Raverta impulsa una ley para frenar la privatización de Chapadmalal y cuestiona al Gobierno

• Raverta presentó un proyecto para frenar la privatización de Chapadmalal
• La iniciativa busca preservar el uso social de los hoteles
• El Gobierno evalúa concesionar el complejo por 30 años
• El debate enfrenta modelos de gestión pública y privada
• El proyecto prohíbe la explotación que excluya la función social
• La discusión refleja tensiones sobre el rol del Estado

La senadora bonaerense Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley con el objetivo de impedir la eventual privatización de los hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal, un complejo histórico vinculado al turismo social. La iniciativa se inscribe en medio de la decisión del Gobierno nacional de avanzar con un esquema de concesión a largo plazo para el predio, lo que abrió un nuevo frente de discusión política sobre el destino de estos espacios.

La propuesta legislativa busca establecer límites concretos a cualquier tipo de cesión o explotación privada que, según advierte, pueda desvirtuar el carácter social del complejo. En ese sentido, el proyecto plantea que no se reconozcan contratos celebrados por el Estado nacional con terceros si no garantizan el uso público y la finalidad original del lugar, además de su preservación como patrimonio histórico.

El planteo de Raverta se apoya en una crítica directa a la orientación de la política oficial. Según expresó, el enfoque del Gobierno prioriza la lógica comercial por sobre el acceso al turismo para sectores populares. La dirigente sostuvo que los hoteles de Chapadmalal representan una herramienta clave para que familias trabajadoras puedan acceder por primera vez al mar, en un contexto donde las opciones privadas resultan inaccesibles para amplios sectores de la población.

El proyecto también incorpora una prohibición explícita a cualquier forma de explotación privada que implique excluir la función social del complejo. De esta manera, busca blindar jurídicamente el uso del predio frente a posibles transformaciones que alteren su destino original.

La iniciativa surge como respuesta al anuncio realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien confirmó que el Ejecutivo analiza otorgar una concesión por 30 años sobre la Unidad Turística Chapadmalal. La propuesta oficial apunta a atraer inversiones privadas para modernizar las instalaciones y mejorar la calidad de los servicios, en un esquema que mantendría la propiedad estatal pero delegaría la gestión.

Desde el Gobierno argumentan que la participación del sector privado permitiría recuperar un complejo que, según su diagnóstico, requiere inversiones significativas para su puesta en valor. En esa línea, destacan que la iniciativa busca combinar preservación patrimonial con eficiencia en la administración, sin desprenderse de la titularidad de los bienes.

Sin embargo, la posibilidad de concesionar el predio generó resistencias en sectores políticos y sociales que consideran que este tipo de medidas puede derivar en una reducción del acceso al turismo social. Para estos espacios, el cambio de modelo podría implicar una transformación en la lógica de funcionamiento del complejo, con mayor orientación hacia el mercado.

El debate no es nuevo, pero adquiere relevancia en el contexto actual, donde el rol del Estado en la provisión de servicios y políticas públicas se encuentra en revisión. La discusión sobre Chapadmalal se convierte así en un caso emblemático de una tensión más amplia entre modelos de gestión.

La trayectoria de Raverta también aporta un componente político al planteo. La senadora, que previamente se desempeñó al frente de la ANSES durante la presidencia de Alberto Fernández, mantiene una agenda centrada en políticas sociales y de inclusión, lo que se refleja en el enfoque de su iniciativa.

Por el momento, el proyecto deberá atravesar el proceso legislativo en la provincia de Buenos Aires, donde se evaluará su alcance y viabilidad. En paralelo, el Gobierno nacional continúa avanzando en el diseño de su esquema de concesión, lo que anticipa un escenario de debate sostenido en torno al futuro del complejo.

En definitiva, la disputa por Chapadmalal trasciende la discusión sobre un conjunto de hoteles. Se trata de una confrontación de visiones sobre el uso de los bienes públicos, el acceso al turismo y el papel del Estado en la promoción de derechos sociales, en un contexto donde las definiciones políticas adquieren un impacto directo sobre la vida cotidiana de miles de personas.