La crisis que el gobierno de Pullaro no quiere ver

Mientras se multiplican los suicidios y el malestar salarial, el Gobierno responde con anuncios y folletos, pero sin diagnóstico ni participación real de quienes sostienen la seguridad pública.

Hay noches en las que cuesta hacer radio. No por falta de temas —lamentablemente sobran— sino porque hay noticias que duelen, que incomodan, y que muchos prefieren esconder debajo de la alfombra oficial, esa alfombra enorme donde entran los folletos, el marketing y los comunicados “con cara de empatía” mientras la realidad se desangra.

Y sin embargo, informar es un deber. Y estar informado es un derecho humano. También para la comunidad, que tiene derecho a saber qué está pasando con quienes la cuidan. Y sobre todo para los trabajadores policiales y penitenciarios, que demasiadas veces son tratados como si tuvieran ciudadanía… pero “hasta ahí nomás”.

La noticia que llega desde adentro: compañeros preocupados por una compañera

Mientras preparábamos una nota sobre el intento de suicidio de una trabajadora del BOE en Rosario, la información no llegó por canales oficiales. Llegó por donde siempre llega lo que el poder no quiere ver: por los propios compañeros. Llamaron preocupados, alarmados, con esa solidaridad silenciosa que hoy parece ser el único sistema real de contención.

La compañera vive en Laguna Paiva, hace traslados extenuantes, y se está recuperando. Gracias a Dios. Vamos a reservar su identidad porque lo importante no es el morbo: lo importante es el síntoma. Y el síntoma grita.

Después, el golpe mayor: el presunto suicidio de un alto jefe policial

Pero mientras subíamos esa nota, apareció otra. Mucho más pesada. Todo indica un presunto suicidio del jefe de Orden Público de la Unidad Regional I: el Subdirector Cristian Lemos.

La conmoción dentro de la fuerza es enorme. Y no es para menos: venimos de días extremísimos, con suicidios recientes y con un clima interno que ya no se disimula con “medidas de bienestar”.

No podemos reducir un suicidio a una sola causa. Sería irresponsable. Lo dicen quienes estudian el tema y lo dice el sentido común. Pero tampoco podemos mirar para otro lado: si una persona dedica la mitad de su vida al trabajo policial y eso destruye salud, familia, afectos y vida social, entonces el trabajo —y el Estado empleador— tienen algo que ver. Aunque sea la mitad. Y la mitad ya es demasiado.

Anuncios, folletos y marketing: ¿alcanza con eso?

Desde el conflicto de febrero, lo que vimos fue una mezcla de anuncios, marketing y folletería. Se habló de refuerzos de colectivos, de cupos para alojamiento, de inscripciones, de “acompañamiento”.

Todo eso puede sumar, claro. Nadie escupe un vaso de agua si viene con sed. Pero el problema es otro: no hay diagnóstico serio. No hay auditoría real. No hay rendición de cuentas. Y lo más grave: no hay participación de los trabajadores.

Estamos hablando de la salud y la vida de decenas de miles de policías y miles de penitenciarios. No se puede dejar semejante responsabilidad en manos de un par de oficinas que no muestran resultados y no explican nada.

Sin diagnóstico no hay puerto: la provincia necesita mecanismos reales, no parches

Un gobierno puede tener el mejor “médico” comunicacional, pero si no sabe qué está pasando, no cura nada. Solo tapa síntomas.

Por eso insistimos en medidas concretas y ya disponibles. No hay que inventar la pólvora.

• Reactivar los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene (Ley 12.913).
• Crear una Defensoría del Personal Policial (por ejemplo, dentro de la Defensoría del Pueblo).
• Abrir ámbitos de control comunitario y participación ciudadana seria.
• Separar ámbitos de análisis: policía y penitenciario son mundos distintos, con problemáticas distintas, y requieren mesas específicas.

Esto no es “fabricar paros”. Nadie organiza algo para divertirse con una crisis. La organización es una válvula institucional para que la bronca no explote en el peor lugar: en el cuerpo, en la casa, en el silencio, o en una decisión irreversible.

Liquidación de febrero: el malestar salarial se volvió un incendio

A esta crisis se suma otro detonante: el caos con la liquidación salarial de febrero. Hay malestar en toda la provincia. Gente que cobró menos, gente que no cobró lo prometido, pluses selectivos, brechas que dividen.

Cuando el salario de bolsillo roza o cruza la línea de pobreza, no hay relato que aguante. Y estamos “ahí nomás”. Algunos zafan por un plus. Pero ese plus muchas veces es un látigo: “portate bien, quedate callado, o te lo saco y caés”.

Eso no es incentivo. Es disciplinamiento. Y eso termina mal.

Ciudadanía de segunda clase: el uniforme como límite de derechos

Lo digo con todas las letras: hay una ciudadanía de segunda clase. Sos ciudadano, pero hasta donde te deja el poder de turno. Tus derechos existen, pero “condicionados”. Tu palabra vale menos. Tu protesta se castiga más. Tu salud importa menos. Y tu vida, a veces, parece que entra en la estadística y se acabó.

Eso es inadmisible en democracia. Y es peligroso: no solo para la fuerza. Para toda la sociedad.

¿En manos de quién estamos? la pregunta que nadie quiere contestar

Hay funcionarios que no pueden seguir ocupando lugares clave. Por incapacidad, por desprecio a la ley o por puro cinismo. Y cuando se reciclan “inútiles crónicos” como si fueran figuritas repetidas, la pregunta es inevitable: ¿en manos de quién estamos?

Y acá viene lo más delicado: si el poder político se deslegitima del todo, ¿quién habla con el personal en una crisis? ¿Quién conduce, quién contiene, quién negocia, quién evita el abismo?

Ese vacío es el verdadero riesgo institucional.

Cierre: o abrimos participación, o seguimos contando tragedias

La salida es clara: participación real, control comunitario, diálogo con los trabajadores, instituciones que funcionen y rindan cuentas.

No se puede pedir seguridad pública mientras se abandona a quienes la sostienen. No se puede administrar una crisis de salud mental con folletería. No se puede tapar una sangría institucional con marketing.

La crisis no se cerró. Está en curso. Y si seguimos negándola, lo que viene no va a ser una sorpresa: va a ser una consecuencia.

Frecuencia Azul no va a mirar para otro lado. Porque esta es —y tiene que ser— la ventana radial de los trabajadores policiales y penitenciarios argentinos. Por internet, al mundo.

CON INFORMACION DE apropol.com.ar