La causa contra la cúpula de la AFA avanza tras un dictamen que rechaza los sobreseimientos

• El fiscal Pérez Barberá pidió rechazar los sobreseimientos de los dirigentes de la AFA
• La causa investiga una presunta retención indebida de aportes por unos 19.000 millones de pesos
• La fiscalía sostiene que la deuda sigue siendo exigible pese a la suspensión de ejecuciones
• El juez Diego Amarante ya había rechazado los planteos de inexistencia de delito
• La Cámara en lo Penal Económico deberá resolver si la investigación continúa
• Los dirigentes imputados mantienen restricciones mientras avanza el proceso judicial

La investigación judicial por presuntas irregularidades tributarias en la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo con el dictamen del fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, quien se pronunció en contra de los pedidos de sobreseimiento presentados por los principales imputados. La decisión impacta directamente en la situación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, entre otros integrantes de la conducción.

El planteo del Ministerio Público apunta a que la causa continúe su curso, al considerar que existen elementos suficientes para descartar la inexistencia de delito, argumento central de la defensa. La investigación se originó a partir de una denuncia por una presunta retención indebida de aportes tributarios y previsionales que no habrían sido depositados en tiempo y forma, con un monto estimado en torno a los 19.000 millones de pesos.

En su dictamen, Pérez Barberá fue categórico al señalar que la eventual falta de ejecución inmediata por parte del Estado no elimina la obligación de pago ni su exigibilidad. Según su interpretación, el núcleo del caso radica en determinar si la entidad retuvo fondos que pertenecen al fisco y omitió transferirlos dentro de los plazos legales. De comprobarse esa situación, la conducta podría encuadrarse en delitos de naturaleza omisiva.

La causa se encuentra bajo la órbita del juez Diego Amarante, quien ya había rechazado en primera instancia los pedidos de sobreseimiento. Ahora, el expediente también es analizado por la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que deberá resolver si confirma esa decisión y permite que la investigación avance hacia una etapa más definitoria.

Uno de los ejes del debate jurídico gira en torno a la interpretación de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en relación con la suspensión de ejecuciones fiscales. La defensa de los imputados sostuvo que esa decisión implicaba, en los hechos, una suerte de inexigibilidad de la deuda, lo que impediría configurar un delito. Sin embargo, el fiscal rechazó de plano esa postura.

En ese sentido, el dictamen establece una clara distinción entre la exigibilidad de una obligación y los mecanismos disponibles para su cobro. Para el Ministerio Público, el hecho de que el Estado haya decidido postergar ciertas acciones de ejecución no altera la vigencia del deber jurídico ni modifica los plazos de cumplimiento. En otras palabras, la deuda sigue existiendo y su incumplimiento puede tener consecuencias penales.

Otro punto relevante es la ausencia de una prórroga formal en los vencimientos. Según la fiscalía, la normativa vigente no modificó los plazos de ingreso de los tributos retenidos, sino que se limitó a regular aspectos administrativos del proceso de cobro. Esta precisión resulta clave, ya que refuerza la idea de que el incumplimiento se habría producido en un contexto de obligaciones plenamente vigentes.

Además, el dictamen pone el foco en la naturaleza de los fondos involucrados. No se trata de recursos propios de la entidad, sino de dinero retenido a terceros en concepto de impuestos y aportes, que debía ser transferido al Estado. Esta característica, según el fiscal, otorga una mayor gravedad a la eventual conducta, dado que implica la administración de recursos ajenos con un destino específico.

En paralelo, los dirigentes imputados ya fueron indagados y optaron por presentar escritos en los que rechazaron las acusaciones y solicitaron su desvinculación del caso. Ninguno respondió preguntas durante esas instancias, lo que dejó al magistrado en condiciones de avanzar con una resolución sobre su situación procesal.

Mientras tanto, la Cámara también tiene pendiente analizar otras medidas, como la restricción para salir del país impuesta a los acusados. Estas decisiones forman parte de un escenario judicial en evolución, donde cada resolución puede modificar el curso de la causa.

Con el respaldo del dictamen fiscal, el expediente se encamina a una definición clave. Si la Cámara convalida la postura del Ministerio Público, la investigación seguirá adelante y podría derivar en procesamientos. En ese marco, la situación de la cúpula dirigencial del fútbol argentino queda sujeta a una instancia decisiva, con implicancias tanto judiciales como institucionales.