La política santafesina volvió a quedar en el centro de la escena, pero no por una iniciativa que entusiasme a la gente, sino por una decisión que, según sus críticos, engorda el gasto público y agranda la distancia con la realidad. El funcionario nacional Bryan J Mayer lanzó una crítica sin anestesia contra lo que definió como “la casta política” de la provincia, con un foco particular en Rafaela.
El detonante es concreto: a partir de la nueva Constitución provincial sancionada el año pasado, Rafaela deberá sumar un concejal más. Pasará de diez a once. Una decisión que, en los papeles, puede parecer menor, pero que en términos presupuestarios tiene impacto directo.
Según Mayer, ese cambio implicará un gasto adicional cercano a los 100 millones de pesos anuales. Traducido: más impuestos o más presión sobre los contribuyentes para sostener una estructura política cada vez más grande.
Pero el funcionario no se quedó en los números. Fue más allá y apuntó directo al corazón del sistema político provincial. Habló de más cargos, más asesores, más personal y, en definitiva, más privilegios para una dirigencia que —según su mirada— sigue ampliando su propio espacio mientras le exige ajustes al resto de la sociedad.
La crítica tomó un tono aún más filoso cuando señaló directamente a Maximiliano Pullaro. Mayer denunció la existencia de un acuerdo subterráneo entre el oficialismo provincial y sectores del peronismo para avanzar con reformas como la que ahora impacta en Rafaela.
En sus palabras, se trató de un verdadero “contubernio” entre Pullaro y sus “amigos” peronistas, con un objetivo claro: consolidar beneficios para la dirigencia política bajo el paraguas de una reforma constitucional.
El planteo no es menor, porque pone en discusión no sólo una decisión puntual, sino la lógica con la que se diseñan las reglas del juego en la provincia. ¿Se legisla para mejorar la representación o para ampliar la estructura política? Esa es la pregunta que sobrevuela.
Desde el entorno de Mayer insisten en que este tipo de medidas van en dirección contraria al reclamo social de achicar el Estado y reducir el gasto político. Y advierten que decisiones como esta terminan alimentando el descreimiento ciudadano.
En Rafaela, mientras tanto, el dato ya está sobre la mesa: habrá un concejal más. Lo que todavía no está claro es si también habrá más representación o simplemente más costo.
Porque en tiempos donde la política pide sacrificios, cada peso que se suma para sostenerla deja de ser un detalle y pasa a ser un problema.
