El Gobierno de Santa Fe Province solicitó el apartamiento de cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en las causas vinculadas con la reforma jubilatoria provincial, al considerar que existen circunstancias que podrían comprometer la imparcialidad del tribunal al momento de resolver los amparos presentados contra la ley.
El planteo se da en medio de la judicialización de distintos aspectos de la reforma previsional sancionada por la Legislatura, que introdujo cambios en el sistema jubilatorio con el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones y garantizar la sustentabilidad del régimen.
Entre las medidas adoptadas por la norma se encuentra el establecimiento de un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los haberes más altos del sistema, además de la creación de un aporte solidario para beneficios superiores a determinados niveles.
A partir de estas modificaciones, jubilados y pensionados presentaron acciones de amparo para cuestionar la aplicación de la normativa. Sobre un total de 117 personas que recurrieron a la Justicia para que no se les aplique el tope de 20 jubilaciones mínimas, 36 obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores. De ese grupo, 33 corresponden a jubilados provenientes del Poder Judicial.
El planteo del Gobierno
En ese contexto, la Provincia solicitó que se aparten de estas causas los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder.
Según el planteo presentado por la Fiscalía de Estado, los magistrados se encuentran alcanzados -de manera actual o inminente- por el régimen previsional que está siendo analizado judicialmente, lo que podría implicar un interés directo o indirecto en el resultado de las causas.
De acuerdo con la presentación oficial, Weder ya posee la condición de jubilado del sistema previsional provincial, aunque el beneficio se encuentra suspendido mientras continúa en funciones. En tanto, Spuler presentó su renuncia para acogerse a la jubilación, decisión que ya fue aceptada por el Poder Ejecutivo.
Por otro lado, Falistocco y Gutiérrez manifestaron públicamente su intención de jubilarse en el corto plazo.
El planteo del Ejecutivo se apoya en el principio jurídico que establece que nadie puede ser juez en su propia causa, una garantía central del debido proceso y de la imparcialidad judicial reconocida tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales de derechos humanos.
Rechazo de la Corte y recurso ante la Nación
La Corte Suprema de Santa Fe rechazó el pedido de recusación al considerar que la presentación era improcedente. Tras esa decisión, el Ejecutivo provincial interpuso un recurso extraordinario federal para que la cuestión sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Está en juego la imparcialidad”
El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, explicó que el objetivo del planteo es preservar la imparcialidad del tribunal que deberá resolver los amparos contra la reforma previsional.
“Lo primero que dijimos es que aquí está en juego el principio y la garantía de la imparcialidad. Estos jueces tienen un interés directo, actual e inminente en el resultado de la causa”, afirmó.
El funcionario agregó que, si los magistrados resultaran beneficiarios del mismo régimen previsional que está en discusión, terminarían siendo “jueces de su propia causa”, lo que —según la postura del Ejecutivo— comprometería la neutralidad del tribunal.
El impacto de la reforma
Boasso también defendió la reforma impulsada por el Gobierno provincial y destacó que permitió evitar un mayor deterioro del sistema jubilatorio santafesino.
“Gracias a esa reforma se salvó el sistema previsional de la provincia de Santa Fe, que además tiene de las mejores jubilaciones del país. La alternativa era transferir la Caja a la Nación o sostener el sistema provincial. La decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro fue mantenerlo”, sostuvo.
Según detalló, el déficit del sistema previsional alcanzó los 311 mil millones de pesos en 2025, mientras que sin la reforma habría superado los 650 mil millones. “La reforma permitió reducir prácticamente a la mitad el desequilibrio del sistema”, explicó.
Por último, el funcionario señaló que el aporte solidario se aplicó exclusivamente a quienes perciben las jubilaciones más altas. “Fue una medida redistributiva que pidió un esfuerzo mayor a quienes más ganan dentro del régimen”, concluyó.
