El PRO vuelve a marcarle límites al Gobierno por el INDEC y reabre el debate sobre la credibilidad del IPC

• El PRO reavivó críticas al Gobierno por la postergación de la nueva canasta del IPC y la situación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
• Cuestionó la decisión de Javier Milei y Luis Caputo de frenar el cambio metodológico en medio de la desinflación.
• Hernán Lacunza defendió las estadísticas como “un bien público” y alertó por el riesgo para la credibilidad.
• La Fundación Pensar propuso avanzar con una ley que garantice la autarquía del INDEC.
• El macrismo reconoció avances en la baja de la inflación y el orden macroeconómico.
• Advirtió, sin embargo, que persisten “bolsillos tensionados” y caída del consumo en los hogares.

El debate por la autonomía de las estadísticas públicas volvió al centro de la escena política. Aunque la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ya quedó atrás en el calendario, sus efectos siguen generando ruido. Esta semana, el PRO retomó el tema con un mensaje directo al gobierno de Javier Milei: la credibilidad es un activo demasiado sensible como para exponerlo a sospechas.

La discusión reapareció en el último informe de la Fundación Pensar, el think tank que preside María Eugenia Vidal. Bajo el título “Las Vacaciones de Mr. Bean”, el exministro de Economía Hernán Lacunza planteó una defensa cerrada de las estadísticas oficiales como “un bien público” que trasciende a los gobiernos de turno.

El trasfondo es conocido: la decisión del Ejecutivo, impulsada por Milei y el ministro Luis Caputo, de postergar la entrada en vigencia de la nueva canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborada en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. El argumento oficial fue evitar que un cambio metodológico interfiriera en el proceso de desinflación en marcha y alimentara interpretaciones políticas sobre la baja de precios.

En el PRO no cuestionan la desaceleración inflacionaria, pero sí la señal institucional. Lacunza sostuvo que la discusión sobre un cambio metodológico debe limitarse a su calidad técnica: si la nueva fórmula refleja mejor los hábitos de consumo actuales, debe aplicarse, independientemente de si arroja un resultado mayor, menor o similar al anterior. “La estadística no pertenece a un funcionario ni a un gobierno”, enfatizó.

El exministro recordó que la actualización del índice fue diseñada durante la gestión de Jorge Todesca al frente del INDEC, luego de la intervención del organismo entre 2008 y 2015. Ocho años después de su elaboración, consideró que correspondía mostrar los resultados y permitir que trabajadores, empresas y productores tomaran decisiones con información ajustada a la realidad actual.

En ese marco, el economista deslizó que la postergación abre una zona de dudas innecesarias. Aun cuando el nuevo índice no implicara diferencias significativas, la demora —sostuvo— erosiona la percepción de independencia técnica. “La credibilidad se construye en años, pero puede destruirse en un día”, advirtió, al señalar que cada publicación futura del IPC podría quedar bajo sospecha.

Desde el oficialismo argumentan que la prioridad es consolidar la estabilización macroeconómica y evitar que una discusión metodológica opaque el principal logro del programa: haber reducido la inflación anual desde niveles superiores al 200% hasta cifras considerablemente menores. Sin embargo, en el macrismo replican que los errores del pasado no justifican decisiones que puedan afectar la transparencia presente.

Como salida institucional, la Fundación Pensar propuso retomar en el Congreso un proyecto para otorgar plena autarquía al INDEC: autoridades designadas por concurso y acuerdo del Senado, mandato fijo, estabilidad e independencia partidaria, control parlamentario y un consejo asesor de expertos. La iniciativa ya había sido presentada en 2019 y, según sus impulsores, busca blindar al organismo frente a presiones coyunturales.

El informe no se limitó a la discusión técnica. También incluyó un diagnóstico político y social del momento económico. La conclusión sintetiza el clima actual: “macro ordenada, bolsillo tensionado”. Si bien alrededor de la mitad de los consultados aprueba la gestión y una parte reconoce que la inflación continúa bajando, persiste una fuerte preocupación por los salarios y el empleo.

Según el relevamiento citado, más de la mitad afirma que no le alcanza el ingreso para cubrir sus gastos y dos tercios admiten haber resignado consumos o actividades para llegar a fin de mes. El ajuste, señalan, impacta primero en gastos discrecionales y luego en consumos más sensibles, consolidando una dinámica defensiva en los hogares.

El respaldo al Gobierno se mantiene firme entre jóvenes y sectores de mayores ingresos, mientras que los adultos mayores aparecen como los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo. Esa segmentación, advierten en el PRO, configura una base de apoyo clara pero socialmente desigual.

Así, el debate por el IPC trasciende la discusión técnica. Para el macrismo, se trata de preservar un activo central en un momento en que la economía sigue siendo la principal preocupación ciudadana. La estabilidad, coinciden, no sólo se mide en variables macroeconómicas, sino también en la confianza que generan las instituciones encargadas de medirlas.