empresario, o coincidencias en destinos y fechas que pudieran reforzar la hipótesis de una relación más amplia. Asimismo, Adorni enfrenta otra línea investigativa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que ya designó defensa legal.

El avance de la causa pone el foco en los mecanismos de contratación dentro del ámbito estatal y en la eventual existencia de beneficios indebidos, en un contexto donde la transparencia en la gestión pública vuelve a situarse en el centro del debate.